Por: Laura Cano
Periodista - Pares
Desde 2019, el exsenador Álvaro Ashton llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de un alegato en el que, por ejemplo, la Fiscalía argumentaba que los delitos por los que se le implicaba no tenían relación con el conflicto armado, por lo que no era la JEP la llamada a conocer de esos hechos. No obstante, en julio de 2019, el Tribunal resolvió asumir competencia sobre el proceso con el argumento de que el caso Ashton sí tenía relación con el conflicto armado.
Más puntualmente, entre los delitos por los que se investiga a Ashton se encuentra el de concierto para delinquir, pues presuntamente se habría aliado con paramilitares del ‘bloque Norte’. Según lo informado por Semana, esta investigación “comprende 40 cuadernos, con 38 testimonios, 11 inspecciones judiciales y 10 informes del CTI (dentro de estos el compendio de grabaciones recuperadas). En uno de esos documentos, 3 líderes paramilitares señalan expresamente a Ashton”. Asimismo, también se le implica a Ashton con el delito de cohecho, relacionado con la presunta entrega de coimas para frenar una investigación en su contra por parapolítica, hecho que se enmarcó en el llamado escándalo del ‘Cartel de la Toga’.
Pues bien, luego de que su proceso fuera asumido por la JEP, el 26 de septiembre de 2019, se le concedió el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada por unanimidad. Así las cosas, lo que se pretendía con la llegada de Ashton al tribunal era que aportara al esclarecimiento de varios hechos, entre los que se encontraba la llegada de su sobrino, Fabián Ashton, como empleado, al Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), una entidad estatal que habría estado cooptada por el ‘Frente José Pablo Díaz’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2004 y 2006.
Adicionalmente, se esperaba que dijera cuál había sido su aporte en la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz, proceso que habría estado relacionado con extorsiones y amenazas de las AUC, organización armada que, al parecer, ejerció presión a cambio de no denunciar los nexos del exsenador con el grupo paramilitar.
Además, para que la JEP lo aceptara, se había comprometido a explicar las dinámicas del fenómeno de la parapolítica en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Valencia, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Repelón, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Galapa y la ciudad de Barranquilla. A esto se sumaba que, también, había dicho que daría información sobre los encuentros que sostuvo con el comandante del frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC.
Sin embargo, todas las puertas que se abrían para la posibilidad de esclarecer parte de los hechos que hicieron parte del conflicto armado en el Atlántico, y en los que Ashton había tenido participación, se fueron cerrando conforme corría el tiempo y los aportes del exsenador se mostraban precarios.
Justamente, la falta de compromiso de Ashton llevaron a que, recientemente, la JEP considerara que los aportes del exsenador eran “insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional”. Además, este tribunal estableció que “no se suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las AUC como una forma de control territorial. Lo anterior, pese a las múltiples oportunidades que le fueron brindadas para aclarar y subsanar la información suministrada para superar tanto el umbral judicial de lo probado como los niveles de intensidad previstos cuando se le otorgaron beneficios".
Estos argumentos llevaron a que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidiera revocar el sometimiento del excongresista Álvaro Antonio Ashton, quedando este caso en manos de la justicia ordinaria. Al mismo tiempo, la Sala revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que le había otorgado previamente. Así las cosas, de nuevo, Ashton enfrentará su proceso ante la justicia ordinaria, donde en 2017 ya había sido enviado a la cárcel La Picota a raíz de la investigación por parapolítica iniciada en 2012 en su contra, cuando varios testimonios lo señalaron de tener nexos con las AUC. Además, también se le había implicado de haber sido parte del ‘Plan Caribe’, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Al respecto, es importante mencionar, como lo planteó Verdad Abierta, que el ‘Plan Caribe’ consistió en una alianza “en la en que el entonces (2008-2011) alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, apoyaría a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los paramilitares”. Esto se conoció luego de las versiones dadas ante la Corte Suprema de Justicia, en 2012, por el segundo jefe político de las Autodefensas en el Atlántico, Mario Marenco Egea, conocido con el alias de ‘El Gordo’, quien aseguró que ‘Jorge 40’, junto a otros paramilitares, e incluso después de su desmovilización, “idearon un plan para seguir teniendo cómplices en la clase política de la Costa Caribe en vista que se avecinaban las elecciones al Congreso de 2006”. Justamente, entre los congresistas que fueron mencionados por Marenco estaba Álvaro Ashton.
Por otra parte, es importante recordar que, mientras estaba recluido en el centro penitenciario, en marzo de 2018, se denunció en La Fm que “El senador Álvaro Ashton, no solo sigue recibiendo su sueldo mensual pese a estar en la cárcel; los asesores que trabajan en su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) también siguen devengando salario. Son 10 los trabajadores que tiene la oficina del parlamentario que ganan entre $2.344.000 y $6.250.000, los cuales se han venido cancelando por parte del Congreso desde el pasado 10 de diciembre, cuando el congresista fue capturado”.
Con la decisión que ha tomado la JEP respecto a Ashton, se espera cuál será el futuro del exsenador en la justicia ordinaria, en donde ahora deberá seguir respondiendo por los delitos en los que se le ha implicado y, además, en donde se espera se sigan dando pasos contundentes para determinar sus responsabilidades tanto en el ‘Cartel de la Toga’, como las relacionadas a sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.