Por: Javier Alejandro Jiménez González. Investigador Pares.
El asesinato de los sabedores o médicos tradicionales María Nelly Cuetia Dagua y Pedro Ángel Trochez, fue el más reciente hecho violento cometido contra un líder o lideresa en el departamento del Cauca, en el municipio de Corinto. Dos muertes que se suman a la larga lista de personas que son silenciadas por representar los valores y saberes ancestrales de las comunidades indígenas. Hechos que al parecer, para la agenda nacional no tienen la misma relevancia que la expansión del COVID19, que si bien viene cobrando la vida de miles de ciudadanos por cuenta del contagio, no rebasa al virus de la violencia sociopolítica en contra de líderes y lideresas sociales que aumenta año tras año, en el silencio más despiadado.
Desde distintos análisis territoriales que ha venido adelantando la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se ha advertido que el Norte del Cauca es una de las subregiones del país donde la violencia armada no ha dado tregua desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, ni mucho menos se ha logrado la presencia estatal a través de una institucionalidad sólida capaz de garantizar el goce efectivo de derechos, brindando una respuesta efectiva a las demandas históricas de las comunidades indígenas, afros y campesinas que allí convergen.
El accionar de Grupos Armados PostFarc, la continuidad de actividades económicas ligadas a la cadena de valor del narcotráfico y el despliegue estatal de un mayor pie de fuerza militar sigue acentuando los escenarios de riesgos de esta subregión.
Ante este contexto adverso, las comunidades indígenas vienen implementando la ‘Minga hacia dentro’ como estrategia de resistencia y autoprotección de sus comunidades tanto para prevenir y mitigar los impactos del COVID19 como para protegerse de los ataques sistemáticos contra estas comunidades, especialmente en el Norte del Cauca, donde las instituciones del Estado no logran garantizar la vida de esta población. Esto ha significado el fortalecimiento de los 388 puntos de control[1] existentes, donde transitan las casi 9000 guardias indígenas que protegen los territorios colectivos, según cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca.
La pandemia de la violencia
Hasta el momento, distintos análisis de centros de pensamiento y observatorios de DD.HH no han dado cuenta de la incidencia directa de la pandemia en el aumento de la violencia, sin embargo, la percepción de líderes y lideresas indígenas de estos territorios sí denota un aumento del accionar de agentes ilegales en los territorios y de incidentes de seguridad en su contra. Pares habló con un
Coordinador de Guardia indígena del resguardo de Huellas en Caloto, quien incide en diferentes puntos de control y ha estado en riesgo debido a diversas labores de protección comunitaria y la defensa del territorio y sobre la situación expresa:
“Por mandato de [las] comunidades hemos tomado la posición de hacer control del territorio frente a lo que viene sucediendo de amenazas, atentados y también a extorsiones a nuestros comuneros. Frente a estos hechos, igualmente veníamos haciendo un control [desde] la guardia indígena junto con las autoridades en los puntos de control que tenemos en el resguardo. En ese espacio hacemos control territorial y lo que hacemos en el punto de control decimos: no permitimos grupos armados dentro del territorio de ninguna clase, ni de derecha ni izquierda, pero también dijimos no queremos narcotráfico y también vamos a controlar la cuestión de motos robadas e indocumentadas (sic).”
La armonización territorial y la protección de las familias moradoras de los distintos resguardos son sus imperativos y su norte, razones que les ha conllevado a enfrentarse contra actores armados legales e ilegales, especialmente aquellos interesados en el uso del territorio ancestral para su avituallamiento y descanso, evitando su aprovechamiento para el beneficio de las economías ilegales. Esto les ha significado ser objetivos militares por parte de estructuras armadas ilegales, ya que se identifica como una forma de obstaculizar actividades de narcotráfico en su territorio:
“El asesinato de nuestra autoridad NE’J WE’SX , Edwin Dagua, la situación ha sido muy compleja porque desde ahí se han presentado muchos atentados a nuestros guardias y líderes, y a mí personalmente en todos los espacios que me muevo he tenido dificultades de grupos armados que no quieren que nosotros hagamos el ejercicio de control territorial.”
Guardias indígenas, objetivo militar
No es nuevo que las guardias indígenas sean objetivo militar, ya que cuando la extinta guerrilla de las FARC-EP estuvo activa en este territorio también agredió en distintas ocasiones a estos cuerpos de autodefensa civil y pacífica. Lo preocupante de este panorama es que con el resquebrajamiento de la guardia indígena también se sigue fracturando la comunidad del Cauca, que aún no cuenta con una protección integral y permanente por parte del Estado.
Por tal motivo, en esta coyuntura de aislamiento social para prevenir la pandemia, las propias autoridades indígenas han doblado sus esfuerzos para evitar cualquier mal que pueda aquejar estas comunidades y sus familias.
“…después de que se presentó la pandemia a nivel mundial tocó cambiar la dinámica de trabajo en los territorios, pero también a nosotros personalmente con la cuestión de la cuarentena que para nosotros –digo los guardias – no fue descanso, fue una situación más compleja de lo que estamos viviendo porque de estar en cuarentena y detener las familias dentro de las comunidades y que no salgan hacia el pueblo, pero que también que no entren personas extrañas de fuera de otros pueblos, otros municipios. ¿Qué es lo que ha mandatado las comunidades? Cuidarnos nosotros.”
Como lo señala el Coordinador de Guardia, el mandato de las comunidades indígenas es el de protegerse a sí mismas ante este complejo escenario de riesgo, sin embargo, durante estos últimos días se ha visibilizado nuevamente acciones de estigmatización y discriminación social por parte de sectores políticos que representan las élites tradicionales del Cauca, debido a unas imágenes compartidas por redes sociales en las cuales relacionaban a los miembros de guardia con estructuras armadas ilegales. Este tipo de manifestaciones generan una legitimidad y exacerbación de acciones violentas contra los líderes sociales bajo un manto de total impunidad social:
“…ellos dicen que nosotros hacemos parte de grupos armados, pero nosotros lo que hacemos es cuidar a la comunidad. No estamos de ningún lado, entonces esa es la situación que venimos pasando dentro del territorio y personalmente a mí como persona como coordinador de guardia me corresponde estar en todos, entonces es difícil, es duro porque la situación no es buena. Toca estar con cuidado en este espacio. Vamos a seguir en este espacio que ha mandatado la comunidad, a pesar de que hay miedo por nuestras familias y comunidades. Y personalmente vamos a echar este proceso hacia adelante.”
Ya han pasado más de tres años desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, documento que recogió en su capítulo étnico la garantía para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, lo que al parecer sique siendo letra muerta. Tres años en los cuales continúan las agresiones constantes a las comunidades indígenas, además de los improperios por cuenta de la estigmatización y el racismo hacia los hermanos mayores impulsado por terratenientes y élites políticas del departamento. En este sentido, vale la pena preguntar: ¿quién protege a esas personas que han sido – como lo expresan los indígenas – mandatados para cuidar a sus comunidades?
*A continuación podrá escuchar el testimonio completo:
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[1] Los puntos de control son lugares donde la Guardia indígena hace vigilancia y control de la movilidad de personas desde y hacia sus las comunidades.