Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 12 de febrero se conoció que en la finca de Fernando Sanclemente, para ese momento embajador de Uruguay, durante un allanamiento en la propiedad ubicada en Guasca (Cundinamarca) se encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de 6896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína y 9453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína.
Adicionalmente, en el hecho fueron capturados en flagrancia y judicializados: Cristian Gómez Vanegas, Dumer Bohórquez Daza, Jhon Jairo Morales Zambrano, Pablo Castillo Perilla y Jhefer Castillo Gómez, condenados ocho (8) años de prisión.
Hay que señalar que por este caso el presidente no solicitó la renuncia del funcionario, fue hasta casi dos meses después de lo sucedido que Sanclemente decidió dejar el cargo, decisión que informó luego de pedir una licencia, a la que le siguió la renuncia comunicada a través de una carta presentada a Duque, en la que se argumentaba que esta acción se daba “en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su Gobierno”.
De igual forma, en su momento, desde Pares se señaló que en la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente humana que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación, tras también venir investigando la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacían los envíos de la droga a sus destinos.
Asimismo, el 01 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que había materializado las medidas cautelares con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador Sanclemente. Este operativo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio arrojó, entre otras cosas, la afectación de los inmuebles que tenían un valor comercial $150.000’000.000 millones de pesos, que se encuentran en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De esta forma, procedieron la ocupación de “cuatro (4) predios rurales y dos (2) vehículos pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar y fue su representante legal hasta el 6 febrero de 2019”.
La sombra de Sanclemente y el silencio de Duque
Desde que se conocieron los hechos en la finca Haras de San Francisco, se alertó sobre el silencio del presidente Duque, quien incluso previo a los hechos había hecho un llamado a “la mano dura” en la lucha antidrogas, pero al momento de conocerse lo ocurrido en la narcofinca no fueron mayores sus acciones, recalcando que involucraban a un funcionario del Gobierno.
Así, en abril desde la Fiscalía se comunicó que el exembajador iba a ser citado y vinculado a la investigación. Sin embargo, hasta la fecha, el mismo ente no ha fijado fecha para que el exembajador Fernando Sanclemente rinda su testimonio ante la justicia. No obstante, desde julio ha estado involucrado Laureano Martínez, quien ejercía como mayordomo de Sanclemente y quien se ha convertido en una ficha clave para la investigación y el rumbo que puede tomar.
Sobre Martínez hay que señalar que fue arrestado el pasado 1 de julio, junto a dos personas más, una de las cuales también trabajaba en la finca. Laureano meses después se acogió a los cargos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y falsa denuncia, por los que pagaría también ocho años de cárcel.
Vale la pena mencionar que la información anteriormente nombrada se conoció en septiembre, cuando Martínez se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptaba los delitos y se le daba la misma pena de los primeros implicados – 8 años -, dicho preacuerdo sería presentado ante el Juzgado Primero Especializado de Bogotá, mientras el implicado permanecía en la Sala de Retenidos de la DIJIN.
En su momento la Fiscalía comunicó: “Ante la contundencia del material probatorio obtenido por la Fiscalía, los procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos y fueron sentenciados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.
Hay que recordar que días después del allanamiento Martínez había aseverado que guardaba silencio sobre lo ocurrido por temor a perder su vida: “El 10 de septiembre de 2019 llegaron unos señores a la finca. Me dijeron que los tenía que dejar trabajar ahí. Que ellos iban a colocar algo de licores y que, si no autorizaba, mataban a mi familia”.
Un nuevo giro: preacuerdo es retirado
El mismo día que circuló un audio en el que se escuchaba a la periodista Vicky Dávila con Jairo Lozano hablar sobre el presunto conocimiento de Sanclemente sobre la narcofinca, en el cual, según lo publicado en el portal Cuarto de Hora, Lozano comentaba que todo estaba cuadrado para que el mayordomo de la finca asumiera toda la responsabilidad de los delitos y así evitar que “avanzara la investigación en contra de Sanclemente”.
Además, se había conocido que en medio de una audiencia virtual citada para que un juez avalara o no el preacuerdo que firmó la Fiscalía con Laureano Martínez, se había decidido, como se confirmó a través de El Espectador que “la fiscal Yazmín Constanza Llanos fue relevada del caso y este fue asignado a un nuevo fiscal: Daniel Hernández”.
Este último durante la sesión anunció el retiro del preacuerdo e informó que en los próximos días se empezará una negociación entre la Fiscalía y Martínez para firmar un principio de oportunidad, esto para establecer quiénes hicieron parte de este negocio, tanto desde la ejecución, pero también sobre las personas que daban las órdenes del funcionamiento de estos tres laboratorios de cocaína y la comercialización de las sustancias producidas allí.
Por su parte, Martínez y su abogado Víctor Muñoz aseguraron durante la audiencia que hay disposición para contar sobre los hechos y aportar a que se establezcan los responsables. Por otra parte, Daniel Hernández aseguró que hasta ahora la colaboración ha sido nula, además, afirmó que “el preacuerdo tenía un error (…) en el que se desconoce y no se verifica por la Fiscalía lo relativo al artículo 349, el que dicta establecer si sobre las actividades de Martínez se generó alguna clase de incremento patrimonial. (…) Sin embargo, sin estudiarse esto se dio un beneficio de hasta el 50% en la pena sin unos pilares fundamentales”.
Finalmente, se espera que Sanclemente rinda su testimonio y que con las pruebas, testimonios y personas implicadas en el caso se logre establecer, sin beneficios y sesgos de por medio, quiénes son los responsables de este hecho tanto por su relación directa, como determinadores, financiadores, e incluso, quienes se ven relacionados por omisión.