Por: Laura Fajardo Investigadora Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares
La situación de seguridad en Cúcuta y el área metropolitana es alarmante, y aunque desde hace varios años es compleja debido del cierre de la frontera oficial y a la reacomodación estratégica de los grupos armados, es innegable la intensidad y escalamiento del conflicto en la región desde hace algunos meses.
El carro bomba en la Brigada 30 y los disparos al helicóptero del presidente (sucesos ocurridos en meses anteriores), son una pequeña muestra de la complejidad que vive la zona. La explosión del lunes pasado, ocurrida en el Primer Distrito de Policía de Cúcuta, se suma al repertorio de acciones que, por el momento, parecen vaticinar tiempos de violencia en medio de una convulsionada carrera política, en donde habrá quienes capitalicen el miedo y la zozobra para alcanzar votos.
Algunos de los factores que inciden sobre esta realidad tienen que ver con el cierre de frontera, la reconfiguración de actores armados y el incremento en los cultivos y procesamiento de clorhidrato han hecho de la región nortesantandereana-Catatumbo una zona sin ley estatal ni presencia institucional. Las disputas entre grupos armados y los mercados delictivos en la región (contrabando de mercancías y gasolina, narcotráfico, tráfico y trata de personas, reclutamiento y desaparición) han dejado cientos de víctimas por desplazamiento forzado y, más recientemente, víctimas letales por asesinatos y masacres.
Tan sólo en las últimas dos semanas se han presentado diversos hechos violentos hacia la población y hacia la fuerza pública: amenazas, activación de artefactos explosivos, ataques militares y homicidios selectivos, como el caso del vicepresidente de JAC, Eliécer Sánchez Cáceres, asesinado el 21 de agosto en Banco de Arena, zona rural de Cúcuta.
La respuesta e investigaciones que desde la institucionalidad se emprendieron, consistieron en reforzar el de pie de fuerza, lo que dejó más víctimas, pues miembros de la fuerza pública fueron sorprendidos con artefactos explosivos en días posteriores al inicio de las indagaciones. Mientras tanto, organizaciones sociales y de víctimas son amenazadas en el Catatumbo, como el caso de la Asociación de Madres del Catatumbo, desde donde se manifestó haber recibido fuertes amenazas y tener el temor de ser asesinadas o verse obligadas a desplazarse.
Mientras se vive en medio de esta delicada situación de orden público y humanitario, y a pesar de las múltiples Alertas Tempranas que desde la Defensoría se han lanzado, el Gobierno Nacional y regional parece no dar con las políticas precisas para dar pronta solución a la problemática. Se esperaba que en la visita de la Canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez a la capital de Norte de Santander, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cúcuta, se hiciera alguna mención a la necesidad de soluciones prontas. Sin embargo, poco o nada se dijo al respecto.
Se hace imperante, además, que la Alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana coordinen esfuerzos ya no sólo al interior de la zona administrativamente delimitada, sino con los municipios aledaños, como Tibú, pues las condiciones de desplazamiento que se están viviendo desde estos municipios del Catatumbo hacia la zona urbana de Cúcuta ameritan un trabajo articulado que garantice corredores humanitarios, garantías de traslado e instalación, así como búsqueda por retornos seguros y siempre en miras a la protección de la vida de las personas y poblaciones amenazadas.
Desde las organizaciones sociales el compromiso debe ser seguir de cerca la situación de orden público para los meses venideros, dado que, en el marco de un escenario preelectoral, de conformación de procesos políticos alrededor de las curules a víctimas decretadas por el Acuerdo de Paz, los liderazgos sociales se verán altamente impactados y, paralelamente, las maquinarias electorales del departamento podrán también jugar sus cartas.