Por: Daniela Garzón (investigadora nacional) y Laura Cano (periodista) Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
Luego de un primer intento que llevó a las personas a manifestarse en las calles para que no fuera aprobada, finalmente, en su versión 2.0, se le dio luz verde a una nueva reforma tributaria —la cuarta que presenta este Gobierno— después de que, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República, la propuesta, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional, tuviera la mayoría de votos a favor: 124 votos positivos y 8 negativos en la primera corporación, y 76 votos a favor y un voto en contra, en la segunda. Lo que en abril fue el florero de Llorente, hoy fue una reforma aprobada en tiempo express a la que solo le falta la conciliación y pasar a sanción presidencial.
Este proceso comenzó el pasado 24 de agosto, cuando el Gobierno radicó la propuesta, y un día después fue aprobada en primer debate por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Este 7 de septiembre, en debates simultáneos la reforma tributaria pasó invicta. Por lo menos en el Senado, los 61 artículos que la componen, incluyendo los nuevos que agregó el ministro, fueron aprobados.
Este proyecto, según lo argumentado por Iván Duque y Hacienda, busca recaudar $15,2 billones para atender la crisis generada por la pandemia del covid-19 en el 2020 y los problemas fiscales: este valor representa ocho billones menos de lo que pretendía recaudar la polémica reforma de Carrasquilla. La bancada de oposición consideró que la reforma se estaba aprobando a ‘pupitrazo’, pues entre el tiempo de radicado de la ponencia definitiva y su debate no hubo ni 15 horas de diferencia. Según sus miembros, no hubo garantías para el debate.
La ponencia, que llegó en la tarde del lunes, contenía 61 artículos, 6 de ellos nuevos. Entre los cambios de este nuevo texto estaban algunos como la extensión de las ayudas al sector de restaurantes y bares (eximiéndoles del pago del IVA e impuesto al consumo hasta el 2022) y nuevas herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones de las normas de tránsito que se hayan hecho con anterioridad al 30 de junio de 2021.
Del primer articulado presentado por el Gobierno, se cayeron en la primera ponencia —afortunadamente— las facultades extraordinarias que el artículo 17 le daba al presidente para que durante los seis meses siguientes a la publicación de la ley pudiera expedir “normas con fuerza de ley” para “suprimir, fusionar, reestructurar (…) [y] modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva”. Como advirtió el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, no había ninguna claridad sobre cuáles entidades serían reestructuradas y bajo cuáles criterios. En nombre de la austeridad se podría haber abierto una puerta más para la concentración de poder en manos de Iván Duque, al que parece que no le fue suficiente el Estado de Emergencia Económica.
Volviendo a lo aprobado, hay que señalar que en el Senado la votación se dio en varios bloques. El primero con un grupo de 39 artículos, que correspondía al 64% de la reforma. Allí había propuestas como los tres días sin IVA, además de las incluidas respecto al sector de restaurantes (mencionadas anteriormente). Posteriormente, se votó un grupo de 16 artículos que incluían proposiciones que no fueron aprobadas, quedando como venían en la ponencia. En concreto, la reforma vuelve a poner el peso de la carga tributaria en las empresas —una idea que surgió de la ANDI frente a la presión social que produjo la anterior reforma—, pues les aumenta la tarifa de renta del 30 al 35%, con una sobretasa para el sector financiero de tres puntos. También, apuesta por recaudar alrededor de $300,000 millones este año a través de la normalización tributaria, es decir, ofreciendo amnistía a activos que no se hayan reportado con una tarifa del 17%. Estas medidas, a juicio de algunos economistas, desincentivan que se declare en el momento que debe hacerse.
Se reglamentarán, también, los tres días sin IVA y se extenderán las ayudas al sector de restaurantes y bares. También se crearán incentivos tributarios para las empresas de la economía naranja, y se deberá pagar IVA por la importación de bienes inferiores a 200 dólares.
La reforma, igualmente, extiende programas que surgieron durante la pandemia (como Ingreso Solidario) hasta diciembre de 2022, y amplía el programa de apoyo al empleo formal (PAEF) hasta diciembre de este año, focalizándolo en empresas que tengan máximo 50 personas empleadas. Además, garantiza una de las victorias del paro: la matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que estén matriculados en instituciones de educación superior públicas. Dentro de lo aprobado también hay nuevos ajustes a la Regla Fiscal para limitar la posibilidad de endeudamiento. A las quejas de la oposición podría sumarse que todas sus propuestas fueron derrotadas. Su ponencia alternativa no se tuvo en cuenta ni tampoco el sonado impuesto a las bebidas azucaradas, que lleva varios proyectos de reforma en discusión.
Para lo que sí hubo tiempo fue para meterle otro gol a la paz: según Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, en la reforma se acaba con la focalización de obras por impuestos en los municipios más afectados por el conflicto armado. Lo anterior, al abrir la posibilidad de que la inversión se haga también en proyectos “de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la Nación”.
No hay que dejar de lado que, según el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, este proyecto de Inversión Social establece mantener el ingreso solidario para 200 mil familias más. Además, se brindará un subsidio del 25% de un salario mínimo para las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 28 años; y, también, se dará un subsidio para la contratación de mujeres y el resto de la población.
“Esta reforma lanza la pelota y el problema a la siguiente administración. Esto no resuelve problemas estructurales de déficit fiscal de mediano y largo plazo, compromete la regla fiscal, dificulta los escenarios del marco fiscal de mediano plazo y, definitivamente, no es algo más que superficial y un maquillaje que, en últimas, nos devuelve a lo mismo de siempre. Es decir, en lo tributario en vez de avanzar en estos cuatro años que tuvo el Gobierno nacional, lo que se hizo fue volver a una posición similar a la anterior de la posesión presidencial de Duque. De tal forma que el problema queda vivo e incluso más agudizado”, concluyó una de las fuentes consultadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).