Por: John correa
Foto tomada de: El Espectador
La central hidroeléctrica de El Quimbo, ubicada en el departamento de Huila, representa uno de los proyectos más destacados en el sector energético nacional. Desde su inicio hasta su puesta en marcha, el proyecto ha experimentado significativos avances en términos técnicos y desafíos significativos en el ámbito socioambiental. Este artículo se enfoca en examinar las capacidades técnicas de la central y los conflictos relacionados con esta.
El Quimbo fue terminado en 2010 y ha estado operativo desde noviembre de 2015. Mgesa, una subsidiaria del Grupo Enel, opera la central. Con 400 MW de capacidad instalada y una producción promedio anual de electricidad de 2.216 GWh, El Quimbo es un componente importante en la matriz energética nacional.
La central consiste en una represa de grava revestida de concreto que alcanza una altura de 151 metros, y un embalse con una altura máxima de 720 metros sobre el nivel del mar. Se extiende por 41 kilómetros y cubre 8.250 hectáreas, impactando a múltiples municipios como Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Pichol y Altamira.
Dentro de la casa de máquinas de la central hay dos generadores y dos turbinas Francis, cada una con una potencia de 200 MW. Estos generadores son altamente eficaces en transformar la energía cinética del agua en electricidad, lo que posibilita a la central sacar el mayor provecho posible del caudal de los ríos Magdalena y Suaza.
Foto tomada de: Enel
A pesar de sus impresionantes capacidades técnicas, la hidroeléctrica El Quimbo ha sido
objeto de múltiples conflictos socioambientales. Estos problemas han surgido principalmente debido a la implementación del proyecto sin una adecuada consulta y compensación a las comunidades locales afectadas.
Uno de los principales conflictos ha sido la afectación de tierras fértiles y productivas en los municipios involucrados. El desvío de los ríos Magdalena y Suaza provocó la inundación de aproximadamente 8,586 hectáreas utilizadas para la agricultura, lo que alteró significativamente la economía local y la seguridad alimentaria de la región. Además, el proyecto afectó áreas de interés arqueológico y cultural, incluyendo la inundación de la capilla de San José, patrimonio cultural del Huila, y la destrucción de 78 sitios arqueológicos de importancia histórica.
Las comunidades locales han manifestado su descontento y resistencia a través de diversas formas de protesta y acciones legales. La falta de consultas adecuadas y la percepción de compensaciones injustas han alimentado la oposición al proyecto. En 2009, a pesar de las múltiples denuncias y protestas, el proyecto fue declarado de interés público, lo que permitió su continuidad a pesar de las objeciones de las comunidades afectadas.
Desde la Pares oficina caribe, seguimos creyendo que la implementación de proyectos energéticos de gran escala puede traer beneficios significativos en términos de generación de energía renovable, pero también puede generar conflictos si no se gestionan adecuadamente los impactos socioambientales. Para fortalecer futuros proyectos energéticos, se recomienda implementar mecanismos de consulta comunitaria desde las fases iniciales del proyecto, realizar evaluaciones de impacto completas y transparentes, y asegurar compensaciones justas y programas de responsabilidad social que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades afectadas. Aprender de estos desafíos y aplicar las lecciones que dejan estos proyectos puede ayudar a garantizar que futuros proyectos se desarrollen de manera más sostenible y equitativa, beneficiando tanto a las comunidades locales como al país en general.
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