Por: Laura Cano
Periodista Pares
Recientemente se conoció que Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, pidió en nombre del Gobierno a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad del fallo que establece el estado de cosas inconstitucional respecto a la implementación del Acuerdo de Paz, y ,específicamente, en cuanto a la seguridad de los excombatientes.
Ahora, agregó el funcionario que este es el proceso con menos muertes por cada 1000 personas en proceso de reincorporación. Toda su intervención se basó en un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que se asegura que el Gobierno ha tenido un buen desempeño en la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, para septiembre de 2021 el mismo organismo, en cabeza de Carlos Camargo, señaló que la seguridad de los excombatientes de la exguerrilla Farc era de alto riesgo.
Se aseveraba desde el organismo que “La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 alertas tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos” Camargo añadió que: “En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”.
Así, hay que recordar que el pasado 27 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en el componente de seguridad de los excombatientes de las Farc, argumentando que se ha estado presentando una constante violación de los derechos de esta población. La ponencia había estado a cargo de Cristina Pardo, y para esa ocasión la votación de los magistrados quedó cinco contra cuatro: Cristina Pardo, Alejandro Linares, Diana Fajardo, José Reyes y Antonio Lizarazo estuvieron a favor; y Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Ibáñez votaron en contra. Hay que recordar que para ese momento Archila había asegurado que este proceso de paz “es el que, por lejos, el que menos muertes ha tenido de los que se ha firmado en Colombia. Cualquiera de las recomendaciones que se hagan que implique la mejoría en las situaciones de seguridad, bienvenidas. El objetivo del Gobierno es que haya cero muertes”.
Con esto, como informó Asuntos Legales, se determinó la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional para verificar que se materialicen las garantías de seguridad de los excombatientes. Pasado este tiempo, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura tendrían que establecer las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicha Sala. Adicionalmente, con esto la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrían que adoptar un mecanismo especial de vigilancia del fallo, y el Gobierno tendría que iniciar los trámites para que haya suficiente presupuesto para la protección de los firmantes.
Ahora bien, hay que decir que según fuentes de Pares, desde la Firma del Acuerdo a la fecha hay cerca de 300 firmantes asesinados. Incluso, durante las últimas horas fue denunciado el caso de Domingo Mancilla Cundumi, a quien le fue arrebatada la vida en Guapí, Cauca. Ante las heridas, el excombatiente fue trasladado a un centro de salud, en donde falleció. La víctima realizó su proceso de reincorporación en el ETCR Aldemar Galán, en El Estrecho (Cauca). Asimismo, formaba parte de la Asociación de Balsiteños por la Paz (Asobalsitas).
Adicionalmente, el 14 de marzo en Pitalito, Huila, había sido asesinado Jhon Kennedy Vargas Aros, un firmante de paz de 37 años, quien recibió varios disparos de hombres que se movilizaban en motocicleta. Vargas fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio, pero minutos después falleció.
Días antes en Cumbal, Nariño una situación similar dejó como víctima a Guillermo Manuel Pepinosa,quien hacía parte del ETCR Ariel Aldana de La Variante, en Tumaco. Por otro lado, el 24 de febrero, en Puerto Guzmán, se presentó otro hecho de violencia que afectó a la comunidad de firmantes de paz que desde hace más de cuatro años le han apostado a la paz a través la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCON), pues uno de sus líderes, además representante legal y parte del PNIS, Jorge Santofimio Yepes, fue asesinado luego de que hombres armados llegaran a donde la junta directiva de la cooperativa estaba reunida.
El ataque ocurrió en el predio La Granja, ubicado en el municipio mencionado, a donde llegaron desde mayo de 2019 a raíz de la falta de garantías de seguridad en el ETCR Heiler Mosquera, lugar en el que, desde 2016, cumplían su proceso de reincorporación. En este hecho cuatro personas más resultaron heridas: una mujer parte de la cooperativa, un bebé de aproximadamente 05 meses, un menor de 14 años, y uno de los escoltas. Además, este mismo 24 de febrero se registró un ataque armado contra el candidato a la Cámara de Representantes por el partido Comunes, Jair Torres, en el que fue asesinado uno de sus escoltas, Luis Caicedo Caicedo.
El 10 de febrero en Leticia, Amazonas, fue asesinado Carlos Fernando Ramos Sánchez, quien, como lo informó la congresista Victoria Sandino, hacía parte del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá. A esto se suma que en el primer mes del año habían sido asesinados los firmantes de paz: John Jairo Villar Vargas (Santa Marta – 29 de enero), quien hacía parte del Programa Presidencial de Reintegración en el Magdalena; Leonardo Martínez Muñoz, quien fue ultimado en el municipio de San José del Fragua en Caquetá. Adicionalmente, a finales de enero en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, la víctima fue Juvenal Ballén Gómez.
Respecto a lo anterior, según el seguimiento del Sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación - SIPARES, los departamentos más violentos para las y los firmantes son el Cauca, Nariño y Antioquia. Además, resalta que en la mayoría de los hechos reportados entre 2016 y este año, el autor de los hechos no ha sido identificado, y por ende gran parte de los asesinatos están en la impunidad.
Fuente: Sipares
Este escenario demuestra que, en efecto, son necesarias medidas adicionales, urgentes y estructurales respecto a la situación de seguridad de los firmantes de paz. Ahora bien, vale la pena preguntarse: ¿desde el Gobierno Nacional se está acatando lo que plantea la Corte, lo cual fue decidido hace ya dos meses?, o si, por el contrario, ¿se está desconociendo el equilibrio de poderes y las decisiones de la Corte?