Por: Katerin Erazo, Periodista
En el Congreso de la República se debate la modificación del Proyecto de Ley 418 de Orden Público que presentó el presidente Gustavo Petro, el cual le otorga facultades al Gobierno Nacional para la implementación de la política de Paz Total.
Este proyecto pasó un primer debate el pasado 10 de octubre en las Comisiones Primeras conjuntas en el Congreso de la República. Según Camilo Díaz Suárez, investigador nacional de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los últimos dos debates para la aprobación de estas modificaciones son los que se están realizando hoy, uno en plenaria del Senado y otro en plenaria de la Cámara de Representantes. Este es un proyecto de ley ordinario, lo que implica que para su aprobación solo debe surtir 4 debates. En caso de ser aprobado, el siguiente paso es la sanción presidencial y la revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional.
Esta iniciativa del Gobierno ha traído polémica, ya que hay dos artículos incluidos en la ponencia que han creado discordia entre diversos congresistas: el artículo 16 que crea la figura de gestores de convivencias para aquellos que estén procesados en el marco de acciones que cometieron durante las protestas sociales; y el artículo 17, el cual le daría facultades al presidente para otorgar indulto a los integrantes de las primeras líneas que fueron detenidos en el marco de estas mismas protestas.
El artículo que ha generado mayor polémica es el 17, que dicta: “facúltese al presidente de la República para, en el marco de la política de Paz Total, poder otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.
Por esta razón, varios integrantes de la oposición han manifestado su desacuerdo, una de ellas fue María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien aseguró que el Gobierno busca que los de la primera línea queden libres a pesar de “la barbarie y destrucción que ejecutaron”.
A raíz de esto, Paola Valencia, quien está también en descuerdo con estos artículos, habría enumerado tres puntos “micos” que considera inconvenientes para el país. En primer lugar, señaló este artículo (el 17) como “inaceptable”, ya que no comparte la idea de que liberen a las personas que cometieron algún delito en las manifestaciones.
La senadora agregó que un segundo “mico” de la Ley de Orden Público es “mantenernos sin fast track siquiera, sino de manera automática como política pública, lo que firme el Gobierno con los criminales. Incluso, acuerdos parciales”, manifestó Valencia por medio de su cuenta de Twitter.
Y el tercer “mico” es que la ley de sometimiento a la justicia en medio de la Paz Total que propone Petro, ya no pasará al Congreso.
Este Proyecto de Ley tendrá más de una discusión, dado a que este propone también la modificación del servicio militar obligatorio, el cual busca generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz y tengan la opción de elegir si entrar a prestar el servicio o no.
A pesar de las polémicas que surgieron por estos artículos, también hay quienes están de acuerdo con esta Ley, uno de ellos es Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, quien catalogó el Proyecto de Ley como “una decisión justa”, ya que busca cumplir una de las promesas que dio el presidente Gustavo Petro a los jóvenes, “yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud (…) no es el momento de los odios”, dijo Petro en medio de su discurso en el Movistar Arena, cuando quedó elegido como presidente.
A este apoyo se sumó Ariel Ávila, senador de la República de Alianza Verde, quien mencionó que la Paz Total no es solo el desactivar a actores armados ilegales, sino también es una paz social, la cual significa que los ciudadanos aprendan a expresar sus indiferencias de forma pacífica. Por esta razón, se debe tener en cuenta que, así como se les otorgará beneficios a los grupos armados, también se le debe dar oportunidades a las personas que ejercieron su derecho a las protestas, argumentó el senador.
Ávila también mencionó que muchos de los jóvenes que se encuentran en la cárcel, no están condenados, ya que no existen pruebas sólidas para ser juzgados, “estos muchachos protestaron porque no tenían que comer, porque no tenían modos para estudiar, porque no tenían un trabajo digno (…) no hay que condenarlos, hay que darles segundas oportunidades”, dijo.
Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, apoyó la postura del senador Ariel Ávila y mencionó que los jóvenes que hicieron parte de las manifestaciones también deben de tener una segunda oportunidad. Su lectura de este artículo es positiva, ya que el nuevo Gobierno busca la Paz Total no solo con los grupos armados sino también con el mismo pueblo colombiano.
Se esperan los resultados de este debate, en el que algunos están de acuerdo y otros están en contra. Solo se puede resaltar que la protesta social es un derecho democrático ym si es aprobada esta ley, el presidente Gustavo Petro junto al ministro de Justicia serían los encargados de revisar caso por caso para definir a quiénes se les aplicaría el indulto y a quiénes no.