Fuerza Pública debe proteger derechos de los manifestantes

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares

Se convirtió en paisaje ver que el Ejército abra fuego poniendo en riesgo a la población civil y tras la polémica queden silencios o versiones contradictorias en el aire por parte de las autoridades. En este caso, un grave hecho se presentó en la vía que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, debido a que en el marco de una protesta estudiantil en la Universidad de Atlántico se registraron disparos con arma de fuego por parte de los uniformados.


Abrieron fuego


De acuerdo con los vídeos que han circulado en las redes sociales, que permiten hacerle frente a alguna versión que quiera menguar los hechos que se desarrollaron en el corredor universitario que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, se evidencia la participación conjunta del Ejército con el ESMAD. Asimismo, se ve cómo uniformados del Batallón de la Policía Militar del Atlántico ponen en riesgo la vida de los manifestantes y de los residentes del sector, disparando al aire sus fusiles.

Video tomado de POLITICA HEROICA Portal Informativo

Silencios y lejanías: la estigmatización de la protesta


Frente a las discusiones que se han venido adelantando sobre el uso excesivo de la fuerza, para este caso, el ministro Guillermo Botero decidió no pronunciarse, el comandante del Ejército Nicacio Martínez siguió la misma línea. Por su parte el alcalde barranquillero, ante la expectativa que tenían los estudiantes con las denuncias, se limitó a hablar —entre otras cosas— sobre el partido entre el Junior de Barranquilla y Unión Magdalena, que se terminó de disputar paralelamente a la manifestación, el lunes 30 de septiembre.


Entre tanto, el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, se reunió en la mañana de este martes con la Defensoría del Pueblo y el rector de la Universidad de Atlántico, Carlos Prasca, para analizar los sucesos en los que participaron uniformador del Batallón de la Policía Militar del Atlántico. Sin embargo, a través de un Boletín de Prensa emitido por la Universidad del Atlántico queda clara la posición de la institución al rechazar las manifestaciones que denominó ‘violentas’.


Frente al acciones de la Policía Militar señaló que “comprendemos que organismos como el ESMAD o la Policía Militar están llamados a mantener el orden, siempre y cuando el despliegue de su accionar no ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria”. El comunicado caló de forma negativa en el estudiantado, que ha manifestado con indignación la posición oficial de la universidad, aún cuando los disparos pusieron en riesgo la vida de la población civil, la universidad se centró en la manifestación.


Por su parte, la comunidad universitaria espera que se establezca una investigación que permita determinar bajo qué orden los uniformados procedieron a disparar o revisar por qué, como lo señaló Jorge Ávila — Secretario del Interior del Atlántico—; los militares abrieron fuego sin autorización. Es más, el secretario instó que su presencia en la manifestación tampoco contaría con ninguna autorización.


Sin tener a quien señalar por una orden, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Juan Carlos Aparicio, anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de uno de los soldados que aparece en los vídeos disparando en la manifestación. El coronel Aparicio fue más allá, señaló que no hubo una orden de apoyo de la Policía Militar al escuadrón del ESMAD aunque en las imágenes que circulan en las distintas redes sociales; se observa a uniformados disparando mientras un tanqueta del ESMAD está lanzando agua contra manifestantes.


Militarización urbana


La versión del comandante advierte que la acción de los uniformados fue en respuesta a un presunto intento de retención de soldados por parte de los estudiantes, aunque en los vídeos no haya evidencia de lo que señala el comandante. Este episodio revive la polémica que trajo la presencia de militares en las zonas urbanas.


Para el caso del Atlántico, como en otros departamentos, se tomó la determinación de hacer uno de un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas para los temas relacionados a la seguridad. Justamente, en Barranquilla, el Batallón de Policía Militar No.2 Barranquilla— pertenece a la primera división del Ejército Nacional— es el que se ha visto involucrado en el suceso de la Universidad de Atlántico.


Precisamente, la capital del Atlántico ha puesto a disposición entre 400 y 800 hombres para disminuir los índices de seguridad en ‘los puntos críticos’ de la ciudad, bajo la perspectiva de la Alcaldía Char. Además, este Batallón, tal como lo ha dado ha conocer EL Heraldo en cubrimientos de la región, ha desarrollado tareas en Bolívar, Magdalena, Guajira y Cesar. Estas acciones las ha desarrollado con Policía, Fiscalía, CTI, entre otros. Sin embargo, jamás se había visto actuar en una situación paralela con el ESMAD.


El derecho a la protesta


Sin dudas, tras los sucesos de las últimas semanas en las distintas universidades del país, se está reavivando un debate sobre el papel de la fuerza policial en las protestas y sus distintos impactos en materia de derechos humanos. Resulta ilustrativa la visión de Juan Carlos Amador, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien escribió en Viva la Ciudadanía un texto que tituló ‘Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD’.


En el texto, entre muchas otras cosas, Amador se llevó a colación a la sentencia C-742 de 2012 que refiere al “uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros”. Esta sentencia vista en clave del caso de la Universidad de Atlántico pondría en mayor evidencia el peligroso e ilegal proceder de los uniformados.


Asimismo, otro de los elementos que esboza Amador y que contribuyen al capítulo sucedido en la Universidad del Atlántico, tiene que ver con que, en palabras del profesor de la Universidad Distrital “la presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros.”


Tras conocerse los vídeos de la protesta, queda en evidencia —ante ausencia de pruebas vigentes que prueben lo contrario— de que los uniformados actuaron sin presentarse una situación que conllevara a un último recurso, accionando armas de largo alcance que pusieron en máximo riesgo a la comunidad universitaria y a terceros en cuestión.