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Historias de mujeres líderes en medio del conflicto en Bajo Cauca

Por. Ximena Sierra Pérez – Enlace Territorial Bajo Cauca. Pares.

La guerra que persiste en la región del Bajo Cauca antioqueño no da tregua, la presencia de estructuras armadas ilegales que están en este territorio desde hace más de 30 años, continúa. Aunque hoy se presentan ante las comunidades con otros nombres, para las mujeres que habitan la región tanto como para las organizaciones sociales que lideran e impulsan agendas de paz, su legado es el mismo: muerte y violencia.


Cuatro mujeres del municipio de Tarazá que son víctimas de este flagelo, tres de ellas de zonas rurales del municipio y una del área urbana, hablaron con PARES sobre sus historias de vida.

Por medio de estos relatos buscan llamar la atención sobre el halo de silencio, desatención e ineficacia que reina en la subregión, no solo en sus casos, sino en los de otras mujeres lideresas que abanderan procesos sociales de vital importancia y que, al igual de ellas, se han enfrentado a condiciones hostiles y peligrosas sin mayores garantías ni soluciones por parte del Estado. Por seguridad sus nombres han sido cambiados.


Andrea


En el año 1977, con tan solo 4 años, Andrea llegó por primera vez a Tarazá. Desde ese momento, este municipio se volvió su hogar. Allí encontró el amor y nacieron sus 4 hijos. Andrea cuenta que desde muy joven le gustaba ayudar en su comunidad y por esta razón nació el sueño de crear una organización que luchara por los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

Así, en el año 2008 junto a otras 12 mujeres impulsó el nacimiento de la Asociación de Mujeres Cabeza De Hogar víctimas Jesús da vida, que busca trabajar para que las voces de las mujeres fueran escuchadas, para que no se invisibilizaran sus roles y para que no se silenciaran sus demandas, en medio del ruido de las balas.

otografía: Asociación ADMUCAJEVI

A partir de esta experiencia, Andrea llegó a participar de procesos electorales en Tarazá, con el objetivo de representar a su comunidad, y desde este lugar animó nuevos la formación de liderazgos femeninos en el municipio. Además, se propuso impulsar la creación de la política pública de “Equidad de género para las mujeres de Tarazá” en el año 2014 y, por primera vez, logró que las mujeres contaran con un instrumento de este tipo.


En la actualidad esta política pública está en proceso de actualización por parte de la nueva administración municipal, a cargo del alcalde Miguel Ángel Gómez, quien tiene el deber de implementar en su plan de desarrollo acciones que promuevan la superación de las causas de desigualdad que afecta a las mujeres de Tarazá, en los nueve (9) componentes que contempla la política pública.

otografía: Asociación ADMUCAJEVI

Desafortunadamente, Andrea hoy se encuentra lejos de Tarazá en una ciudad de Colombia, lejos de su hogar y sus hijos. El pasado 24 de diciembre a las 8 am salió con su hija de 15 años dejando el municipio que fue su hogar por 39 años, debido a amenazas constantes contra su vida, familia e integridad.


Frente a las que detonaron su salida, Andrea cuenta que el día 21 de diciembre a las 10 am de la mañana un hombre llegó al restaurante donde ella trabajaba, se sentó en una de las mesas, la mandó a llamar y le dijo con tono desafiante: “usted cree que nosotros estamos charlando”, en días anteriores había recibido mensajes amenazantes a su celular en que desconocidos le exigían salir del territorio. Esas últimas palabras bastaron para que entendiera que su vida estaba en peligro.


El 27 de diciembre de 2019 Andrea hizo la denuncia ante la unidad de Derechos Humanos y hoy se encuentra en un amparo que brinda la ruta de protección a líderes y lideresas sociales. Está a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Protección ante su solicitud de ser reubicada fuera de Antioquia junto con sus hijos.


Alejandra


Alejandra nació hace 34 años en el corregimiento de Barro Blanco, que queda a una hora de la cabecera municipal de Tarazá.


Hace parte de la asociación de Mujeres Luchadoras de Barro Blanco, organización que se creó desde el año 2017 y que ha trabajado de la mano de 13 mujeres del corregimiento en proyectos sociales donde ha sido beneficiada con capacitaciones en diversos temas de acceso a derechos y agricultura. Por su trabajo en la organización de mujeres, Alejandra debía trasladarse continuamente a la cabecera municipal a participar en reuniones y encuentros con distintos actores del territorio con quienes la organización impulsa procesos sociales.


En el mes de noviembre de 2019, recibió amenazas vía celular donde se le prohibía seguir desplazándose entre su corregimiento y el casco urbano. Alejandra es víctima de la disputa territorial que sostienen dos grupos armados (Caparrapos y el Clan del Golfo) por el control de las economías ilícitas del municipio de Tarazá, uno con mayor pie de fuerza en el casco urbano y otro en el corregimiento de Barro Blanco.


Desde esa amenaza, Alejandra solo acude a la cabecera municipal cuando tiene una cita médica y, si asiste, lo hace con temor. Al preguntarle si denunció las amenazas, respondió: “en esta tierra uno aprende que debe mascar y tragar callado y más cuando se tienen dos hijos que quedarían solos si me pasa algo”.


Astrid


Astrid hace parte de la organización de mujeres Guerreras del corregimiento de Barro Blanco, a la fecha, la organización solo cuenta con 6 lideresas activas, pues varias mujeres se han ido del corregimiento debido a la intensificación de la violencia que se presentó en los dos primeros meses de 2020. Ella, junto a su esposo, tenían una siembra de arroz y yuca en la vereda Tesorito Bajo, de donde grupos armados la desplazaron en el mes de noviembre del año 2019. A la fecha está a la espera de una respuesta por parte de la Unidad de Víctimas para iniciar el proceso de reparación.

Astrid y su familia se encuentran en medio de la lucha que sostienen los Caparrapos y el Clan del Golfo desde el año 2017 por las rentas que derivan de economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. En el territorio, estos grupos son los que reglamentan las horas de entrada y salida.


Astrid comenta que la gente sabe que, si llega a entrar sin permiso al corregimiento, no vuelven a salir. Desde que tiene memoria ha tenido que convivir en medio del conflicto armado, ha visto morir muchas personas del corregimiento, pero por falta de recursos económicos y por su arraigo con los procesos sociales no ha podido irse de allí, aun cuando peligra su vida.


Aunque expone como principal argumento para permanecer en el territorio la falta de oportunidades lejos de su hogar, cuando habla de su corregimiento lo hace con un sentimiento que demuestra que, quizás, si la situación de violencia no fuera tan cruda para ella y su familia, seguiría cultivando arroz y yuca en su vereda. No duda en que seguiría sembrando paz desde la organización en que participa.


Antonia


Antonia nació en el corregimiento El Guáimaro, hizo parte de la Asociación de víctimas Campesinas del corregimiento El Guáimaro y de la mesa de víctimas de Tarazá hasta el mes de febrero de 2020, cuando tuvo que salir desplazada junto a sus hijos del corregimiento donde vivió por más de 30 años. Fue víctima de amenazas contra su vida y la de su familia.


El 17 de enero de 2020, 10 hombres armados incursionaron en el corregimiento asesinando a 5 hombres, uno de ellos era su hermano. Esta masacre ameritó que el día 20 de enero el presidente Iván Duque junto con el gobernador Aníbal Gaviria se trasladaran a este corregimiento del municipio de Tarazá y le prometieran a la comunidad mayor acompañamiento de la fuerza pública y mayor inversión social.


También, hicieron entrega de la Casa de la Mujer, estructura que hacía parte de las iniciativas impulsadas por las asociaciones de mujeres aquí mencionadas. Esta visita no surtió efecto, pues al día siguiente 60 personas de la vereda Pipiola del corregimiento El Doce, también en Tarazá, fueran desplazadas. En los meses siguientes la violencia ejercida por los grupos armados continuó.

isita del presidente Iván Duque y el Gobernador Aníbal Gaviria al municipio de Tarazá. Fotografía: Comunicaciones OACP.

Antonia, junto a 33 mujeres más, conformaban esta organización y tenían varios proyectos productivos que aportaban al desarrollo de su comunidad y se convertían en un proyecto de vida para muchas mujeres que en la ruralidad tienen pocas opciones de empleo.


Al preguntarle qué pensaba de la situación que afrontan los líderes sociales en esta región de Colombia, respondió: “yo pienso que ser líder es riesgoso, estamos en un país donde debemos hacer lo que los grupos armados digan o tenemos una lápida en el cuello. Lo malo es que, si uno va y denuncia ser víctima de una amenaza, la misma fuerza pública lo hecha al agua a uno”.


A la fecha Antonia no ha regresado a su territorio y siente que no existen garantías para su retorno. A pesar de tener un curso de enfermería y un curso de vigilancia no ha logrado conseguir empleo en la ciudad y siente que para las mujeres del campo enfrentarse a las dinámicas de las ciudades es difícil.


Fotografía: Asociación ADMUCAJEVI

La situación de violencia que enfrentan las lideresas de la región de Bajo Cauca es preocupante, sobre todo la de aquellas que se encuentran en las zonas rurales de los municipios, pues allí deben convivir de frente con la presencia de actores armados ilegales.


Además de esto, no cuentan con respaldo institucional que garantice las condiciones de seguridad para el ejercicio de sus liderazgos. Es urgente que los gobiernos nacional, departamental y local implementen acciones reales y de impacto encaminadas a legitimar su labor social y política, a proteger su vida e integridad y a impulsar el trabajo de las organizaciones de las cuales hacen parte.


Asimismo, los relatos de estas mujeres son un llamado urgente para que las rutas de atención en casos de amenazas sean más eficaces, efectivos y diferenciados. Es importante las acciones institucionales comprendan las complejas situaciones que atraviesan estas mujeres, no solo por su liderazgo social sino por las formas de violencia y discriminación que se ejercen en su contra por el hecho de ser mujeres.