Por: Redacción Pares
Frente a la perspectiva de que durante este año se produzca la peor contracción económica en la región desde 1930, con una caída del 5,3% del Producto Interior Bruo, y un importante incremento en la tasa de desempleo, entre otros impactos económicos negativos, la Comisión Económica para América Latina y el caribe insistió este jueves la creación de un ingreso básico de emergencia durante seis meses que serviría para pagar las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Durante una videoconferencia que abordó la situación laboral durante la pandemia de Coronavirus, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y el director regional de la oficina para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, Vinícius Pinheiro, dibujaron un sombrío panorama regional.
Efectos negativos de la pandemia en el mercado laboral
En relación con los efectos negativos causados por la pandemia, Bárcena indicó que en el trabajo formal se produjo una reducción de horas trabajadas, la caída de salarios y despidos, mientras que el informal se vio afectado por la disminución del empleo por el distanciamiento, la prohibición de circulación un y un menor acceso a compensaciones de ingreso y la vulnerabilidad de las mujeres.
El informe conjunto de la Comisión y la Organización Internacional del Trabajo destaca que el 42,4% del empleo está en sectores muy afectados por las medidas de distanciamiento físico, provocando riesgos muy altos en áreas como el comercio, los restaurantes y las industrias, el alojamiento y las actividades inmobiliarias.
Aumento importante del desempleo
Tras señalar que se prevé una reducción del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre del año, Bárcena explicó que se espera un aumento en la tasa de desocupación del 11,5% tras crecer un 3,4% estos últimos meses.
«Y esto significa que tendremos 37,7 millones de desocupados. Es decir, que tendremos 11,5 casi 12 millones de desempleados adicionales a 2019. Muy preocupante y, como les digo, cifras que creemos incluso son optimistas para lo que se espera que suceda».
Esto significa que la caída del PIB y el aumento del desempleo generan un impacto muy fuerte en la pobreza y en la pobreza extrema, apuntó Bárcena quien indicó que aumentará en 30 millones el número de pobres pasando de 186 millones a casi 215, el 34,7% de la población latinoamericana, y de 63 millones a 83 millones el número de personas afectadas por la pobreza extrema.
Ante este incremento de ambos tipos de pobreza, la CEPAL propone la creación de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), explicó Bárcena.
«Le hemos llamado Ingreso Básico de Emergencia equivalente a una línea de pobreza. Una línea de pobreza que equivale aproximadamente a 143 dólares del 2010. Y que esto se ponga en marcha durante seis meses para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares que es donde va a estar el gran impacto de la pandemia», afirmó.
Bárcena calculó que el gasto adicional por parte de los Gobiernos del 2,1% del PIB con un objetivo estratégico a largo plazo de implementar un ingreso básico universal mediante mecanismos innovadores de financiamiento.
El mínimo vital, una propuesta de la oposición
El pasado 28 de abril, la bancada de oposición del Congreso propuso el Mínimo para la Vida. Consiste en una ayuda económica de un salario mínimo que iría dirigida a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico.
Este Mínimo para la Vida permitiría dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar, en donde se tengan recursos para solventar gastos de alimentación y pagos de servicios públicos domiciliarios. Esto sería implementado durante el tiempo en el que se mantenga la emergencia sanitaria y por lo menos por los tres meses siguientes.
Esta medida sería efectuada por medio de un ingreso económico en cada familia de un salario mínimo legal vigente ($877.212), además de un incremento que se determinaría con la cantidad de personas que conforman el hogar, las variables de vulnerabilidad y los enfoques de género y étnico, lo que daría un máximo de $2.200.000 mensuales por hogar, variando a través de las características que sean evaluadas.
Este apoyo llegaría a cerca de 11 millones de familias, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Además, implicaría destinar, según el senador Julián Gallo del partido de Farc, casi 19 billones mensuales, los cuales saldrán, ente otras medidas, a través de la unificación de los programas sociales que se están brindando como Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA creado por la Reforma Tributaria.
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