Por: Laura Cano, periodista Pares.
Como una radiografía del sentir de muchos sectores, así es el más reciente comunicado del Parlamento Europeo, el cual pone sobre la mesa y como eje que la Inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no su vulneración. Lo anterior partiendo de la denuncia de las llamadas Carpetas Secretas en la que se expuso que a cerca de 130 personas en Colombia se les venía haciendo interceptaciones ilegales, entre ellas abogados, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos e incluso miembros de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, y más allá de las respuestas que se exigen para este caso, el que todavía está en investigación, también llama la atención sobre la situación de violencia que persiste en el país y que ha tenido como uno de sus resultados la escalada de violencia en los territorios que históricamente le han tenido que hacer frente a las dinámicas de guerra.
Lo anterior está en relación con las violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza y poder por parte de las Fuerzas Militares, a las que también se les ha señalado como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en los últimos meses, y en las que están los hechos más reciente perpetrados el 18 de mayo en Cúcuta, en donde integrantes del Batallón Hermógenes Maza le quitaron la vida a Emérito Buendía en medio de un proceso de erradicación forzada, caso no alejado del de Ariolfo Sánchez, quien fue asesinado el 20 de mayo en Anorí, Antioquia, por el Ejército Nacional.
En este contexto vale señalar la denuncia recientemente hecha a través de Pares sobre las erradicaciones forzadas que se vienen realizando desde el pasado 26 de mayo en la región conocida como Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare, las cuales han dejado campesinos heridos, capturados y otros desaparecidos.
Señala el comunicado: “Confiamos también señor Presidente, que usted como máximo comandante de la Fuerza Pública, tomará todas las acciones necesarias para esclarecer esta lamentable situación, sancionar a los máximos responsables de estos delitos y garantizar la no repetición de estos hechos”.
Líderes sociales, un foco de riesgo
Otro eje del documento del Parlamento Europeo, el cual vale señalar que en representación de la Unión Europea ha venido haciendo seguimiento como cooperante de la implementación de lo acordado en la Habana con la exguerrilla Farc-ep, es sobre la alarmante situación en la que están los líderes y lideresas sociales, además de las personas en proceso de reincorporación, quienes por la coyuntura que ha atravesado al país en los últimos meses, se han convertido en los sectores más amenazados y victimizados, por un lado, por parte de las estructuras armadas ilegales, y por otra parte, por las pocas políticas de protección que se han aplicado desde el Gobierno.
De esta forma el Parlamento enfatiza en que este crítico panorama se recrudece con la actual pandemia mundial, la cual por las medidas especiales que ha generado, incide en que para los victimarios sea mucho más fácil localizar a las víctimas, pues las dinámicas de aislamiento además de restringir la movilidad de las personas, también reduce la presencia de entes que hagan veeduría a los escenarios de riesgo.
Según cifras del sistema de información Sipares, desde el 01 de enero del presente año y hasta el 10 de junio se han registrado 63 asesinatos a líderes y lideresas, y a su vez se tiene información de 24 excombatientes que fueron asesinados en ese mismo periodo.
“Ante esto, nos preocupan las afirmaciones de las organizaciones de derechos humanos respecto a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que, en algunos casos, incluso, se les ha disminuido las medidas de protección estatales. Y consideramos que declaraciones como las realizadas por la Ministra del Interior, equiparando asesinatos de personas defensoras con robos de celulares ponen en duda la intención del Gobierno de actuar de forma contundente para prevenir asesinatos”.
Un Acuerdo estancando
Por otro lado, y señalando que la prioridad en la relación de ambas partes es la aplicación del Acuerdo de Paz firmado, asevera el Parlamento Europeo que otra de sus preocupaciones es la aparente poca voluntad de paz. Hecho que ha sido demostrado con la persistencia del conflicto armado, el cual ha potenciado la presencia de actores armados en las regiones, lo que aumenta los enfrentamientos generando una constante amenaza hacia la población civil, provocando mayores registros en hechos como desplazamientos forzados, masacres, reclutamiento ilícito, asesinatos selectivos y violencia sexual.
Cabe señalar que el llamado al Presidente hacia la inoperancia para implementar lo acordado no es nuevo, incluso esta solicitud llevó a una jornada de movilización que fue repetida en distintos puntos del país desde el pasado 21 de noviembre, en donde una de las peticiones era la celeridad para cumplir lo pactado, incumplimiento que como se ha repetido, ha aumentado los hechos victimizantes en el país y el fortalecido los actores armados ilegales y los abusos de la Fuerza Pública.
A esto se suma el rechazo de muchas organizaciones y sectores sobre los últimos nombramientos dentro de los organismos que propenden políticas de paz, y que parecieran quedar en manos de claros opositores de las salidas del conflicto negociadas.
“Para nosotras y nosotros, la implementación de los Acuerdos de Paz, es una prioridad en nuestra relación con Colombia y ante eso nos sorprenden las declaraciones hechas por algunos gobernantes locales y voces desde el actual partido de Gobierno, que han solicitado reubicar recursos para la implementación del Acuerdo de Paz y destinarlos a medidas contra el Covid-19”, agrega el comunicado.
En este punto vale la pena mencionar que durante la pandemia ha sido expuesto que parte del dinero dispuesto en el Fondo para la Paz ha ido a parar en contratos para estrategias de comunicaciones de la Presidencia, los cuales rondan los $8.000 millones.
Igualmente, de este mismo Fondo salieron recursos para la compra de 23 camionetas por $9.600, 18 tanquetas para el ESMAD y munición para el mismo organismo, lo cual significó otros $$12,000 millones. “Desde el Parlamento Europeo que los fondos destinados para la paz sean utilizados con estos fines”, indicó el Parlamento Europeo.
En ese sentido vale la pena cuestionarse ¿cuántos llamados de atención necesita el Gobierno para atender esta tragedia nacional?, pues mientras se muestras las distintas inconformidades y no se obtiene ninguna respuesta clara por parte de Iván Duque, en los territorios la falta de atención sigue cobrando vidas, sigue generando desplazados, en general, sigue perpetrando la guerra.