Por: Luis Ernesto Medrano, Asistente de Investigación
Línea Democracia y Gobernabilidad
En el marco de la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, con la cual se busca suceder a Alexander Vega Rocha para el periodo 2024 – 2028, ya suenan varios candidatos. Pero de acuerdo con nuestro análisis de los perfiles de los candidatos preliminares, habría una fuerte influencia del registrador Vega para consolidar la elección de una de sus fichas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de dirigir y organizar las elecciones, adoptar las políticas de registro civil en Colombia, tener a su cargo la identificación de todos los colombianos y proteger el ejercicio del derecho al sufragio y la identificación de las personas.
Esto es importante por las inconsistencias que se presentaron en las elecciones legislativas de 2022, dentro de las que se encuentran la amplia diferencia entre los resultados del preconteo y los escrutinios, el amañado proceso contractual de los softwares electorales, las denuncias por el clientelismo que se habría presentado en la Registraduría y la poca idoneidad de Alexander Vega para estar al frente de la institución.
¿Cómo se elige al registrador nacional?
El Registrador Nacional del Estado Civil es escogido a través de un concurso de méritos. Los encargados de la selección del registrador son los presidentes las altas cortes del país: la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Estas dignidades hoy se encuentran ocupadas por Cristina Pardo Schlesinger, presidenta de la Corte Constitucional; Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado.
El proceso consiste en una evaluación de tres elementos relevantes: 1. La entrevista que realizan los presidentes de las Altas Cortes, que puede tener un peso de hasta el 30 % del total de la calificación. 2. La prueba escrita de competencias y conocimientos, que representa el 50% de la calificación. 3. Se realiza el estudio de la hoja de vida de los aspirantes, con un peso del 20% del total de la calificación.
Hay que señalar que el proceso de selección del registrador nacional presenta fuertes incongruencias, pues no existen reglas completamente claras sobre las entrevistas, que tienen un importante peso en el proceso de evaluación.
Candidatos preliminares a la Registraduría Nacional
Estos serían los primeros candidatos para reemplazar al registrador nacional Alexander Vega Rocha para el periodo 2024 – 2028. De acuerdo con los perfiles de los primeros candidatos, el visto bueno del actual Registrador sería fundamental para designar a su sucesor.
Virgilio Almanza Ocampo
Es abogado bogotano de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con una especialización en derecho electoral de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en derecho administrativo de la Universidad Libre.
Almanza ha sido procurador delegado ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, asesor de despacho en el Consejo Nacional Electoral, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, juez de la República y su último cargo fue como magistrado auxiliar de la Sala Electoral del Consejo de Estado.
En 2019 Almanza fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego del fallecimiento del entonces magistrado Heriberto Sanabria, y quien era cuota del Partido Conservador. Así, Almanza fue elegido con el apoyo del partido Liberal, el partido de La U y Cambio Radical, a pesar de la negativa del Partido Conservador de perder su representación en el órgano electoral. Asimismo, en 2021 fue designado vicepresidente de la organización electoral.
Dentro de los cuestionamientos que rodean a Almanza se encuentran la acreditación de 15 años de experiencia como abogado del actual registrador Alexander Vega por vía notarial, que Almanza habría aprobado en una declaración extrajucio.
José Darío Castro Uribe
Castro es abogado bogotano de la Universidad Libre. Cuenta con especialización en derecho de las telecomunicaciones de la Universidad del Rosario y un magíster executive en administración de empresas y liderazgo estratégico.
Castro se ha desempeñado como director jurídico de la Corporación Unificada Nacional - CUN, y es profesional especializado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. También ha sido subdirector y director de formación profesional del SENA. En 2019 fue designado como Gerente en la Registraduría Nacional del Estado Civil y, posteriormente, secretario general de la Registraduría.
Castro cuenta con experiencia en asuntos contractuales y ha sido uno de los hombres de confianza del registrador Alexander Vega Rocha. Incluso, de acuerdo con una denuncia realizada por Camilo Enciso, se documentó cómo Castro Uribe permitía que sus funcionarios presionaran a los supernumerarios a tener no solo un buen desempeño laboral, sino conexiones políticas y dinero como mecanismo para conservar sus puestos de trabajo al interior de la Registraduría.
Álvaro Namén Vargas
Es abogado de la Universidad Externado y especialista en derecho comercial y administrativo de la misma universidad. Cuenta con una maestría en derecho de las administraciones públicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Namén se desempeñó como registrador delegado en la Registraduría Nacional del Estado Civil entre 2002 y 2006. Posteriormente fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado entre 2013 y 2021.
Adicionalmente, fue vicepresidente del Consejo de Estado en 2019 y presidente en 2020. Namén se ha desempeñado también como docente universitario de varias instituciones educativas del país, consultor en derecho público y abogado litigante.
Tras su salida del Consejo de Estado, Namén firmó un contrato por 60 millones en el marco del convenio realizado entre la Procuraduría y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), así como otros contratos con diversas instituciones del país.
Doris Ruth Méndez Cubillos
Oriunda de Ibagué, es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. Cuenta con especializaciones en derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y derecho del trabajo de la Universidad de Salamanca, España. Tiene una maestría en derecho procesal constitucional de la Universidad Lomas de Zamora de Buenos Aires.
Méndez ha sido militante del partido Liberal y su trayectoria en el sector público va desde el desempeño de cargos directivos en la DIAN, la Aeronáutica Civil, el Congreso de la República y la Federación Nacional de Departamentos, hasta el Consejo Nacional Electoral, el cual presidió hasta el 26 de septiembre del 2022.
Méndez empezó como asesora de comunicaciones, encuestas y relaciones internacionales en el CNE y fue ascendiendo hasta ser designada directora de área. En 2014 se presentó para ser elegida magistrada del CNE, con el apoyo de Joaquín José Vives y como cuota de género, pero se quemó en la puja con Yolima Carrillo. Después se presentó para ser elegida magistrada del CNE para el periodo 2018 – 2022, alcanzando la magistratura y posteriormente la presidencia de la organización electoral en abril de 2021.
Renato Rafael Contreras Ortega
Es abogado barranquillero, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla. Cuenta con una especialización en gerencia pública de la Universidad del Norte y una maestría en derecho administrativo de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Contreras ha ocupado varios cargos como funcionario en el Atlántico, siendo asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla en 1991. Posteriormente fue secretario de hacienda de Sabanalarga, Atlántico. Contreras también ha sido secretario general de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, director del Departamento Administrativo de Salud del Distrito de Barranquilla y secretario de gobierno de Barranquilla.
En 2006 empezó a trabajar como asesor jurídico del CNE, y en 2013 se convirtió en asesor del magistrado Felipe García Echeverry, que venía de ser abogado del movimiento Uribe Centro Democrático, hoy partido Centro Democrático, y quien postuló a Contreras como candidato a magistrado.
José Joaquín Vives Pérez
Es abogado samario, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una especialización en derecho laboral de la misma Universidad, y en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Vives fue magistrado del Consejo de Estado, se desempeñó como representante a la Cámara por el departamento del Magdalena entre 1998 y 2006, y en 2015 fue candidato a la gobernación del Magdalena, obteniendo el segundo lugar con 119.560 votos. Adicionalmente, Vives ha sido secretario de gobierno de la Alcaldía de Santa Marta, presidente del Consejo Municipal, diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, codirector del Partido Liberal Colombiano y presidente de la Dirección Nacional Liberal. Sin embargo, renunció a su militancia en el Partido Liberal en 2018.
En materia de asuntos electorales, Vives fue magistrado del Consejo Nacional Electoral para los periodos 2006 – 2010 y 2011 – 2014. Así mismo, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, como representación el Partido Liberal en el órgano electoral.
Dentro de los cuestionamientos que rodean la candidatura de Vives se encuentran investigaciones por parapolítica, luego de que, de acuerdo con los testimonios de los ex paramilitares condenados José Gregorio Mangonez Lugo, alias ‘Tijeras’, y Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, Vives habría participado en los ‘pactos políticos’ con miembros del Bloque Norte para obtener su curul en las elecciones legislativas para el periodo 2002 - 2006.
Tras los testimonios en Justicia y Paz de los exparamilitares condenados, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de José Joaquín Vives, por parapolítica. Sin embargo, Vives no fue condenado y sus procesos en la Corte Suprema son de carácter privado. Pese a que se descartó el vínculo con la parapolítica, en 2019 Vives fue señalado de ser testaferro del extraditado narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias ‘El Mono Abello’, a través de un comunicado de la Red de Veedurías de Colombia. Cabe resaltar que Abello Silva guarda un vínculo familiar con Vives, pues ha sido su cuñado.
Nicolas Farfán Namén
Es politólogo y abogado bogotano, con especialización en derecho electoral.
Ha estado vinculado a la Registraduría Nacional del Estado Civil desde 2005 y actualmente se encuentra vinculado como registrador delegado en lo electoral, en gran medida por el apoyo de su tío, Álvaro Namén Vargas, expresidente del Consejo de Estado, y quien también aspira a suceder al registrador Alexander Vega.
Dentro de los cuestionamientos que rodean a Farfán se encuentran su nombramiento como registrador delegado en asuntos electorales mientras su tío se desempeñaba como magistrado del CNE. A pesar de los conflictos de intereses, Farfán se convirtió en un importante escudero del registrador Alexander Vega, pues desde que Vega asumió su cargo en 2019, inició una cacería de brujas para reemplazar a los delegados departamentales de la Registraduría por fichas y cuotas de los partidos y clanes políticos.
Frente al desarrollo de sus funciones en la Registraduría, Farfán como delegado en asuntos electorales fue parte de las presuntas irregularidades e inconsistencias que se presentaron en los comicios electorales de las elecciones legislativas del 13 de marzo. Esto es importante, porque se trata de fallas por inconsistencias entre los datos registrados entre el preconteo y el escrutinio, donde tras múltiples denuncias de candidatos y partidos políticos, se dio a conocer que existió una diferencia de 1.026.000 votos entre cada proceso.
Así las cosas, la elección del próximo Registrador Nacional será de suma importancia para el país, pues es inaceptable para la ciudadanía y la institucionalidad que se repitan los mismos problemas e irregularidades que se han presentado en materia electoral desde la llegada de Alexander Vega a la institución. Adicionalmente, debe exhortarse al cumplimiento del fallo del Consejo de Estado para que en el concurso de méritos que se efectuará este año, se adopten mecanismos de soporte de las entrevistas, con el objetivo de que se elija a la persona más idónea para el cargo, dada la importancia de este para el país.