Frutos de sangre de unas nefastas políticas

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.


Esta semana nuevamente se ha discutido la barbarie en curso sobre liderazgos sociales y los reincorporados de las FARC, a propósito de un informe presentado por Human Rights Watch, que inicia con esta tremenda constatación: “Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).”


Lo que estamos viviendo no es nada nuevo, es una vieja barbarie incorporada como instrumento de acción política por quienes defienden sus espurios intereses a sangre y fuego, son intereses ligados al poder político, a la defensa del narcotráfico, al despojo de tierras, a la degradación ambiental, a un control autoritario y criminal de muchos territorios y esta demostrado que no hay decisión por parte de este gobierno de enfrentar estas dinámicas, que semana a semana cobran vidas de la gente que se les opone de manera valiente y digna.


Superar esta barbarie es un enorme desafío que requiere un nuevo poder político, las raíces de esta barbarie están en un poder mafioso y autoritario con vocación por la acción violenta, que no cree en los ejercicios democráticos, sus convicciones están en la fuerza y la imposición y quienes se les opongan sufrirán el rigor de su acción.


Dejar atrás esta historia de sangre implica transformar las políticas donde se asientan las dinámicas que promueven las violencias, hay que insistir y persistir en las transformaciones pendientes para construir una sociedad de derechos, en paz y con equidad.


La primera y sustancial transformación está en construir un orden rural equitativo, superando este orden de exclusiones, esa es la principal transformación y donde se podrá construir un estado democrático y de derecho que rija en el 100% del territorio colombiano.


Transformar el mundo rural es un desafío histórico, este orden de exclusiones se ha construido desde nuestra vieja historia colonial y se ha reforzado en nuestra vida republicana y se sigue construyendo con la variable concentración de la tierra y ejerciendo violencias abiertas o soterradas y es sobre este excluyente reparto de tierras que se asentó hace medio siglo la economía de narcotráfico que no es causa sino efecto: efecto de las exclusiones y falta de derechos a la tierra para millones de familias campesinas que han sido empujadas a nuevos ciclos de colonización con los enormes efectos sociales y ambientales que ya conocemos.


Cumplir con el punto de la Reforma Rural Integral acordada con la antigua guerrilla de las FARC hoy partido de los comunes es prioridad e ir mucho más allá, por que así se cumpla el 100% de lo pactado, aún quedara tarea para lograr un campo democrático y con equidad que supere el actual orden donde el 1.5% de los propietarios concentran casi el 35% del territorio y tenemos un millón de familias campesinas con poca tierra y otro millón sin tierras, para no hablar de los otros dos millones que sufrieron la barbarie paramilitar y perdieron sus tierras, despojo que hay que seguir trabajando por revertir.


Junto a la política de transformación del mundo rural, hay que cerrar la fracasada guerra contra las drogas, debemos persistir en buscar un camino con la comunidad internacional para que se cierre esa nefasta política que tanto daño nos sigue haciendo y pasemos a una nueva política de regulaciones y control de los diversos productos que hoy están en la ilegalidad y que siguen siendo parte de circuitos económicos y de practicas sociales y culturales que hay que sacarlas de la ilegalidad y darles su lugar en nuevas políticas más humanas y éticas con la diversidad que se relaciona con ellas, si no nos zafamos de la fracasada guerra contra las drogas, no vamos a tener posibilidades de parar esta barbarie.


En todo este contexto de transformaciones y de cambios de políticas, seguiremos teniendo el desafío de construir estado de derecho, economías legales y potenciar la participación social y ciudadana en los doscientos cincuenta municipios donde hoy es critica la vulneración de derechos, solo con una presencia integral del estado, en permanente dialogo y concertación con las comunidades, es que lograremos ganar la lucha contra los barbaros que hoy ultrajan y agreden la vida.


En este conjunto de transformaciones se requiere una fuerza pública respetuosa y aconductada plenamente con la constitución del 91, lejos de la doctrina del enemigo interno que aún hoy se mantiene en nuestras instituciones de seguridad y defensa, alejada de los ilegales y de los cruces de corrupción.


La seguridad de las comunidades y de sus líderes no se va a lograr con mas alertas tempranas, concejos de seguridad, exclamaciones de políticos y militares de que hay compromiso con investigar crímenes, con más carros blindados y chalecos antibalas y mas escoltas, todo ello puede ser importante, pero no va a la raíz de la problemática.


Cambiemos el chip, seguridad para comunidades y líderes es transformar nefastas políticas que elites de poder quieren mantener.


De este gobierno no vendrán las transformaciones, se requiere nuevo poder, un poder comprometido con la equidad, la democracia de calidad y una Colombia en paz, en el 2022 se juega mucho, o hay nuevo poder para avanzar o seguiremos en esta barbarie que tanto nos ha golpeado en nuestra vida republicana.