Por: Pares-Pacífico.
En los últimos meses se ha evidenciado otra disputa territorial en Buenaventura que pone en pugna el desarrollo con los humanitario, con el agravante que esta conflictividad se enmarca en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, e involucra a las organizaciones sociales con presencia en el territorio, el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital. ¿La causa? El dragado del estero San Antonio que comenzó a realizarse para la profundización de la Bahía y la ampliación portuaria.
Ese proyecto ha sido constantemente anunciado, desde el nivel local y nacional, como una necesidad para elevar la competitividad de la actividad portuaria y superar la crisis que empresas como la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura enfrentan debido a la imposibilidad de la entrada de buques de mayor tamaño y que ante esta situación descargan en el puerto de Guayaquil, Ecuador o se ven obligados a cruzar el canal de panamá hasta el puerto de Cartagena.
Sin embargo, más allá de las preocupaciones de comunidades como las de la Bocana, Pianguita y Juanchaco por la erosión costera que podría producir este tipo de obras por la pérdida de manglares y hoyos artificiales en el mar, son algunas organizaciones sociales las que se oponen a la continuidad del dragado en el estero San Antonio para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda hacer la labor de búsqueda y de los cientos de desaparecidos que se denuncian están en este sistema complejo acuático, además que se denuncia que esto hace parte de un nuevo proceso de despojo de territorios afrourbanos.
Una lucha por los desaparecidos
Durante los años más cruentos del conflicto armado en Buenaventura el estero San Antonio se convirtió en una fosa común donde constantemente se encontraban cuerpos descompuestos de personas desaparecidas, que llegaban flotando hasta la costa o eran hallados por los pescadores que transitan por la zona. A pesar de esto, nunca se realizó búsquedas especializadas de otros cuerpos, razón por la cual, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto, se ha priorizado el estero como una zona para la búsqueda de personas desaparecidas.
Es un derecho que tienen las víctimas del conflicto armado de saber qué paso con sus familiares desaparecidos y un derecho étnico que tienen estas comunidades a despedir sus muertos que hoy, una obra como el dragado que es meramente para el desarrollo económico y portuario, tiene en riesgo.
Ante ello, el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, junto a un grupo de organizaciones aliadas elevaron una solicitud de medida cautelar ante la JEP para frenar el dragado del estero San Antonio mientras se adelantan las búsquedas especializada de los desaparecidos por parte de la unidad. Esta situación ha generado tensiones entre organizaciones como Fundescodes, dirigida por Adriel Ruiz, la Alcaldía Distrital y el Comité del Paro Cívico, quienes impulsan el dragado.
Con las víctimas se encuentran la Fundación Progreso y Paz, Madres por la Vida, Pastoral Social, PCN, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Entretejiendo Voces por los Desaparecidos, La Minga de la Memoria, Nomades, Rostros Urbanos, CORHAPEP y Fundescodes, quienes le exigen a la alcaldía distrital generar las condiciones para el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz: Reparación de víctimas.
La respuesta hasta el momento, en voz del Secretario de Gobierno Ulpiano Riascos Arboleda, fue que el dragado no se podía detener y, de manera desconsiderada con las víctimas, aseveró que en el proceso de dragando, “si las retroexcavadoras iban encontrando restos humanos, las iban entregando”.
Un desacierto por parte del secretario de gobierno, constantemente criticado por lo descontextualizado y desconectado de la realidad social del territorio y del proyecto de ciudad que impulsó el paro cívico, plataforma de acción desde donde se impulsó la candidatura de Vidal y lo llevó a ganar las elecciones y tiene como base el respeto de los derechos humanos. No obstante, se evidencia que se antepone el discurso estatista del desarrollo.
A esta postura se suma, sorpresivamente, la del ejecutivo del Comité del Paro Cívico, quienes alejándose de su esencia de organización social, impulsan el dragado con un interés empresarial. Este espaldarazo lo dan Javier Torres, representante de la Asociación de Barcos de Cabotaje y Judith Segura, coordinadora de la mesa de productividad y empleo del comité cívico, ambos miembros del ejecutivo y que, según manifiestas algunos miembros de las organizaciones defensoras de DD.HH, han optado por convertirse en defensores empresariales.
Durante los años más cruentos del conflicto armado en Buenaventura el estero San Antonio se convirtió en una fosa común donde constantemente se encontraban cuerpos descompuestos de personas desaparecidas, que llegaban flotando hasta la costa o eran hallados por los pescadores que transitan por la zona. Imagen: Pares.
Un conflicto que cuesta la vida
Buenaventura se ve constantemente enmarcada en disputas por el territorio entre sus habitantes y el sector privado, en especial el portuario, que genera desplazamientos intraurbanos y desapariciones a miembros de la comunidad y amenazas a quienes defienden sus derechos adquiridos sobre el territorio o representan a las víctimas.
Como es el caso de Javier Torres, miembro del comité ejecutivo del paro cívico quien el 22 de octubre sufrió un atentado contra. En horas de la noche, hombres sin identificar dispararon de manera reiterada contra su vivienda, al mismo tiempo, en la zona conocida como la palera, frente al puente del piñal, ingresaron a su oficina donde hurtaron documentos e hicieron daños a sus pertenencias.
Por su parte, Adriel Ruiz, represente de Fundescodes y defensor de derechos humanos quien integra el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Terrenos Ganados al Mar, desde el 30 de junio ha sido víctima de hostigamientos y amenazas contra su vida y la de sus familiares, por su labor de defender los territorios ante el desarrollo y los grupos armados ilegales.
Ambos líderes, con visiones encontradas en el caso del dragado en el estero San Antonio, el rol que juegan les puede ha puesto en riesgo la vida, algo que no se puede permitir y se exige a las autoridades que les brindan las condiciones de seguridad requerida para que continúen con sus actividades y que no estigmaticen ni individualicen a los procesos que luchan por los derechos étnico territoriales.