Por: Laura Cano Periodista – Pares
Hace algunas semanas parecía que se abría un nuevo capítulo en la historia judicial de Mario Montoya, pues la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, decidió imputar a Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales.
Los homicidios, según las investigaciones de la Fiscalía, habrían tenido lugar entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, mientras Montoya se desempeñaba como comandante del Ejército. Durante ese periodo (en el que regía la política de privilegiar a los uniformados con mayor número de capturas y muertes en combate), se presume que múltiples asesinatos de civiles se reportaron como resultados operacionales exitosos. Del total de estos casos, cinco habrían sido cometidos contra menores de edad.
Se informó en Blu Radio que, según varias investigaciones, “el general Montoya había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejército o de sus delegados. Desde el 20 de noviembre, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña. Montoya comunicó la nueva directiva, pero no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas. En este orden de ideas, de manera consciente, el general Montoya habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares”.
Pues bien, recientemente se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá, actuando en función de garantías, decidió no avalar que se juzgue el caso en la justicia ordinaria, argumentando que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que debe llevar este proceso. Además, se aseguró que en este caso no cabe ningún recurso de apelación.
El Tribunal manifestó “Abstenerse de realizar audiencia de formulación de imputación en el caso del general en retiro Mario Montoya Uribe, según convocatoria realizada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los punibles de homicidio agravado, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, en el denominado caso de falsos positivos que actualmente es conocido por la JEP donde se ha sometido voluntariamente”.
Adicionalmente, se aclaró que la Fiscalía sí puede avanzar en las investigaciones y recolección de pruebas pertinentes, pero no tiene la competencia de avanzar con diligencias como la imputación de cargos ante la justicia ordinaria.
Por otra parte, hay que recordar que justamente la defensa de Montoya había asegurado, cuando se conoció la decisión de la Fiscalía, que este organismo no podía imputar cargos al general (r). Esto argumentando que Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2018 y que, si bien la Fiscalía puede mantener la competencia de las investigaciones que se desarrollan en la justicia ordinaria, esta entidad no puede tomar decisiones de fondo ni citar a las personas involucradas a diligencias judiciales.
“El señor fiscal no puede derogar en ningún momento ni el acto legislativo que reglamenta el Acuerdo de Paz que le da competencia prevalente a la Justicia Especial para la Paz y tampoco puede desconocer la Ley Estatutaria que estipula que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para quien están sometidos a la JEP”, señalaba Andrés Garzón, abogado de Montoya.
Hay que recordar que en las comparecencias de Montoya, este se ha negado a aceptar las acusaciones que se le hacen. Incluso en una de sus versiones aseguró que quienes cometieron estos crímenes lo hicieron “por falta de capacitación”.
Asimismo, hay que señalar que, en septiembre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP citó a una audiencia de sometimiento a Mario Montoya Uribe, para que en esta suscribiera el acta de sometimiento ante la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Finalmente, el general (r) firmó dicha acta el 17 de octubre, en la que se comprometió a comparecer ante la JEP y a contribuir a la reparación de las víctimas.
No obstante, hasta el momento, los aportes de Montoya se han quedado cortos. Incluso en algunas ocasiones víctimas del conflicto armado reclamaron que el exgeneral fuera retirado de la jurisdicción. Así las cosas, la actual decisión pone sobre la mesa la responsabilidad de Montoya para aportar en la JEP, pues hay que recordar que este exmilitar no solo está relacionado con las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales, sino que también fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003.
Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas.
Otro de los paramilitares que mencionó en versiones libres al general fue Daniel Rendón Herrera, quien señaló que Montoya recibió dinero para ayudar a Miguel Arroyabe, del ‘Bloque Centauros’, en la guerra contra ‘Martin Llanos’ por el control del Meta y Casanare.
Pero no sólo han sido exjefes paramilitares quienes vinculan al general (r) con actividades ilegales. En 2010, tres coroneles y un capitán testificaron en contra de Montoya, a quien acusaron de autorizar la utilización de guías civiles, quienes, más tarde, se comprobaría fueron paramilitares en acciones que culminaron en la masacre de ocho campesinos que hacían parte de la. Así que aún queda mucho camino por delante en lo que se refiere a las responsabilidades de Montoya.