Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Con la reforma tributaria, el país experimenta hoy uno de los momentos más decisivos, en términos del juego de la economía política. El gobierno Petro destapó, desde antes del siete de agosto, su principal carta. Tan pronto se posesionó, le encargó a su ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, poner en la agenda legislativa una ambiciosa reforma fiscal con la que se busca recaudar durante el primer año, por lo menos, 25.8 billones de pesos, que irán incrementándose hasta los 50 billones en el cuarto año.
De aprobarse esta reforma, el Gobierno Nacional contará en 2023 con los recursos necesarios para los diversos programas sociales que aspira desarrollar, como el de inversión social contra el hambre, el de transición energética y las reformas agraria y la pensional. Pero si no la aprueban, se encontrará en un gran aprieto para cumplir a los electores lo prometido. De allí que el Gobierno insistirá, en todos los espacios, sobre la conveniencia para el país de aprobar esta ambiciosa apuesta legislativa.
Hay que advertir que un hecho importante en esta dinámica política es la situación en la que se encuentra la nombrada reforma: desde el mismo momento en que el Gobierno lanzó su carta, el juego pasó de inmediato a las manos del poder legislativo. Ahora son los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de la República quienes tienen en su cancha la posibilidad de aprobar –total o parcialmente– o rechazar esta fundamental iniciativa.
En esta posibilidad se contempla el gran poder que tiene el Congreso de la República de producir o modificar las reglas de juego que todos debemos acatar. El legislativo cuenta con la autonomía y la capacidad para aprobar la ampliación de los recursos del Gobierno Nacional, haciendo que los diversos agentes de la economía contribuyan con mayores aportes para el fisco, mediante el pago de impuestos. De allí que buscará aprovechar este momento político para aumentar su poder o el de los miembros que lo componen.
El Congreso sabe que con sus decisiones muchos o pocos actores se benefician, mientras que a otros les pasa lo contrario. En el caso de esta reforma tributaria se beneficiará la población que gane menos de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, a la que no se le cobrará más impuestos y además recibirá los efectos positivos de varios de los programas de inversión. Pero se perjudicará a los demás actores económicos, sobre todo a los que más tienen y reciben ingresos en el país.
Es sobre estos últimos agentes –los más privilegiados– en los debemos poner cuidado y analizar en el juego político que se vivirá en los próximos meses. La reforma hará que estas personas hagan sus críticas, actúen y recurran a los gremios que defienden sus intereses para que los protejan y eviten, o reduzcan al máximo, las posibles pérdidas de bienestar. No querrán perder los beneficios tributarios ganados ni permitir que se les asigne nuevas responsabilidades tributarias.
La teoría de los grupos de interés dice que estos actores, aunque no quieren llegar al Gobierno, sí buscan hacer uso de los diversos elementos de poder que tienen a su alcance para conseguir sus objetivos propuestos en un contexto político específico, que en este caso es evitar que pierdan con las propuestas legislativas, en especial, con la reforma tributaria. Como agentes de un sistema político, buscarán aglutinarse con otros para defender sus intereses. Presionarán, mediante los grupos de interés que los congrega, a los tomadores de decisiones para que maximicen sus beneficios.
Para lograr su fin, los grandes grupos de interés económicos usarán, primero, la capacidad financiera de la que gozan, contratando estudios que muestren –en informes, documentos e investigaciones– lo peligrosa que es la reforma para el país y lo inconveniente que resultaría para la economía, en términos de empleo, competitividad e inversión extranjera, como lo está haciendo la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi), el gremio que representa a las empresas nacionales y que es el recurso más poderoso con el que cuentan estas para la defensa de sus intereses económicos.
También, buscarán persuadir a la opinión pública, a través de los medios de comunicación y publicitarios –los canales formales e informales de información que tienen– sobre los daños que para otros actores tiene la reforma y que afecta seriamente a los benévolos empresarios, que, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ya soportan excesivos tributos nacionales, territoriales, parafiscales y sectoriales, como ellos lo intentan demostrar.
Y si esta primera opción no funciona, intentarán corromper, como grupo de interés, a los legisladores –no tanto al ejecutivo, pues este ya reveló las cartas en su contra–. Les ofrecerán, a través de lobistas, incentivos monetarios y no monetarios para que actúen en su beneficio y cambien los tributos o no aceptarlos. Les podrán dar regalos como viajes, inmuebles, acciones o puestos de trabajo para un conocido; también, les ofrecerán apoyar sus campañas electorales o, incluso, entregar dineros para aumentar sus patrimonios familiares netos.
Estos incentivos ofrecidos por los grupos de interés económico, lo más seguro, serán puestos en una balanza por los legisladores, quienes los comparan con los que otros agentes del juego de la economía política les ofrecen; por ejemplo, los apoyos políticos que le podrá dar la ciudadanía en las próximas elecciones mediante el voto popular, si apoyan la reforma que los beneficie como grupo. Y escucharán los ofrecimientos que el mismo Gobierno Nacional podría entregarles a cambio de la aprobación legislativa.
En síntesis, estamos frente a un escenario donde se verá actuar con agresividad y usando todo el repertorio de elementos de poder a los grupos de interés. También veremos a un Congreso moviendo fichas y haciendo cálculos racionales que le permita aprovechar el poder monopólico que tiene de generar normas. Finalmente, a un Gobierno Nacional que deberá saber actuar como jugador estratégico para lograr que se acepte su reforma, de lo contrario peligrará su gestión gubernamental.
De allí la necesidad de que, como ciudadanía, también usemos nuestros elementos de poder político para presionar las decisiones que más nos favorecen. Tenemos que unirnos, como lo hacen los otros grupos de interés de la industria, para buscar presionar al legislativo usando estrategias que nos beneficien; actuar mancomunadamente para que el poder que poseemos en el mercado de votos se use para que los honorables congresistas no caigan en la tentación de recibir los incentivos de los grupos económicos.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.