Por: Katerin Erazo
Foto tomada de: El País y El Espectador
Tras 14 meses de arduo trámite, la Comisión VII del Senado de la República decidió este miércoles 3 de abril hundir la Reforma de Salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión representa un duro revés político para el mandatario, siendo una de las mayores derrotas que ha enfrentado durante su Gobierno.
Con una votación final de 9 votos a favor y 5 en contra, la mayoría de los miembros de la célula legislativa respaldaron la ponencia de archivo del controvertido proyecto. Este desenlace se produce apenas un día después de la intervención por problemas financieros de la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. Durante la misma sesión en la que se votaba, el Gobierno también intervino la Nueva EPS, con más de 11 millones de usuarios. Ver: (El imperio de la salud que montó en Colombia el magnate español dueño de Sanitas)
La caída de esta reforma representa no solo una derrota política para la Casa de Nariño, sino también el desgaste de un capital político considerable, que incluso provocó la salida de varios ministros y la ruptura de la coalición de gobierno.
El archivo del proyecto, que había sido aprobado en sus dos primeros debates en la Cámara tras un trámite de 12 meses, comenzó a perfilarse el 12 de marzo cuando ocho senadores firmaron la ponencia negativa. A esto se sumó el apoyo de una congresista más.
Entre los senadores que votaron a favor del archivo se encuentran Norma Hurtado del Partido de la U, Lorena Ríos Cuéllar de Colombia Justa Libres, Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín del Partido Conservador, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Ana Paola Agudelo de MIRA y Berenice Bedoya de ASI.
Norma Hurtado, quien defendió la ponencia de archivo en nombre de todos los senadores opositores, expresó su desacuerdo con la reforma y criticó la falta de claridad del Gobierno sobre los costos de la misma.
Ante el hundimiento del proyecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno se dirigirá hacia un proceso constituyente, en línea con una propuesta previa del presidente. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó su desacuerdo con la decisión de la Comisión, argumentando que nadie había negado la necesidad de una reforma a la salud.
La reforma propuesta buscaba modificar el sistema de aseguramiento privado de salud en Colombia, estableciendo un modelo mayoritariamente público en el que el Estado garantizara el acceso a la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, tras su hundimiento, el Gobierno deberá replantear su estrategia si busca transformar el sistema de salud del país.
Aunque este revés supone un obstáculo significativo para la agenda del presidente Petro, ahora los esfuerzos del Gobierno se centrarán en sacar adelante su reforma pensional, que actualmente está en su segundo debate en el Senado. De no ser aprobada para el 20 de junio, esta reforma también podría hundirse por falta de trámite.
La palabra ahora queda en manos del presidente y su equipo, quienes deberán decidir cómo proceder ante esta situación y cómo abordar las necesidades de reforma en el sistema de salud de Colombia.
Según Alejandro Alvarado, coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el futuro político de Gustavo Petro se ve comprometido tras el fracaso de la Reforma. En este momento, carece del tiempo necesario en el Congreso de la República para presentar una ley, que, además, debería ser estatutaria, y no cuenta con las mayorías requeridas para su tramitación. La derrota evidencia la falta de apoyo necesario para sacar adelante la iniciativa.
El coordinador explicó que las causas del fracaso de la reforma son varias. En primer lugar, la pérdida del respaldo inicial por parte de la ministra encargada de su defensa. Además, la propuesta presentaba una visión totalmente opuesta al sistema de salud existente, sin lograr comunicar claramente a la opinión pública cuáles eran los objetivos reales de la transformación propuesta. La oposición, liderada por actores como las EPS, proveedores médicos y gremios médicos, ha logrado coordinarse eficazmente para contrarrestar el proyecto de legislación.
Asimismo, mencionó que, en relación a otras reformas de este Gobierno, quizás haya dos apuestas significativas. La primera se refiere al régimen pensional colombiano, donde se espera un mayor consenso en el Congreso. Sin embargo, el calendario legislativo actual podría ser un obstáculo. En cuanto al segundo tema, está relacionado con la Ley de Reforma de los Servicios Públicos, que aún está en proceso por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, el cronograma del Congreso y el proceso político podrían afectar su trámite, especialmente con la proximidad de las campañas presidenciales activas el próximo año.
Este miércoles también se sumó otro capítulo a la serie de intervenciones administrativas en el sector de la salud, con la Superintendencia Nacional de Salud anunciando la intervención de la Nueva EPS, una entidad de carácter mixto. Esta decisión se produce apenas un día después de la intervención de la EPS Sanitas, de capital privado, por supuestos problemas financieros y presuntos incumplimientos hacia los afiliados, según lo expresado por la Superintendencia Nacional de Salud. Ver: (Las 13 EPS que liquidó Iván Duque)
En el contexto de estas intervenciones, el presidente Gustavo Petro enfatizó la importancia de restablecer los derechos de los pacientes en estas EPS intervenidas. "En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dinero la EPS, y representantes de los pacientes. Al paciente se le debe restablecer su derecho a elegir su médico(a) como opción preferencial y libre, y complementariamente lo hará la IPS de recepción", expresó el presidente a través de su cuenta en la plataforma X.
El superintendente de Salud, Carlos Leal Angarita, aseguró en una rueda de prensa que la intervención administrativa de la EPS Sanitas no afectará a los afiliados y que en ningún momento se detendrá la prestación de servicios de salud. Sin embargo, a pesar de estas garantías gubernamentales, persiste la preocupación entre los pacientes y usuarios del sistema de salud.
Alejandro Alvarado, coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, explicó que el hundimiento de la reforma no altera la situación actual de los usuarios. Destacó que el proceso de debate y adopción de un proyecto de ley lleva tiempo y no es automático. En este momento, el estándar de servicio, la financiación del sistema y las dificultades financieras están definidas claramente. Además, el complejo debate sobre los derechos de los usuarios está en curso, siendo un tema presente desde hace tiempo en Colombia.
Al respecto, señaló que el país ha estado utilizando la tutela como mecanismo de salvaguarda del derecho a la vida y a la salud durante los últimos 30 años. Por lo tanto, en realidad, la situación no experimentará cambios significativos en el corto plazo.
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