Por: Redacción Pares
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramirez Paris Lobo, por presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Urbanización Cormoranes, por más de $4.000 millones de pesos.
La decisión también cobijó a los exsecretarios de Despacho Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo, Jimy Galán Villamizar; de Infraestructura, Oswaldo Grajales Rosas para el año 2013, y Juan Carlos Sierra Castellanos para el 2015, y la Secretaria Privada Área Dirección Relaciones Institucionales para el 2015, Irly Yesenia Sandoval Pacheco.
El órgano de control reprochó el presunto actuar irregular de los secretarios, quienes al parecer desconocieron el principio de planeación de la contratación estatal al elaborar los estudios previos y suscribir las contrataciones mediante las cuales se construyeron las etapas I y II del CDI de Cormoranes, que posteriormente presentaron fallas estructurales que imposibilitan su funcionamiento.
Para la Procuraduría los estudios que sirvieron de fundamento a los contratos de obra nro. 876 de 2013 y 767 de 2015, al parecer, eran deficientes por cuanto permitieron el desarrollo de la edificación en un terreno que presentaba inestabilidad y saturación del suelo por aguas de infiltración, lo cual conllevó que las obras ejecutadas presentaran fallas estructurales que impiden la prestación de los servicios a niños y niñas de la primera infancia.
El ente de control cuestionó al exmandatario local por presuntamente omitir la vigilancia y control sobre la delegación otorgada al secretario de la Dirección de Fortalecimiento Corporativo, lo que permitió la suscripción del contrato de obra número 876 el 30 de agosto de 2013, pese a que los estudios eran deficientes.
Entre las pruebas recaudadas en el proceso se encuentra el informe emitido por la Oficina Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastres que recomendó demoler las estructuras que componen el CDI Cormoranes y restringir el uso del suelo para cualquier tipo de edificaciones que se planeen construir en el sector y las zonas aledañas, y concluyó que las obras de mitigación de riesgos en este caso resultan insuficientes.
La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.