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"Gobierno está incidiendo en el proceso contra Uribe"

Por: Redacción Pares


Según el senador Iván Cepeda y quien es parte en el proceso que contra Álvaro Uribe que se lleva en la Corte Suprema de justicia, al amparo de un operativo realizado por el INPEC en las casas fiscales de la cárcel La Picota, en los días iniciales de este año se ha desarrollado un nuevo capítulo de la campaña de desinformación con la que se pretende minimizar la responsabilidad del senador Álvaro Uribe y del representante Álvaro Hernán Prada en hechos que podrían configurar soborno y fraude procesal, así como distraer a la opinión sobre el impacto de la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del senador Uribe.

Ante esta situación, el senador Cepeda manifiesta:


  1. Juan Guillermo Monsalve ha testificado en ocho oportunidades ante autoridades judiciales acusando a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe de haber conformado y dirigido grupos paramilitares, y de haber sido presionado para retractarse. Algunas de dichas declaraciones se hicieron incluso antes de que, en septiembre de 2011, me solicitara hacer llegar a la Fiscalía sus denuncias. Luego de acusar a los Uribe, Monsalve fue víctima de dos atentados contra su vida, el primero en Cómbita, en marzo de 2012, y el segundo a comienzos de 2014. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de protección para este testigo, lo que demuestra en forma concluyente que no intervine en la definición del actual sitio de reclusión del interno.

  2. Es deber del INPEC realizar los controles necesarios sobre los sitios de reclusión y velar por el régimen disciplinario en las cárceles y penitenciarías del país. No obstante, las medidas que se tomen con ocasión del operativo realizado en el lugar en el que se encuentra el testigo Monsalve deben mantener las condiciones de protección del interno ante una posible conjura encaminada a atentar contra su vida, o a intimidarlo con el fin de que cambie su testimonio en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Uribe y el representante Prada.

  3. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y la dirección del INPEC deben aclarar por qué a pesar de haber sido realizado el operativo en sitios de reclusión en los que se encuentran otros internos, sus resultados se han filtrado selectivamente a los medios de comunicación, y no se ha informado las medidas para garantizar la cadena de custodia sobre los elementos incautados que deben ser entregados a las autoridades competentes sin alteración o manipulación de ninguna especie.

  4. El Ministerio de Justicia está en la obligación de aclararle a la opinión pública su actuación especialmente sesgada con relación a la situación del testigo Monsalve como también despejar la creciente inquietud sobre si el Gobierno Nacional está interviniendo con la intención de incidir en el curso de la investigación que lleva a cabo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dicha preocupación proviene también de las constantes declaraciones que el Presidente de la República ha realizado expresando su valoración sobre la supuesta inocencia del senador Uribe; o la de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien calificó de “doloroso” el proceso de investigación; o la del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refirió a la Corte Suprema de Justicia como un tribunal con “cartel de la toga a bordo”. Es evidente que todas esas manifestaciones del alto gobierno, y la actitud de la dirección del INPEC y de la Ministra de Justicia son lesivas de la autonomía e independencia judiciales.

  5. A todo lo anterior se agrega que, como ha ocurrido en todos los estadios de este proceso, coincidencialmente la defensa del senador Uribe anuncia la producción de tres nuevos “testimonios” que habrían sido aportados a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad la lista de “testigos” la encabeza Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, exguerrillero y “gestor de paz” en el gobierno de Álvaro Uribe, quien entre otras turbias actuaciones se hizo tristemente célebre por haber sido “el cerebro” de la falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana de las extintas Farc[1]. Este conocido embustero y las otras dos personas de similar condición que declaran a favor del senador Uribe también serán desenmascarados ante la justicia.

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