Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Sigue dando de qué hablar el caso judicial del exsenador Uribe Vélez. Esta vez las reacciones fueron por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, quien a través de Caracol Televisión habló sobre la más reciente decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del expresidente en el caso en el que se le ha implicado por manipulación de testigos.
En esta ocasión a través del medio de comunicación se escuchó al magistrado quien advirtió varias cosas. Por un lado, se refirió respecto a la decisión conocida hace poco de la solicitud de preclusión que presentó el fiscal Gabriel Jaimes en el caso en el que se investiga al expresidente, expresando que la Fiscalía ”hizo equipo” con la defensa de Uribe, pues “ participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. Me refiero a que ‘hizo equipo’, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la Constitucional Nacional”.
Vale la pena nombrar que Jaimes en su momento aseveró que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito». Justamente sobre esto y en relación con lo anterior Hernández expresó que “encuentro cuestionable de la Fiscalía que haya hecho equipo con la defensa en la audiencia ante el juez 30 penal municipal intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la Corte era inválido”.
Hay que recordar que uno de los puntos que argumentaron desde la defensa de Uribe para que las pruebas de la Corte no se tuvieran en cuenta, fue que estas se hicieron de manera ilegítima, pues la Corte había interceptado las llamadas y mensajes de texto de Uribe entre marzo y abril de 2018 y con esto se estableció relación del implicado con el delito en cuestión.
No obstante, la defensa también ha hecho público que no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan. Sin embargo, hay que señalar que el concepto de la Corte durante el proceso también se ha basado en entrevistas y testimonios con personajes como Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y Carlos Enrique Vélez.
Sobre las interceptaciones Luis Antonio Hernández señaló que: “Eso fue un error, nosotros lo reconocimos, lo explicamos y dijimos en su momento que la legalidad de esas interceptaciones debería ser evaluada por el juez al que le correspondiera resolver el caso, que no éramos nosotros porque en ese momento cuando dimos esas declaraciones ya las nuevas salas al interior de la Corte habían sido implementadas”.
En un primer momento se escucharía a la Fiscalía, quienes expondrían las razones por las que el proceso debe ser precluido, a esa solicitud podrá oponerse Iván Cepeda, así como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Además si la jueza acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá, a donde también llegaría si es negada pero la Fiscalía y/o la defensa del exsenador apelan.
Adicionalmente, hay que traer a colación que en entrevista con el mismo medio el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, aseguró que este “fue un caso que desde el comienzo nació torcido. Porque fue un caso que se inició a espaldas del presidente (Uribe), que siendo aforado y como cualquier persona tenía derecho a conocer si había investigaciones en su contra, pasaron meses sin que se conociera, no se pudo interrogar a los testigos, especialmente contrainterrogar a los testigos de cargo; hubo una serie de vicios que sería muy largo relatar acá, afectación en sus garantías, al extremo que lo llevaron a él a renunciar (al Senado) para poderse defender con todas las garantías”.
En relación con esto, el magistrado de la Corte dijo que desconocía que algo así haya sucedido, y que: “así no actúa la Corte, la Corte garantiza todos los derechos de los procesados; me resisto a creer que la Corte haya transgredido derechos del procesado en el caso. Muchas cosas se han dicho públicamente, muchas cosas que no son ciertas, me parece que eso hace parte de la estrategia de la defensa, ese es un proceso con una enorme propaganda. En esa medida, públicamente se ha persuadido de muchas cosas que no tienen respaldo. (…) Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y, por lo tanto, todos esos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y sus magistrados”.
Un caso entre ires y venires
Esto se da en el contexto de la preclusión que fue solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes, que de nuevo puso sobre la mesa la posición de la Fiscalía respecto a este caso, que, hay que recordar, llegó a esta instancia luego que Uribe renunciara a su cargo como senador, lo que le quitaba la competencia al alto tribunal, el cual poco antes –el 04 de agosto – había ordenado detención domiciliaria para el expresidente por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, quien para ese momento ya estaba privado de la libertad.
Así las cosas, el pasado 05 de marzo la Fiscalía solicitó formalmente a los juzgados de Paloquemao una audiencia para pedir la preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, sobre esta aún no se ha definido fecha, pero se ha informado que la diligencia tomará varios días pues se contará con las intervenciones dela Fiscalía, la defensa de Uribe, las víctimas y la Procuraduría.
En un primer momento se escucharía a la Fiscalía, quienes expondrían las razones por las que el proceso debe ser precluido, a esa solicitud podrá oponerse Iván Cepeda, así como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Además si la jueza acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá, a donde también llegaría si es negada pero la Fiscalía y/o la defensa del exsenador apelan.
Ahora, es necesario recordar que será Carmen Helena Ortiz Rassa –jueza 28-, la jueza encargada de escuchar a las partes implicadas, quien, como se informó en El Espectador inició su carrera en la Rama Judicial en septiembre del año 2000 en Bogotá como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca. Luego se desempeñó como Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Jueza 42 Penal Municipal, Jueza 16 Penal Municipal y Jueza Sexta Penal del Circuito Especializada de Bogotá.
Además, el medio referenció que “una de las decisiones judiciales recientes de la Jueza 28 fue tomada el 18 de octubre de 2019 en la que confirmó un fallo que había tomado otro despacho judicial, ordenando medidas urgentes de protección a las víctimas y los pobladores de 19 municipios que están dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, a petición de la Fiscalía General. En esa oportunidad, la entidad solicitó la recolección de residuos dejados en la vía que de Toledo va a Puerto Valdivia, implementar un plan de remoción del buchón de agua, estabilizar el terreno, entre otros”.
Por otra parte, hay que resaltar que el magistrado Luis Antonio Hernández en entrevista con Caracol Televisión argumentó que a la jueza anteriormente nombrada deberá llegar tanto “la información del expediente que envío la Corte Suprema a la Fiscalía y la que allegó la Fiscalía en la investigación que realizó en los últimos meses. La Fiscalía tiene la obligación de presentar el expediente todo”.
Por otra parte, vale la pena mencionar que todo esto también llevó a que el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre hicieran público que procederán a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Jaimes, por, entre varias otras cosas, haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión, favorecer los intereses del procesado apartándolo de su deber legal y constitucional, así como por haber pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe.
Con todo esto, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, agregó que lo que ha sucedido con la Fiscalía en efecto se puede entender como si el organismo hubiera hecho equipo con la defensa del expresidente, pues “es atípico que el ente acusatorio tome este tipo de decisiones e ignore o invalide pruebas dentro de un proceso de este tipo, y emitidas por un organismo como la Corte Suprema de Justicia, además, en este sentido se puede sustentar la denuncia que dijo el senador que haría, pues este accionar y el ir en contra de la normatividad podría ser considerado como prevaricato. Además, surge el cuestionamiento: ¿si no hubiera sido Uribe el implicado, la Fiscalía sí hubiera imputado cargos”.