Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá responsabilizó, sorpresivamente, este lunes al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez de la persecución política que sufrió la exsenadora de izquierda Piedad Córdoba durante los años 2005-2008, y que destruyó su carrera política debido a la estigmatización a la que fue sometida, tanto así, que los sectores cercanos a ella le dieron la espalda.
En la decisión también se determinó que en los próximos días la nación deberá pedirle perdón a Piedad Esneda Córdoba Ruíz, por los daños causados a la exsenadora por interceptaciones telefónicas, montajes de la supuesta relación con grupos subversivos y la campaña de desprestigio.
En ese sentido el juzgado falló “declarar solidaria, administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación – Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (…) por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales”.
El DAS fue clausurado en 2011 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como consecuencia de la serie de denuncias que empezaron a salir a la luz pública y dieron apertura a varias investigaciones contra los funcionarios de esa entidad por los excesos y abusos en el uso de la agencia de inteligencia.
Cientos de casos de interceptaciones telefónicas, más conocidas como “chuzadas” en contra de líderes de oposición y vínculos con grupos paramilitares generaron el cierre de la entidad que se creó desde 1960 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo.
El juez también ordenó una indemnización de 300 salarios mínimos legales vigentes a la exsenadora y 170 a la familia, debido a que, fueron víctimas de señalamientos y malos tratos a causa de la persecución a Córdoba.
“Tiempos difíciles”
A Córdoba y sus abogados les tomó por sorpresa esta decisión, puesto que, habían pasado varios años desde la demanda interpuesta contra la nación. “Ya han pasado más o menos unos once, doce años, han sido tiempos muy muy difíciles, muy dolorosos por el desprestigio por el daño moral que se me hizo a mí y a toda mi familia, pero bueno más duro hubiera sido que la justicia nunca se hubiera pronunciado”, aseguró la exsenadora en W Radio.
También reiteró que lo menos importante de la indemnización es el dinero: eso no allana absolutamente nada y pienso que mi familia tiene que sentir exactamente lo mismo que siento yo, expresó.
Y en cuanto a regresar a la política, a la que dedicó muchos años y no recibió frutos sino desgracias, indicó que no ha pensado retomarla, y lo cierto del caso es que ninguna de las personas, ni siquiera la izquierda quería estar con ella porque supuestamente les quitaba imagen.
Por eso “no lo he pensado realmente, yo quedé muy afectada por todo lo que me pasó y sobre todo porque finalmente a la hora de la verdad la gente que uno creería que era la que tendría que estar con uno o que uno tendría que estar con ella fue la que finalmente me dio más la espalda que la misma gente de la derecha”, resaltó.
Tres lecciones
El director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, León Valencia, señaló que hay tres lecciones que deja este fallo. En primer lugar, la defensa del Estado, el DAS y el departamento administrativo nunca negaron que la persecución política fuera falsa, pero sí intentaron escudarse en que esto se trataba de personas individuales, de decisiones de los funcionarios y no del Estado.
En ese sentido, Valencia explicó que prácticamente lo que hace la sentencia es decir que esto “no fue a título individual, sino que es una responsabilidad del extinto DAS y una responsabilidad de presidencia porque era un organismo que pertenecía a la presidencia”.
“Eso deja un camino, una nueva línea de investigación, y es que los señores a los cuales el Estado está acusando, y en los cuales está descargando la culpa saben cómo recibieron las órdenes. La justicia debería volver a la interlocución con ellos para que ellos puedan demostrar la conexión con los funcionarios mas altos y esa es una de las primeras cosas”, indicó.
Lo segundo que suscita ese fallo es que acabaron con una carrera política opositora, esta es una lección enorme porque ya el mal esta hecho y ningún resarcimiento económico va a recuperar los daños y años de estigmatización.
“Ella era una señora exitosa que incluso podía haber sido una candidata presidencial, representaba una corriente política enorme y la acabaron políticamente. Esta es una lección de la manera tan perversa de cómo se destruye la oposición en Colombia. Esa es la segunda lección”, destacó Valencia.
La tercera lección es que estas intimidaciones se realizaron en los dos mandatos de Uribe (2002-2006) y (2006-2010), pero no es el único caso. En ese mismo panorama está toda una Corte Suprema de Justicia, periodistas, y otros dirigentes políticos a los cuales se les golpeó, algunos también se les acabó con la carrera política. A otros se les hizo un daño enorme, a otros se les puso en riesgo su seguridad.
“Entonces esto apenas es la punta del Iceberg de una gran campaña de destrucción de honra y de vidas desde la presidencia de la república porque eran organismos directamente vinculados al presidente, entonces ese es el tercer gran crimen. Y ojalá la justicia y los medios sigan escarbando todo lo que se hizo en esos dos mandatos de Uribe”, sentenció el analista.
¿Y dónde quedó la izquierda?
Córdoba expresó que prácticamente quedó sola en la batalla contra el Estado. La mayoría de sus anteriores aliados le dieron la espalda y hasta tuvo que dejar de recibir protección porque algunos estaban infiltrados por la misma agencia de inteligencia.
Así las cosas, los únicos que la respaldaron para iniciar una lucha jurídica fue el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. “Y como comentaba desde ayer (lunes) era muy difícil conseguir que algún abogado me representara porque nadie quería, entonces yo me voy a atener a la revisión del fallo que ellos están haciendo, ellos creen que el Estado apelaría y nosotros también apelaríamos, pero creo que hay que buscar la manera de llevar las instancia jurídica, judiciales hasta el último término”, apuntó la excongresista.
Por su parte, Valencia aseguró que hubo una indiferencia de todo el país y de la izquierda misma porque siempre se tenía la sospecha entre algunos de que podía tener razón de todas esas cosas que se decían sobre Córdoba.
“Lo que se ha demostrado es que Piedad no era responsable de todas las cosas por las que se le acusaron y que todo era una persecución. Y ahí va la solidaridad, ahí va lo flaca, lo débil que es la solidaridad entre el mundo de la izquierdas frente a gente que ha sido muy representativa de ella y los cálculos políticos”, concluyó.
Esa es casi la conclusión de cada juego político y es que hay muchos intereses de por medio, y por consiguiente, la gente intenta no perjudicarse y actúa a veces no con atención a las convicciones y a las solidaridades necesarias sino a los cálculos electorales.