Francia Márquez Mina: hija legítima de la Constitución del 91
Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares

Cuando se promulgó la Constitución del 91, Francia Márquez Mina tenía 9 años y vivía en la vereda Yolombó, en el corregimiento La Toma, del recién constituido municipio de Suárez, que se instituyo como tal en 1989. Antes, este territorio era parte del municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca.
La gran mayoría de la población de Suárez está constituida por personas afrodescendientes, como Francia, que conviven con comunidades indígenas y campesinas. La historia de Suarez está marcada, en las décadas recientes, por dos hechos: la instalación de la represa de La Salvajina (terminada en 1985) y la lucha por la permanencia en el territorio de las comunidades que lo han habitado desde el siglo XVII, cuando personas esclavizadas para la minería fueron traídas de África. Esta realidad que se ha configurado en el territorio ha estado marcada, en buena medida, por los grandes intereses mineros y de otros sectores económicos por instalarse en la región. Todo ello en medio de las violencias de paramilitares, guerrillas y un Estado que no garantiza protección y al que se le ve como un actor secundario, que tampoco tiene la autoridad ni la credibilidad frente a las comunidades.
Desde mediados del siglo XIX, las familias afro tienen títulos de propiedad colectiva. En la región, las familias más tradicionales son los Balanta, los Márquez, los Congo y los Mina. Todas ellas trabajaban de manera colectiva en la minería y allí están las raíces de Francia Márquez.
En los últimos años se ha intentado desviar el Río Ovejas para aumentar la capacidad de la represa de La Salvajina, situación a la que se han opuesto las comunidades, que ya habían sufrido la construcción de esta represa. Como resultado de este proceso, habrían resultado damnificadas más de 6.000 personas campesinas, indígenas y afrocolombianas de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires: se habría producido el desplazamiento de cientos de familias que perdieron sus viviendas, fincas y minas. Todo un impacto social, cultural y económico que no fue debidamente atendido por el Estado colombiano.
Ante el propósito de desviar el Río Ovejas, el Concejo comunitario de La Toma se opuso a este proyecto junto a otros concejos comunitarios de la región. También se mostraron en desacuerdo cabildos indígenas y organizaciones campesinas. Y allí participó la joven Francia Márquez, trabajando por documentar los impactos y construir razones para la lucha que libraba su comunidad junto a otras colectividades.
Desde siempre, Francia Márquez Mina se involucró en la acción colectiva en defensa de sus derechos: supo que había mecanismos legales para protegerlos y así lo hizo al liderar una tutela por los derechos territoriales, denunciando la violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el territorio, al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada. Estos derechos fueron tutelados mediante la sentencia T-1045A de 14 de diciembre de 2010.
Frente a esta experiencia de exigibilidad de los derechos de su comunidad, y al ver los frutos de la sentencia del 2010, decidió estudiar Derecho en Cali en medio de una y mil dificultades que sorteó con carácter y firmeza. Francia Márquez Mina ha sido perseguida y amenazada; ha visto la pérdida de vidas en su comunidad por la violencia o por los desastres de una minería familiar que debe recibir más apoyo institucional.
Hoy, Francia Márquez compite por la Presidencia en la consulta del Pacto Histórico. Tiene la convicción de que puede ganar porque tiene saber y fuerza. Hay que mencionar qe+ue compite contra el principal dirigente de la izquierda colombiana: Gustavo Petro (aunque a este le parece una denominación que ya no cuadra con el presente). Francia Márquez quiere ser la primera de esa consulta, propone gobernar desde mandatos populares y comunitarios, cerrar definitivamente la guerra que ella ha vivido desarrollando plenamente el acuerdo firmado con las FARC-EP, lograr una negociación de paz con el ELN y alcanzar el sometimiento de todo ese mundo de bandas criminales que persisten; además, propone salir de la guerra contra las drogas buscando otras políticas alternativas, propone una economía para el bienestar y para las mayorías, no esta economía de exclusiones y concentración que hemos vivido.
Francia Márquez tiene propuestas para la protección ambiental y para una democratización de la propiedad rural, por una permanencia digna de su comunidad de La Toma y de miles de comunidades afros, indígenas y campesinas como las que han compartido con ella y su familia en su natal Buenos Aires. Además, desde sus luchas reivindicativas busca promover los derechos de las mujeres y su protagonismo en todas las dinámicas de sociedad. La precandidata habla pausado y firme, quiere ser la primera presidenta de Colombia y compite con tranquilidad.
Sin duda, Francia Márquez es hija de la constitución del 91, la que nos ha prometido derechos, paz y democracia de calidad. A todo ello se ha comprometido la precandidata, que enriquece con su liderazgo y participación este debate en curso.
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