¿Hacia dónde va el Gobierno con las recomendaciones de la CIDH?

Por: Laura Cano Periodista – Pares

Tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia quedaron varios asuntos pendientes. Uno de ellos era saber cuáles iban a ser los pasos a seguir una vez la visita ocurriera. Eso finalmente tuvo respuestas la semana pasada luego de conocer el documento emitido por el organismo internacional. En el informe, por un lado, se plasmó la situación que se ha estado viviendo en el país en el marco del paro nacional y, por otro lado, se plantearon una serie de recomendaciones respecto al panorama de derechos humanos que el equipo de personas del comisionado analizaron en su visita (Este artículo de Pares puede interesarte: Respuesta del Estado a protestas sociales ha estado marcada por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza: CIDH).

El documento fue construido a partir de varios enfoques y por medio del trabajo realizado entre el 8 y el 10 de junio de 2021 por la Comisión. En ese sentido, se hizo un mapeo de las principales violaciones a los derechos humanos y obstáculos para la garantía del derecho de protesta, haciendo énfasis, principalmente, en lo que ha sido el uso desmedido de la fuerza por agentes de la Policía y el Esmad, así como en los casos de violencia basada en género que han ocurrido en medio de las protestas. También se hizo alusión a las violencias basadas en discriminación étnico-racial, y a las que han sido cometidas contra periodistas y misiones médicas. Todo esto sin dejar de lado lo que ha significado el abuso de la figura de traslado por protección.

“El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales. Adicionalmente, el Estado adujo que en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD”, se lee en el documento que entregó la CIDH.