Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
En la noche del miércoles 2 de septiembre de 2020 hombres armados incursionaron en la vereda Isla La Amargura o Isla La Dulzura, como prefieren llamarle sus habitantes. Eso sí, sin antes llevarse a la fuerza a cinco jóvenes que tras ser golpeados iban a ser emisarios de una amenaza a todo el pueblo.
Mientras tanto, en esta vereda del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño, la noche —se puede decir— transcurría con cierta normalidad. Lo que no advertía la comunidad es que una vez soltaron, uno a uno, a los jóvenes; éstos fueron llegando a la vereda para cumplir con el mensaje encomendado por los hombres armados ‘Salir a más tardar al mediodía del jueves 3 de septiembre y no volver, por lo menos, en dos o tres meses…’ fue el ultimátum que recibió el pueblo.
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“Compungidos por lo que nos está sucediendo, nunca nos había ocurrido algo así en nuestro territorio, pero le damos gracias a dios que tenemos vida”, dice de manera pausada Eder Luis Macea, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda víctima del desplazamiento forzado.
Eder cuenta que, una vez avisados, no tenían de otra que salir como fuera y con lo que pudieran. Se organizaron para huir hasta el puerto del río que baña la vereda y, así, zarpar hasta el puerto de Guarumo a donde pasarían la primera noche de su desplazamiento forzado en la Escuela de este corregimiento.
“Ahorita mismo seguimos ubicados en el Colegio, continuamos elaborando el censo de la población desplazada que ya superó las 700 personas y que podría llegar a las 1.000. Familias campesinas e indígenas Sinúes que estamos con la incertidumbre de que viene para nosotros. Para pasar la primera noche nos fueron entregadas unas colchonetas, unas sábanas y, en cuento a la alimentación, nos están también brindando una ayuda”, señaló Eder.
Con una mano adelante y la otra atrás
Según Eder, la mayoría de la población de la vereda Isla se encuentra refugiada en el corregimiento de Guarumo. Algunos pocos se encuentran en Caucasia y otros más en unas fincas aledañas. “Nos ha hecho seguimiento la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Gobierno”, precisó el presidente de JAC.
Mientras esperan de qué manera serán los siguientes días para la población, Eder cuenta que los cinco jóvenes que fueron golpeados por el grupo armado se encuentran con vida. Me cuenta que uno de ellos, incluso, tuvo que fingir su muerte para que no lo asesinaran, él —que se encontraba en peor cuadro de salud— ya se encuentra siendo atendido en un centro de salud.
Las imágenes de las comunidades saliendo asustadas de sus territorios, con sus pertenencias amarradas a la dignidad, se volvieron el día a día en el gobierno de Iván Duque. Foto: Cortesía.
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Atrás quedaron cultivos, animales, una vida
Mientras el presidente Iván Duque sigue sin pronunciarse ante este hecho, en el municipio de Cáceres, en el corregimiento de Guarumo, aguardan las más de 700 personas que fueron desplazadas forzadamente de la vereda Isla, en lo que fue su segunda noche refugiados en la escuela del corregimiento.
“La incertidumbre que se vive en la Escuela Guarumo crece mientras alertan al Gobierno Nacional para que se haga cargo de la critica situación de Derechos Humanos que viven en la región”, dice Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guarumo.
“Hay desesperación por parte de las personas porque allá quedaron sus cultivos, tienen sus animales, no les dieron tiempo de sacar más nada, había cultivos que estaban a punto de cosecha, hay animales de engorde para la venta…” “La incertidumbre generalizada es ¿Qué va a pasar con nosotros durante estos meses? En la tarde de este sábado se espera tener mayor claridad una vez se realicen reuniones con las autoridades», según explica Luisa.
La primera noche
Luisa cuenta que con el esfuerzo de muchos se trató de acondicionar un colegio ausente de estudiantes por cuenta del Covid19, pero ocupado por una población por cuenta de la violencia. Sin embargo, la inclemencia de la noche haría aún más largas las horas por el periplo de dejar la tierra atrás.
“Con las colchonetas que nos fueron entregadas fuimos adecuando a las personas en las aulas. Llovió fuerte y, como era de esperarse, hubo inundaciones en las zonas donde estaban durmiendo niños, niñas y adultos mayores. En medio de la noche nos tocó salir corriendo a buscar refugio en lo que los lugares medianamente más protegidas”, cuenta Luisa sobre la noche del jueves.
Lloviendo sobre mojado la luz decidía irse por prolongados momentos, “la gente estaba muy angustiada, había niños que no paraban de llorar del miedo. La noche fue pasando y amanecimos en espacios improvisados con las colchonetas. Otros, que tenían hamacas bregaron para poderlas colgar en las ventanas y poder pasar la noche”, señala Luisa.
¿Qué pasa en la región?
Según Ximena Sierra, investigadora de Pares en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, en esta subregión es la que peores condiciones de vida de las nueve (9) subregiones que componen el departamento de Antioquia. Asimismo, señala que es la subregión más empobrecida de Antioquia debido a décadas y décadas de abandono estatal.
Además, tal como señala Ximena, en el municipio de Cáceres operan el Clan del Golfo, el ELN, Los Caparros y los Grupos Armado PostFarc (GAPF) Frente 18 y, además, desde mediados de agosto se sumó la presencia del Frente 36.
De acuerdo con la investigadora, la violencia se ha ido recrudeciendo desde 2018 por cuenta de la presencia territorial del Clan del Golfo y Los Caparrapos. Estos “financiados y articulados al Cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. De igual forma, en la subregión hace presencia el ELN y el GAPF Frente 18.
La disputa de estas estructuras armadas tiene que ver con el control territorial y las rentas ilegales derivadas de las economías ilícitas como lo son el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Este caldo de cultivo genera fuertes victimizaciones a los Derechos Humanos.
La violencia se ha ido recrudeciendo desde 2018 por cuenta de la presencia territorial del Clan del Golfo y Los Caparrapos. Estos “financiados y articulados al Cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. De igual forma, en la subregión hace presencia el ELN y el GAPF Frente 18. Imagen: Cortesía.
De hecho, las mayores victimizaciones en contra de las comunidades se han registrado en zonas rurales. Además de los asesinatos en la subregión, que en lo que va corrido del 2020 ya suman cinco (5) líderes sociales, están los continuos desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores de edad.
El comunicado de OIA
De acuerdo con un comunicado ante la opinión pública de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la región se ha convertido en un corredor estratégico utilizado por los grupos armados al margen de la ley. “Situación que ha aumentado ataques indiscriminados, extorsiones, trabajos comunitarios obligatorios, acceso limitado a servicios básicos, reclutamiento forzado, confinamiento en viviendas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, limitación de prácticas organizativas y de autonomía indígena, así como estigmatización a líderes indígenas, y por supuesto, desplazamientos forzados”.
Por ello la OIA, hizo un llamado a la Defensoría, Contraloría, Procuraduría y Gobernación para que adelanten acciones en materia investigativa. Asimismo, recordaron que “los Pueblos indígenas son un grupo poblacional de especial protección según el Auto 004 y la Sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional.
Finalmente, hizo un llamado a estas instituciones para que hagan seguimiento a las condiciones en las que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas sinúes que, por el hacinamiento también pueden contagiarse de Covid19.
La Unidad de Víctimas
El director de la Territorial Antioquia de la Unidad, Wilson Córdoba Mena, ha señalado que “funcionarios de la Subdirección de Prevención de Atención y Prevención de Emergencias ya están en el municipio orientando junto con la Alcaldía la atención y la activación del Plan de contingencia, que incluye el censo y las rutas de atención asociadas a este tipo de emergencias”.
De esta forma, se espera que se vayan tomando medidas departamentales y nacionales para atender la grave situación de derechos humanos que están atravesando estas familias.