Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional
Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad
Gustavo Petro y Francia Márquez alcanzaron una victoria inédita e histórica para la izquierda colombiana. Con aproximadamente 11’185.671 votos, según el preconteo de votos en un 98,86%, correspondiente al 50,49% aproximado del total de votantes, llegará el Pacto Histórico (PH) a la Casa de Nariño después de una campaña especialmente intensa en las últimas semanas, en la que se conocieron toda suerte de estrategias de guerra sucia pero también en la que Rodolfo Hernández perdió en su competencia contra sí mismo, pues no logró recoger todos los votos de Federico Gutiérrez. El camino para Petro no será fácil, pues su programa de gobierno es muy ambicioso, tiene un énfasis en los sistemas públicos en todos los sectores y plantea cambios sustanciales, incluyendo una reforma tributaria de 5,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) anuales.
Su programa titulado “Colombia, potencia mundial de la vida” no incluye la idea más polémica que lanzó durante su campaña, la de decretar un estado de emergencia económica para atender el problema del hambre en Colombia. Según las declaraciones que le dio en su momento a Blu Radio, “la emergencia económica podría facultar al Estado para comprar cosechas de campesinos, pequeños y medianos productores agrarios de alimentos, proteger producciones alimenticias en Colombia”
El estado de emergencia económica, social y ecológica, es uno de los tres tipos de estados de excepción que contempla la Constitución colombiana, y según ella puede ser declarado por el presidente, si sobrevienen hechos que perturben, o amenacen con hacerlo de manera inminente, el orden económico, social y ecológico del país o que impliquen una calamidad pública. Este estado le permite al presidente dictar decretos con fuerza de ley, durante máximo treinta días y puede declararse únicamente tres veces al año. Los decretos tienen control automático de la Corte Constitucional.
Por otro lado, Petro también ha empezado a hablar de un “Gran Acuerdo Nacional” para, según explicó el viernes pasado, acompañado de buena parte de las personas que se congregaron en su campaña, “construir una unidad dentro de la diversidad (…) un acuerdo plural multicolor”. De acuerdo con su jefe de debate y exsecretario de Santos, Alfonso Prada, la idea es continuar el diálogo sobre la propuesta de ese acuerdo nacional.
Ahora bien, de las propuestas incluidas en el programa de gobierno del Pacto Histórico, las más importantes, retadoras y en las que tendrán que empezar a trabajar desde el 7 de agosto son:
1. Reforma tributaria
Colombia es un país que constantemente hace reformas tributarias. Solo durante el gobierno de Iván Duque se tramitaron tres y una fue retirada sin haber pasado por el Congreso, después de algunos días de paro nacional. El lugar de encuentro de múltiples expertos ha sido el de la falta de “una reforma tributaria estructural” que ataque los tratamientos tributarios especiales, la evasión, y se concentre en impuestos progresivos, es decir, aquellos que buscan que pague más quien más tiene.
La propuesta del programa del PH incluye desmontar gradualmente beneficios tributarios “sin justificación económica”, con la promesa de avanzar en la brecha entre lo que debería pagar alguien y lo que en realidad paga.
También incluye eliminar las rentas cedulares —aquellos ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual— para cobrar los mismos impuestos a “rentas laborales, dividendos y ganancias ocasionales”. Otro de los asuntos que aborda es el de obligar a las empresas a repartir dividendos “en un porcentaje cercano al 70%” y gravarlos. También se promete no extender el IVA a la canasta familiar.
Según algunos analistas, esta propuesta pretende recaudar lo que no ha recaudado otra reforma tributaria en el pasado, lo que podría ser inviable, y aunque se propongan poner la carga tributaria más en las personas naturales que en las empresas, sería importante mirar las magnitudes de los mismos.
Dentro del programa de gobierno no se incluye una propuesta polémica que Petro ha repetido una y otra vez, la de gravar a “las cuatro mil personas más ricas de Colombia”.
2. Empleo
En materia de empleo la propuesta del PH es llevar a cabo una política de empleo garantizada en la que el Estado sea un “empleador de última instancia”, como una manera alternativa al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilidad laboral. Según lo descrito, el programa “reconocerá actividades como las asociadas a las labores de cuidado” y se implementará con un “salario básico para quienes no puedan encontrar trabajo de otra manera”. El programa tendría una aplicación contracíclica, es decir, cuando haya periodos de contracción económica este se expandirá y cuando haya periodos de bonanza este se contraería.
Este tipo de programas de trabajo garantizado pretenden ofrecer una solución al problema de la inflación y el desempleo, y tiene como antecedentes programas como Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, puesto en marcha en Argentina en 2002.
3. Transición energética
Es quizás uno de los puntos neurálgicos, junto con el de la reforma tributaria, y en el que se proponen más cosas dentro del programa del PH. Aquí el objetivo es transitar hacia una economía que no dependa “del modelo extractivista”, es decir de la explotación de materias primas, particularmente petróleo y carbón; y democratizar el uso de energías limpias y renovables.
Las acciones más arriesgadas en cuanto a la transición energética propuesta son no otorgar nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni para la minería a cielo abierto, prohibir el fracking y destinar la extracción de las reservas actuales de combustible fósil al consumo interno. Tampoco se harán nuevas hidroeléctricas de embalse.
Asimismo, se espera sentar las bases de la transición energética, creando un fondo para la misma con recursos de las regalías, y los provenientes de la eliminación de beneficios tributarios al sector de hidrocarburos, la minería de carbón y las hidroeléctircas. De esta forma, se espera llevar el reemplazo del parque automotor público, incentivar el uso de vehículos eléctricos, centrar en Ecopetrol la investigación, ciencia y desarrollo de tecnologías para la transición hacia energías limpias y crear el Instituto Nacional de Energías Limpias.
Quizás lo más polémico de este punto sea el de frenar la nueva exploración petrolera, pues no solo no es sencillo reemplazar la energía abundante que proviene del crudo, sino que los combustibles fósiles, según expertos como Esteban Rossi, “atraen cientos de millones de dólares en inversión extranjera y pagan impuestos”. Ecopetrol es una de las empresas que más le reporta utilidades al Estado colombiano.
4. Tierras
Uno de los principales problemas que tiene Colombia es la escandalosa concentración de la propiedad de la tierra, que se calcula en 0,82 del coeficiente Gini, en donde 1 significa todo en manos de una persona y 0 distribución perfecta. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica “no hay mayor problema en Colombia que el agrario y la distribución equitativa de la tierra (…) que se profundizó con el conflicto armado”.
El programa de Petro y Márquez en este punto pretende “dejar atrás el latifundio improductivo” a partir de la democratización del “espacio, el crédito y el saber”, y tomar como pilar la reforma rural integral que se negoció en La Habana con las FARC.
Se habla de una reforma agraria que le dé prioridad a la titulación de tierra a nombre de las mujeres rurales, de llevar a cabo el catastro multipropósito, que se supone que se puso en marcha durante este gobierno y de ponerle impuestos a las tierras improductivas. De acuerdo con lo plasmado en el programa, se garantizará el derecho a la tierra para familias rurales y la formalización de la propiedad, y se estimulará el paso de “la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia (…) la producción agroalimentaria y (…) sistemas agrosilvo-pastoriles”.
En el mismo sentido, crearían el Fondo de Tierras, la jurisdicción agraria, el Registro de Sujetos de Ordenamiento para contribuir “a la resolución de conflictos y a la seguridad jurídica de la tenencia”
5. Salud
En cuanto al sistema de salud, la propuesta se basa en la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 para la creación de un “sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural que no dependa de la capacidad de pago (…) ni la intermediación administrativa y financiera”. Según lo propuesto se avanzará a un sistema único “financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas” a través de un Fondo Único de Salud que reemplazaría a la actual Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (ADRES).
Otra de las propuestas es apostarle a un modelo de salud preventiva, para crear equipos médicos para visitar hogares, jardines infantiles, escuelas y colegios, para resolver la mayoría de los problemas de salud “en el respectivo territorio”.
Mientras se avanza con las reformas propias de un sistema de salud público, esperan instalar equipos médicos para el modelo de salud preventiva y predictiva y avanzar en la recuperación de hospitales públicos.
Como se sabe, Petro ha sido opositor de la ley que regula la salud en Colombia, la Ley 100, y del sistema de salud que hoy está en torno a las EPS, por lo que su propuesta se basa en quitarle la mayoría de las funciones de intermediación actuales que tiene.
6. Pensiones
La propuesta del PH parte de reconocer la pensión como un derecho que “asegure la vida digna a todas las personas en edad de jubilación”, incluyendo a quienes no cotizaron. Esto implica transitar hacia “un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público”. En Colombia existen dos regímenes pensionales en vigencia, el Régimen de Prima Media, que es público y administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual (RAIS) en manos de los fondos privados de pensión.
El programa de Petro y Márquez pone el énfasis en el sistema público y espera transferir recursos del sistema privado al público para liberar alrededor de 13 billones de pesos del presupuesto del gobierno, pues pasarían cientos de cotizantes que hoy están en el RAIS al régimen de Colpensiones.
Esto se haría a través de un sistema “público universal de pilares basado en la solidaridad social”, al que se llegaría a través de una reforma pensional, y estaría organizado “mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario”.
En el pilar solidario básico garantizarían un bono pensional de medio salario mínimo para quienes no tengan pensión y en el pilar contributivo se obligaría a cotizar en Colpensiones a aquellos que coticen sobre la base de hasta 4 salarios mínimos legales vigentes, de ahí en adelante los cotizantes podrían hacer una “libre elección” de régimen de cotización. En el programa también se asegura que no se aumentará la edad de pensión.
7. Educación
El programa espera que Colombia se convierta en una sociedad del conocimiento, fortaleciendo el sistema de educación público, con una educación superior pública gratuita.
Se plantea un acceso universal y gratuito a una “atención integral” para la primera infancia, a través de un sistema nacional de cuidado, que combine el apoyo al cuidado en casa con la red de jardines infantiles. Esperan ampliar la cobertura progresivamente hasta llegar a 2.7 millones de niños y niñas menores de tres años.
En cuanto a las niños, niñas y adolescentes en edad escolar, plantean extender progresivamente la jornada educativa, mediante la “búsqueda activa de población desescolarizada, transporte (…), alimentación adecuada, ampliación y el mejoramiento de la infraestructura (…) y la formación de los docentes”. Asimismo, esperan transformar los modelos educativos y currículos “desde la voz de los territorios y todas las diversidades regionales”. Pretenden acabar con el abandono escolar después del grado 9°, para lo cual los grados 10° y 11° se convertirán en un tránsito “a la universidad, al Sena, las Normales, los centros técnicos” etc.
Ahora bien, en cuanto a educación superior, se propone un tránsito progresivo al acceso a educación “pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario”. Para ello, se plantea la creación de un sistema nacional de educación superior, lo que implica elevar el presupuesto público para todo el sistema educativo. En cuanto al Icetex, transformarían su “lógica bancaria” y crearían un Plan de Salvamento para liberar de las deudas a sus usuarios, cambiando a la vez su enfoque para financiar “estudios de pregrado y posgrado en el exterior”.
8. Lucha contra la corrupción
En materia de lucha contra la corrupción, el PH se compromete en su programa de gobierno a respetar el sistema de pesos y contrapesos y restaurar el equilibrio y la independencia de los poderes públicos. Propone una reforma a la justicia que tenga como pilares “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal” y que la elección del fiscal general esté basada en méritos y sea independiente del gobierno de turno.
Asimismo, plantea una reforma a la Procuraduría y a la Contraloría que elimine las funciones duplicadas y las “ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”.
Espera fortalecer la carrera administrativa, eliminar la contratación precaria y garantizar la continuidad de los equipos de trabajo en el Estado, acabando con la tercerización.
En cuanto al sistema electoral, propone reformar el sistema de elección del Congreso, para que los ciudadanos puedan exigir cuentas. De la misma manera, garantizaría el financiamiento público y “racional” de las campañas electorales, impulsaría la reforma a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, y la creación de un Tribunal Electoral.
También propone impulsar los presupuestos participativos y el “acceso a la información pública sobre todo el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado” y promover una legislación de protección a los denunciantes de corrupción.
9. Seguridad, fuerzas armadas y de policía
Respecto de la seguridad, el PH en su programa de gobierno dice que cumplirá a cabalidad los acuerdos de paz con las Farc y que retomará las negociaciones con el ELN. También que por la vía del diálogo y el sometimiento a la justicia pretende desmantelar el crimen organización, los grupos multicrimen y organizaciones ligadas al narcotráfico.
El programa reconoce como fracasados la guerra contra las drogas y el enfoque prohibicionista. De allí que proponga avanzar hacia una agenda basada en los derechos humanos, “sin criminalización de los cultivadores”, prohibiendo la aspersión aérea de glifosato, y proponiendo un programa de sustitución de tierras y economías como parte de un “nuevo modelo de economía productiva”
Asimismo, espera transformar el enfoque de “eliminación del enemigo interno” para pasar a uno basado en la soberanía nacional y el cuidado de la vida. Dicen que avanzará en la “desmilitarización de la vida social” para lo cual propone que prevalezca la autoridad civil sobre la militar y reemplazar la “doctrina de seguridad nacional” por una nueva política de defensa nacional.
El servicio militar dejaría de ser obligatorio y el sistema de ascensos se modificaría para que los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) de más bajo rango puedan ascender. Del mismo modo, el PH se compromete a impulsar la “eliminación del fuero penal militar” y a castigar con severidad “la violencia de género al interior de las FFAA”.
En cuanto a la Policía, espera reubicarla bajo el Ministerio de Interior o de Justicia, redefinir sus funciones y prioridades, desmontar el cuerpo antidisturbios (ESMAD) y que transite hacia ser una fuerza “orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”.
Se plantea también reestructurar la Unidad Nacional de Protección para que se dedique a la previsión y prevención de los ataques a los líderes sociales, y en cuanto a su protección, configurar un “sistema de monitoreo y atención a represalias por denuncias.
También se crearía un Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y organizaciones sociales “en los territorios” basado en “estrategias de diálogo intercultural”.
Desde el 7 de agosto, Colombia tendrá por primera vez un presidente de izquierda, que en su programa de gobierno propone cambiar buena parte de los enfoques de política que se han utilizado y consolidado en el último tiempo. Es un programa ambicioso que requerirá de un alto presupuesto y de la gobernabilidad en el Congreso.