Por: Katerin Erazo, Periodista
Las voces de las víctimas de desaparición forzada claman por justicia y verdad en todo el mundo, incluyendo a Colombia. En nuestro país, el año 2022 fue considerado el año con mayor número de víctimas de desaparición forzada, con 4.799 víctimas directas y 14.130 víctimas indirectas; seguido del 2003, con 3.849 víctimas directas y 11.403 indirectas; y 2001, con 3.729 víctimas directas y 11.239 víctimas indirectas de este fenómeno, lo que refleja la magnitud de la tragedia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que se denunció la ausencia de un ser querido, las familias no pudieron reunirse nuevamente con ellos, o bien solo lograron encontrar sus cuerpos sin vida.
Estas cifras revelan una tendencia alarmante. La Unidad para las Víctimas le compartió a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sido incluidas, contando desde 1985, 51.173 víctimas directas de desaparición forzada y 140.734 víctimas indirectas, que se refiere a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, parejas del mismo sexo o familiar en primer grado de consanguinidad de la persona desaparecida.
Por otro lado, por hechos ocurridos en 2023 se han incluido en el RUV cuatro víctimas directas de desaparición forzada y 11 indirectas. Según la Unidad, es importante tener en cuenta que la declaración de las víctimas ante el Ministerio Público es voluntaria, por lo que es posible que algunos hechos que han ocurrido durante 2023 no hayan sido declarados todavía o se encuentren en proceso de valoración para su inclusión en el RUV.
Para honrar la memoria de las víctimas y recordar el legado de lucha por los derechos humanos, se conmemora anualmente la Semana del Detenido y Desaparecido. Durante esta semana, se busca generar conciencia, exigir justicia y promover la prevención de violaciones de derechos humanos en el país.
Esta conmemoración fue fundada el 30 de agosto de 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y otras organizaciones de derechos humanos. Se eligió esta fecha para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, en memoria de las víctimas de desaparición forzada en América Latina y en reconocimiento a la lucha incansable de los familiares en busca de justicia y verdad. Desde entonces, esta semana se ha convertido en un importante espacio de reflexión, denuncia y solidaridad en la lucha contra la impunidad y la violación de los derechos humanos.
La desaparición forzada representa una serie de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, que deja un impacto devastador en las víctimas y sus familias. Este hecho victimizante, que varía según el contexto y los actores involucrados, conlleva diversas formas de violencia y negación de derechos fundamentales.
Una de las violaciones más evidentes es la privación arbitraria de la libertad. Las víctimas son detenidas o capturadas ilegalmente, sin orden de arresto legal y sin recibir notificación del motivo de su detención. Son arrancadas de su entorno sin seguir el debido proceso, negándoles su derecho fundamental a la libertad.
La tortura y el maltrato son prácticas recurrentes durante el proceso de desaparición forzada. Las víctimas son sometidas a actos crueles, inhumanos o degradantes, tanto física como psicológicamente. Estas formas extremas de violencia tienen como objetivo causar sufrimiento y obtener información o confesiones.
En muchos casos, las personas desaparecidas son asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente, violando su derecho a la vida. La desaparición forzada se convierte así en una forma de violencia extrema que pone en peligro la vida de las víctimas, llevando a consecuencias irreparables y dolorosas. La violación del derecho a la integridad personal es otra consecuencia trágica de la desaparición forzada. La incertidumbre sobre el paradero y estado de salud de la persona desaparecida genera un impacto emocional y psicológico devastador tanto para ellos como para sus seres queridos. La ausencia de respuestas y la falta de cierre dificultan el proceso de duelo y perpetúan el sufrimiento.
La desaparición forzada también impide el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad y buscar justicia. La impunidad y la falta de investigaciones adecuadas alimentan la injusticia y prolongan el sufrimiento, negando el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido afectados. Además de todas estas violaciones, la desaparición forzada atenta contra la dignidad humana de las víctimas. Al ser tratadas como meros objetos de control, se elimina su existencia y reconocimiento como seres humanos, vulnerando su dignidad inherente.
Estas violaciones son consideradas crímenes de lesa humanidad y constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La lucha contra la desaparición forzada implica una responsabilidad colectiva en la defensa de los valores fundamentales de justicia, dignidad y respeto por la vida y la integridad de cada ser humano.
Es por esto que la Semana del Detenido y Desaparecido adquiere una significancia especial debido a la magnitud de las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en todo el mundo. En países como Argentina, Colombia, Chile, México, El Salvador y muchos otros, se han documentado casos de desapariciones forzadas durante dictaduras militares, conflictos armados internos y regímenes represivos.
Estos actos inhumanos no solo han dejado cicatrices profundas en las sociedades afectadas, sino que también han causado un dolor inmenso a nivel individual y familiar. Las familias de los detenidos y desaparecidos han vivido décadas de incertidumbre, angustia y búsqueda incesante de verdad y justicia. La Semana del Detenido y Desaparecido, busca acompañarlos en su lucha y mostrar solidaridad con su causa.
Un marco legal fundamental para la protección de los derechos de los detenidos y desaparecidos en Colombia es la Ley 1408. Esta ley, promulgada en 2010 y lograda gracias a las organizaciones de familiares, lideradas por la asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES), establece mecanismos específicos para la búsqueda, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas. Además, busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familias.
La Ley 1408/2010 también establece la creación de comisiones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la obligación de los Estados de brindar recursos y apoyo a las familias afectadas. Cabe añadir que según el artículo 14 de dicha Ley, “la memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de la Semana de los Detenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos. Los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales, departamentales y municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta semana con la realización de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos”.
Esta legislación representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Esta semana es un llamado a los Gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional para que trabajen juntos en la promoción de la justicia, la verdad y la no repetición. Además, es importante que recordemos que detrás de las cifras y las estadísticas hay historias de personas reales, de seres humanos que merecen dignidad y justicia.
Adriana Rudling, investigadora posdoctoral en el Instituto Chr Michelsen de Bergen (Noruega), le dijo a Pares que uno de los problemas más significativos que enfrenta actualmente la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país es el andamiaje burocrático, ya que hay muchas cifras que son contradictorias sobre la desaparición forzada y, además, no es claro para las víctimas dónde buscar ni cómo hacerlo.
Según la Unidad para las Víctimas, desde 2007 hasta la actualidad, se ha brindado indemnización por hechos de desaparición forzada a un total de 63.755 personas. En lo que va de este año (2023), se han indemnizado a 51 personas. La entidad ofrece diversos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la ayuda y reparación que se les ofrece.
Uno de estos mecanismos es la Garantía de Participación, que proporciona apoyo económico a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio. Esto incluye asistencia en términos de hospedaje, alimentación, transporte y elementos fúnebres y simbólicos durante los procesos de búsqueda. Además, se ofrece el auxilio funerario, que forma parte de la asistencia funeraria y se brinda tanto en casos de entrega real como simbólica de los cuerpos, e incluye los elementos mencionados anteriormente.
Otro aspecto fundamental es la atención a las víctimas. Esta se define, según el parágrafo 2, artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, como “la acción de brindar información, orientación y apoyo jurídico y psicosocial a la víctima, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación”. La Unidad para las Víctimas lleva a cabo acciones de atención para orientar a las víctimas en los trámites necesarios para acceder a la reparación administrativa y para proporcionarles información sobre sus derechos.
La reparación es otro componente fundamental dentro de los procesos de búsqueda y entrega de los cuerpos, y la Unidad tiene la facultad de llevar a cabo acciones para restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad de lo sucedido, en concordancia con las competencias establecidas en la Ley y en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La Semana del Detenido y Desaparecido representa una oportunidad para fortalecer el compromiso de los Estados en la implementación de políticas públicas y leyes que protejan los derechos humanos y prevengan las desapariciones forzadas. Asimismo, se busca instar a los Gobiernos a ratificar y cumplir los tratados y convenciones internacionales que abordan esta problemática.
Es crucial destacar que la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para los detenidos y desaparecidos es un desafío constante. En muchos casos, las investigaciones enfrentan obstáculos como la falta de voluntad política, la corrupción y la falta de recursos. Sin embargo, la Semana del Detenido y Desaparecido nos recuerda que no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia.