Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
A través de Noticias Uno se conoció más información sobre el bombardeo donde murieron varios menores de edad, presuntamente reclutados en un campamento de disidentes de las FARC en el departamento de Caquetá. El medio de comunicación indicó que habrían sido asesinados 18 niños, y no ocho (8) como lo denunció el senador Roy Barreras en el marco del debate de moción de censura que se realizó la semana pasada en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero en el Senado de la República.
A finales de agosto, las Fuerzas Militares tenían el objetivo y la orden presidencial de realizar una ofensiva contra los disidentes que permanecían en esa zona. El 2 de septiembre, tras el accionar de los militares, el presidente Iván Duque, calificó la operación como “meticulosa e impecable”.
De acuerdo con Duque, Gildardo “Cucho” -cabecilla de esa organización- fue dado de baja junto con otros disidentes, a dos días de que los excombatientes Jesús Santrich e Iván Márquez anunciaran su deserción al Acuerdo de Paz, firmado entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sin embargo, el primer mandatario no informó que dentro de los muertos -entregados como disidentes de las FARC- hubiese cuerpos de menores de edad. Por eso, el pasado 5 de noviembre el senador Roy Barreras, del Partido de la U, acusó al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero en medio de la moción de censura, de la muerte de ocho (8) menores de edad en el bombardeo.
Ante la situación, se despertó el furor de los sectores de oposición y de la sociedad civil que pidieron la renunciar de Botero, quien siempre sostuvo que el operativo se ajustó a los estándares internacionales, y no hubo ninguna violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Al final, Botero dejó el cargo, que este martes fue ocupado por el que fuera el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Mientras la tensión crece tras la publicación de Noticias Uno sobre el aparente asesinato de muchos más niños en el bombardeo.
“18 niños muertos por el deseo de Duque de responder militarmente, y de inmediato a Márquez y Santrich. Bombardeados, descuartizados, perseguidos por perros los sobrevivientes en la selva húmeda, acorralados y fusilados. 18 niños y niñas Un crimen de guerra, un responsable: Duque”, expresó Gustavo Petro, senador del partido Colombia Humana-UP, en su cuenta de Twitter.
Tensión en Caquetá
De acuerdo con la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, la situación en el departamento del Caquetá en materia de seguridad cada vez está más tensa. Según los registros del Sistema de Información-SIPARES, desde el pacto de paz con las FARC hasta la fecha han asesinado a 11 líderes y lideresas sociales en esa región, de las cuales 7 fueron muertas en el 2019.
Por otro lado, en el mismo periodo se han registrado 10 asesinatos a excombatientes de esa guerrilla de los 116 que han ocurrido a nivel nacional. Y en ese sentido, todos estos episodios de enfrentamientos o “ajustes de cuentas” también han generado el desplazamiento de varias comunidades.
Pares registró a inicios de octubre el desplazamiento de aproximadamente 18 familias y un total de 91 personas pertenecientes a la comunidad indígena de Bajo Aguas Negras del Pueblo Murui en el municipio de Solano (Caquetá), hacia el corregimiento de La Tagua en el municipio de Leguízamo (Putumayo) desde el 24 de septiembre, tras el asesinato del ex gobernador del resguardo indígena Agua Negra por parte de un grupo armado sin identificar.
A todo lo anterior se suma el trágico operativo que, de acuerdo con Noticias Uno, se realizó contra un campamento en el que había niños y niñas reclutadas por las disidencias de las FARC. Un equipo periodístico de Noticia Uno llegó hasta el lugar de los hechos y relató que no se ha realizado una revisión exhaustiva del lugar, pues aún permanecen restos humanos y objetos que usaban los excombatientes en el terreno.
El medio de comunicación habló con la comunidad aledaña al sitio donde ocurrió la arremetida militar, y contó que en el bombardeo estallaron ocho bombas pequeñas, y habría una que aún permanece sin explotar.
Los habitantes de la Vereda Aguas Claras II del municipio de San Vicente del Caguán, alertaron sobre el número de menores de edad fallecidos que dio en su momento la Fiscalía y Medicina Legal. Según los pobladores, murieron entre 16 y 18 menores de edad, de los cuales tres (3) de ellos habrían quedado vivos tras la explosión, pero ulteriormente fueron acribillados.
Por su parte, las Fuerzas Militares respondieron las denuncias recogidas en el informe periodístico, y expresaron que “posterior a la operación de interdicción aérea no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”.
Y agregaron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la única institución que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte.
Así las cosas, hay dos versiones sobre este trágico episodio: para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los sectores de oposición, las fuerzas militares actuaron en contravía de la salvaguardia de los Derechos Humanos. Mientras que para el gobierno todo se hizo en el marco del DIH.
Ahora bien, Botero salió de su cargo, pero llegó Holmes Trujillo, quien en la instancias internacionales tampoco logró una exitosa representación del país, y ya se ve la continuidad de su antecesor.
En su primer discurso como ministro de Defensa, expresó que “la fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza. Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo y a una de las policías más respetadas y admiradas”.