Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
Las comunidades que habitan y transitan la frontera colombo-venezolana enfrentan una dramática situación y viven un peligro latente por cuenta de los enfrentamientos entre distintas estructuras armadas ilegales, las economías del narcotráfico y las rentas extorsivas, la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los Estados de Colombia y Venezuela para buscar alternativas tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y riesgo de sus poblaciones.
Hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos más pequeños como el Cartel de Sinaloa, La Frontera, La Línea, el EPL y El Tren de Aragua. A falta de presencia institucional, el conflicto armado prolifera con un impacto exponencial en los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
Algunos hechos y cifras que permiten dimensionar tal escalamiento del conflicto en Norte de Santander y Arauca: 645 homicidios durante 2021 en Norte de Santander; 256 personas confinadas y 22 familias desplazadas el 10 de enero de 2021 en la vereda La Silla, en Tibú, por cuenta de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo; hecho que se repitió el 03 de enero de 2022 en la vereda Llana Alta, en Teorama, Norte de Santander, en donde 286 personas fueron desplazadas debido a los fuertes combates entre el ELN y las Fuerzas Militares; 13 homicidios contra líderes y lideresas sociales en Norte de Santander entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022; 27 personas muertas miembros del ELN y disidencias de las FARC debido a enfrentamientos durante los primeros 3 días de 2022 en Arauca; 344 homicidios entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022 en Arauca; 304 casos de amenazas en los primeros 4 meses de 2022 en Arauca; y 10.326 personas desplazadas del primero de enero de 2021 al 30 de abril de 2022 en Arauca; entre otros.
La principal víctima de esta violencia: la población civil. Niños, niñas y adolescentes (NNA), personas líderes y defensoras de derechos humanos, mujeres, indígenas y migrantes son algunas de las poblaciones más afectadas de manera diferencial.
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