Por: Laura Cano Periodista – Pares
Tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia quedaron varios asuntos pendientes. Uno de ellos era saber cuáles iban a ser los pasos a seguir una vez la visita ocurriera. Eso finalmente tuvo respuestas la semana pasada luego de conocer el documento emitido por el organismo internacional. En el informe, por un lado, se plasmó la situación que se ha estado viviendo en el país en el marco del paro nacional y, por otro lado, se plantearon una serie de recomendaciones respecto al panorama de derechos humanos que el equipo de personas del comisionado analizaron en su visita (Este artículo de Pares puede interesarte: Respuesta del Estado a protestas sociales ha estado marcada por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza: CIDH).
El documento fue construido a partir de varios enfoques y por medio del trabajo realizado entre el 8 y el 10 de junio de 2021 por la Comisión. En ese sentido, se hizo un mapeo de las principales violaciones a los derechos humanos y obstáculos para la garantía del derecho de protesta, haciendo énfasis, principalmente, en lo que ha sido el uso desmedido de la fuerza por agentes de la Policía y el Esmad, así como en los casos de violencia basada en género que han ocurrido en medio de las protestas. También se hizo alusión a las violencias basadas en discriminación étnico-racial, y a las que han sido cometidas contra periodistas y misiones médicas. Todo esto sin dejar de lado lo que ha significado el abuso de la figura de traslado por protección.
“El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales. Adicionalmente, el Estado adujo que en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD”, se lee en el documento que entregó la CIDH.
Algunas de las recomendaciones más generales estuvieron relacionadas con la protección del derecho a la protesta, puntualizando en la respuesta que le ha dado la fuerza pública a las movilizaciones sociales, por lo que se instó a no estigmatizar a las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, se solicitó elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia.
Por otra parte, la CIDH insiste en la necesidad de que la fuerza pública actúe bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales, y también en hacer control efectivo del uso de medios no letales. Además, y como se ha venido insistiendo como parte de los puntos que debería tener una reforma policial (este artículo de Pares puede interesarte: Azul o verde: ¿cuál es la diferencia? Algunas reflexiones sobre la reforma policial), también se menciona la necesidad de desarrollar un ejercicio de evaluación y transformación de los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este mismo sentido, se señala la importancia de hacer seguimiento a los casos de violencia y de que, además, se puedan “coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes”, agrega la CIDH.
Tras esto el Gobierno nacional respondió a través de un comunicado de la Cancillería, en el que también se expusieron varios puntos. Sin embargo, una aseveración de Iván Duque, en una declaración para la prensa, ha recibido especial atención ya que el primer mandatario se mostró en abierto desacuerdo con la posición de la CIDH: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. (…) El país ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley”, señaló.
A esto, Duque agregó que era inviable separar a la Policía Nacional y al Esmad del Ministerio de Defensa, ya que “prácticamente desde el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y es que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior) se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.
En este sentido, desde la Cancillería se aseguró que “esta discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, que cumple 30 años, fruto de un acuerdo de paz, y fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, como eje axial, sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana, con una formación concebida y enfocada en esa naturaleza y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los derechos humanos. Por último, no sobra mencionar que incluso la propia Defensa Civil está adscrita a ese Ministerio. En el proceso de reforma a la Policía Nacional, todo lo explicado se verá reforzado y afinado”.
Otro de los puntos que más llamó la atención fue la negativa del Gobierno respecto a la propuesta de crear un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, argumentando que el país “dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, añadió la Cancillería.
A esto se sumó que, reiterativamente, desde la posición oficial se legitimó el accionar de la fuerza pública, asegurando que esta actuó bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que además durante las intervenciones en la protesta social no se usaron armas de fuego letales. Lo anterior a pesar de que, por ejemplo, las organizaciones que conforman la Campaña Defender la Libertad hayan denunciado ante la CIDH que 84 personas han fallecido en el marco de las manifestaciones y que “en 28 de estos casos estarían involucrados integrantes de la Policía como posibles responsables, 7 serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no se ha identificado a los autores; 14 casos se encontrarían en proceso de verificación”.
Con esto queda un cuestionamiento puntual: ¿Cuál va a ser el rumbo que le va a dar el Gobierno Nacional a las recomendaciones de la CIDH? Sobre este punto, Issac Morales, coordinador de la Línea de Investigación de Seguridad y Crimen Organizado de Pares, analizó que “al ser recomendaciones generales, estas no tienen un carácter vinculante. Es decir, no hay ningún tipo de medida cautelar que permita hacer un control a esa recomendaciones, por lo que es muy difícil que pase algo”.
Siendo así las cosas se hace evidente que, más allá del peso internacional que supuso la visita y evaluación de la CIDH a la situación de derechos humanos en el país, es urgente la voluntad política del Gobierno nacional para que realmente se puedan plantear rutas para lograr desescalar los niveles de violencia que se han estado viviendo en el marco de la protesta social.
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