Por: Redacción Pares
Para superar la crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus habrá que apoyar a las personas más pobres con enfoques financieros y de protección social apegados a los derechos humanos, afirma un experto de la ONU, que propone considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia. También cuestiona que el Fondo Monetario Internacional haya negado un crédito a Venezuela.
La recesión global que se avecina debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 puede ser un desastre, pero también puede convertirse en una oportunidad para implementar soluciones audaces e innovadoras que permitan a los sectores más afectados de la sociedad superar la crisis con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, señaló este viernes un experto de la ONU.
Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda externa y derechos humanos, urgió a los Gobiernos a ajustar sus políticas económicas que tengan que ver con el COVID-19 con los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.
En un comunicado, Bohoslavsky aseveró que la respuesta más adecuada a la catástrofe económica y social será poner las finanzas al servicio de los más pobres: “Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.”
Al referirse a las medidas de estímulo económico a gran escala que planean algunos países, dijo que son alentadoras, pero insistió en que deben diseñarse de tal modo que no terminen destinadas “a salvar sólo a las grandes empresas y bancos”, sino que deben ir mucho más allá. “Exhorto a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”, agregó.
Suspensión de deudas y desalojos
Planteó por ejemplo, que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos y que se suspenda el pago de deudas cuando las personas no tengan dinero suficiente para hacer frente a la crisis de salud pública. Además, hizo hincapié en que se prohíban los desalojos masivos.
El experto indicó que los trabajadores autónomos o del sector informal, así como los que no pueden trabajar desde la casa, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares y no exponer su salud y la de sus familias y comunidades por tener que salir a trabajar.
Llamó a revertir con urgencia la tendencia observada en los últimos años de mercantilización y privatización de servicios esenciales, como la salud.
“Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, enfatizó Bohoslavsky.
Explicó que si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud, subrayando que ningún derecho económico privado como la propiedad intelectual puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.