Por: Sebastián Mora y Esteban Salazar, investigadores de la Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares
El 29 de agosto se dio la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Para esta elección no se tuvieron en cuenta ni la Ley de Equilibrio de Poderes ni el precedente que marcó la reciente elección del Contralor General de la Nación. Tal como PARES y el GIREPO habían advertido, el nombramiento de los nueve magistrados debió seguir un proceso de meritocracia y aplicar por analogía el nuevo sistema de elección.
La elección fue, entonces, el resultado del clientelismo, las viejas prácticas políticas y no estuvo exenta de confusiones jurídicas sobre las inhabilidades de los candidatos. Una de ellas se dio en torno a la respuesta que dio la Mesa Directiva del Congreso, en cabeza del senador Ernesto Macías, el 28 de agosto afirmando que las personas que hubieran sido candidatas o hubiesen sido electas como miembros de una corporación popular dos años antes de la elección no podrían presentarse como elegibles al CNE. Esto, en un principio, inhabilitaba a los recién electos magistrados Jorge Rozo de Cambio Radical, Hernán Penagos del Partido de la U, Heriberto Sanabria y Jaime Lacouture Peñaloza del Partido Conservador.
Ahora bien, el Departamento para la Función Pública (DAFP) en la mañana del 29 de agosto emitió un concepto sobre el particular contradiciendo a la Mesa Directiva del Congreso y afirmando que tal inhabilidad no existe, debido a que esta debe ser taxativa y estar explícitamente consignada en la Constitución, en este caso en el artículo 267. Cabe aclarar que este concepto no es vinculante.
En estas circunstancias se desarrolló la elección desde la 4pm hasta las 8pm del Congreso en pleno para elegir a los 9 magistrados.
Como hecho importante, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, AICO y el Consejo Comunitario La Mamuncia presentaron una sola plancha de candidatos, contrario a la idea de que los partidos grandes presentaran planchas separadas. Esto marcó un cambio muy importante en la configuración del CNE, ya que abrió las puertas para que el Partido Conservador tuviera un magistrado más, el más cuestionado de todos: Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
La plancha coalición del Centro Democrático consiguió 2 magistrados para el partido de gobierno, 2 para el Partido Conservador y 2 para el Partido Liberal. Lo anterior también indica que el Centro Democrático pudo gestionar con esos partidos un contrapeso a la influencia de Cambio Radical y el Partido de la U, quienes esperaban sacar 3 magistrados y se quedaron únicamente con dos.
El sacrificado fue Virgilio Almanza, quien era ficha de los Char y además fue públicamente apoyado por 23 congresistas en carta enviada a Aurelio Iragorri, presidente del Partido de la U, certificando, supuestamente, su victoria como candidato por la Coalición U – Cambio Radical por encima de Noralba García, candidata de Dilian Francisca Toro y Abraham Jímenez de Cambio Radical.
Por último, se encuentra la coalición de partidos alternativos y de izquierda que integran partidos como el Polo, la Alianza Verde y Decentes que también contará con un magistrado.
Jaime Luis Lacouture Peñaloza
Abogado. Fue candidato al senado por el Partido Conservador para las elecciones del 11 de marzo de este año, pero se quemó con poco más de 45.000 votos. Además de contar con el aval de los conservadores, está casado con Sharyne Elías Tulena, prima de ‘El Ñoño Elías’, quien estuvo en la UTL del excongresista Dieb Nicolás Maloof Cusé, acusado de tener vínculos con el paramilitarismo.
Lacouture fue pieza clave para la entrada del ‘Ñoño’ a la Guajira, esto le permitió convertirse en el director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS-FNC) desde abril de 2016 hasta febrero de 2017.
A principios de agosto de 2018 fue señalado responsable por la prórroga de unos cánones de arrendamiento comercial con orígenes irregulares a la multinacional Odebrecht que daban valores depositados por $14.365 millones de pesos. Según una auditoría de la Contraloría General de la República, no se encontraron registros o sustento en la FPS-FNC de los bienes que fueron arrendados. Adicionalmente, se le usar el FPS-FNC en favor del ‘Ñoño Elias’ a través de gastos injustificados en contratación y adeudamiento al sistema de seguridad social en salud.
Heriberto Sanabria Astudillo
Profesional en Derecho y Ciencias Políticas. Magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Exalcalde del municipio de Florida (1995), diputado y secretario general de la Asamblea de Valle de Cauca (2002-2005), ultraconservador y ultrauribista. Fue elegido representante a la Cámara por el Valle con el partido Conservador en los periodos 2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018. En su momento, estuvo de acuerdo con el expresidente del Senado Juan Manuel Corzo cuando propuso revivir la inmunidad parlamentaria y fue el principal promotor del proyecto de ley que convocaba un referendo para abrir la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe. Se ha manifestado en contra de los derechos de la población LGTB, de la despenalización del aborto decretada por la Corte Constitucional en cuatro casos y opositor de la ley de víctimas.
En la última legislatura (2014-2018), compartió Comisión primera con Jorge Rozo (Cambio Radical) y Hernán Penagos (la U), desde donde fue ponente del proyecto de Reforma Política del Gobierno y votó para que se eliminara Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para las elecciones del 11 de marzo de 2018, Sanabria intentó dar el salto al Senado, pero se quemó con 53.718 votos. Adicionalmente, para dichos comicios fue denunciado por el exsenador Mauricio Delgado, del grupo Fuerza Social, debido a presuntos hechos de fraude electoral cometidos por Sanabria. La diferencia entre los dos era de apenas 300 votos: Delgado sumó 54.018 sufragios y Sanabria, 53.718. Según el exsenador Delgado, las irregularidades encontradas en los escrutinios pretendían restarle votos a su campaña y favorecer a Sanabria mediante clonación, enmendaduras, alteraciones numéricas, sumatorias irregulares, entre otras inconsistencias en los formularios E14, mecanismos denunciado por la Fundación Paz & Reconciliación ante la opinión pública en varias campañas.
Hernán Penagos Giraldo
Abogado, con especialización en Derecho Administrativo de la U. de Caldas y especialista en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia. Ha ocupado varios cargos en el sector público y privado. En el 2010 resultó elegido como representante a la Cámara por Caldas con el partido de la U. Fue reelegido para el periodo 2014-2018 donde ocupó la presidencia de la Cámara y fue el ponente estrella del Gobierno en relación con la implementación del Acuerdo de Paz.
Para las elecciones del 11 de marzo de 2018 intentó dar el salto al Senado de la República con el partido de la U, comicios en los que se quemó con 53.718 votos. A pesar de este resultado, Penagos fue el primero en lanzarse a la candidatura como magistrado del CNE por parte de su partido (la U), especialmente con el apoyo del grupo político de Mauricio Lizcano, quien puso a su papá Óscar Tulio como representante por Caldas. Este respaldo estaría encaminado a recibir apoyo en las elecciones locales del 2019 de parte del grupo político de Penagos.
Cabe destacar que, en febrero de 2018, la Procuraduría ordenó la apertura de un proceso por presuntos casos de corrupción en el Sena de Caldas al exrepresentante Penagos por sus vínculos con el regional de la entidad. Un caso en el que, según Grupo Élite Anticorrupción, se pudo encontrar pruebas de tráfico de influencias relacionada con la contratación atípica por prestación de servicios y que, además, habría favorecido a familiares de integrantes del partido de la U. Al respecto, en entrevista con RCN Radio, Penagos desmintió tener familiares trabajando en el Sena. Sin embargo, a finales de julio de 2018 la Procuraduría abrió investigación preliminar a Penagos y otros 10 congresistas más por hechos relacionados.
Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Es abogado de la Universidad Libre con especialización en Gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado y Especialización en Gestión de Ambiente y Desarrollo Regional de la Universidad Nueva Granada. Se ha desempeñado en cargos públicos como secretario de la Gobernación de Cundinamarca (2002-2004) y en cargos de elección popular con el partido Cambio Radical como representante a la Cámara por Cundinamarca (2006-2010; 2010-2014; 2014-2018). En su última legislatura hizo parte de la Comisión Primera, desde donde participó en los debates de la reforma política que presentó el gobierno como parte del Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual se proponía eliminar el CNE y crear el Consejo Electoral Colombiano. Para ese momento, Cambio Radical no estaba alineado con el Gobierno, por lo cual Jorge Rozo presentó ponencia negativa al proyecto de ley. Al final, salió derrotado y la propuesta fue aprobada en Cámara; sin embargo, el proyecto resultó archivado.
Rozo contaba con un proceso formal ante la Corte Suprema de Justicia en el que sus abogados fueron Luis Gustavo Moreno y Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’, ambos involucrados al Cartel de la Toga. Rozo obtuvo una preclusión a su favor en enero 20 de 2017, casualmente cuando Moreno ya se desempeñaba como fiscal anticorrupción de Néstor Humberto Martínez, razón por la cual la Fiscalía indagó la conducta de Moreno y ‘Yayo’ en relación con el resultado de sus procesos ante la Corte Suprema. Según Rozo, ha servido de informante a la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta por alteraciones de los POT de varios municipios de la sabana de Bogotá, caso del que acusan a Moreno de engavetarlo en su paso por la Unidad Anticorrupción. A pesar de dichos cuestionamientos, Rozo buscó reelegirse como representante a la Cámara para el periodo 2018-2018, aspiración que resultó frustrada luego de haberse quemado con apenas 26.953 votos. Ahora, buscando algún cargo político, el partido Cambio Radical postuló su nombre como magistrado ante el CNE.
Pedro Felipe Gutiérrez Sierra:
Abogado de la Universidad Externado con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Acérrimo crítico al funcionamiento del CNE. Incluso, fue cabeza de varias demandas contra esta entidad, una de ellas por la negativa a permitir la utilización de la imagen, nombre y figura de Álvaro Uribe para el logo del Centro Democrático.
Es hijo del ex consejero de estado y representante a la cámara Amado Gutiérrez Velásquez. En 2009 fue contactado por Luis Guillermo Giraldo para asesorar al Partido de la U cuando era de corte uribista, posteriormente estuvo muy involucrado con la creación del Centro Democrático.
Renato Rafael Contreras Ortega
Abogado de la universidad Libre, magister en Derecho Administrativo y especialización en Gerencia Pública. Ha tenido gran número de cargos como funcionario en Barranquilla, el primero de ellos como director jurídico de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía en 1991. También fue Secretario de Hacienda del municipio de Sabanalarga en el departamento del Atlántico en el 2004.
En el 2006 empezó a trabajar como asesor jurídico del CNE. En el 2013 se convirtió en el asesor del magistrado Felipe García Echeverry, ficha del Centro Democrático, quien lo postuló como candidato a magistrado.
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