Por: Redacción Pares
En una carta dirigida al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, los obispos de Pasto, Tumaco e Ipiales pidieron al Gobierno Nacional brindar atención urgente, diferenciada e integral a Nariño, dadas las condiciones de ubicación geográfica y la expansión del virus en esta región limítrofe con el vecino país del Ecuador.
Entre las medidas solicitadas se encuentran:
– El fortalecimiento de la red hospitalaria pública y privada;
– Establecer un tratado binacional que permita un corredor humanitario para los venezolanos que quieren regresar a su país;
– Crear un fondo específico de ayuda humanitaria “que sirva de alivio a este golpeado departamento -afectado en los últimos años por paros, bloqueos, los fenómenos atmosféricos, los TLC, el narcotráfico y la múltiples violencias-, con particular atención a la zona de Tumaco e Ipiales, dada el impacto que allí se ha tenido por el deterioro en el intercambio comercial con el vecino país”;
– Atender las necesidades de las comunidades afrodescendientes e indígenas (Awá, Pastos y Quillasingas) presentes en el departamento, “algunas de las cuales por su ubicación geográfica se encuentran aisladas, enfrentando múltiples carencias, en alto riesgo de contagios por los frágiles sistemas de salud que poseen, el paso permanente de venezolanos por sus territorios y la presencia de fuerzas ilegales, que generan conflicto en la región”.
– Impulsar el fortalecimiento del sistema educativo, que en el departamento presenta múltiples falencias y problemas.
Una situación dramática
Como lo advirtió Pares en artículo publicado sobre la situación de la frontera sur, que es bastante grave, Ipiales se ha convertido poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el Gobierno Nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo.
El COVID-19 no solo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad.
Además, es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor.
También, es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al Gobierno para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.