Por: Redacción Pares
Este viernes se dio a conocer el último informe realizado por la Comisión Global de Política de Drogas: LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE DROGAS UN NUEVO ENFOQUE EN LAS ÉLITES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. En 2009, un grupo de 17 personalidades latinoamericanas reunidas bajo el liderazgo de tres expresidentes (Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México) instaron a que se introdujeran reformas fundamentales en la política de drogas. Convocaron la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia para analizar las consecuencias dramáticas de la “guerra contra las drogas” entre los pueblos de la región; una guerra impuesta por los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del mundo.
La Comisión dio la voz de alarma sobre la forma en que este enfoque represivo frente a las drogas estaba debilitando las instituciones democráticas, fortaleciendo a las organizaciones delictivas, propagando la corrupción y alimentando la violencia a medida que se intensificaban las guerras territoriales entre los delincuentes o entre las organizaciones de la delincuencia y las fuerzas del orden.
Esta “guerra contra las drogas” se convirtió en una guerra contra las personas: cocaleros que perdían sus tierras, consumidores a los que se les negaban servicios de salud, personas condenadas a largas penas de prisión – que también afectaban a sus seres queridos – y transeúntes muertos o heridos por la violencia relacionada con las drogas.
La Comisión Global de Política de Drogas se estableció dos años después de que se publicara el informe de la Comisión Latinoamericana, que sensibilizó a los Gobiernos y a la opinión pública sobre la necesidad de replantear la política de drogas.
Un análisis de Pares
La realidad es que, según lo analizado por el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, y a pesar de los discursos del Presidente por generar una fuerte estrategia para la erradicación, los datos muestran que en el 2019 se presentaron las cifras más altas de cultivos de hoja de coca: 212.000 hectáreas, precedidas por las 208.000 que se registraron en el 2018, el primer año completo del periodo de Iván Duque.
Perú, Bolivia y Colombia se han configurado como los países que mayor producción de cocaína han concentrado concentrado en la región, presentando un aumento continuo en los últimos tres años. Lo anterior, representa un panorama contrario a los argumentos del gobierno de Iván Duque, donde se afirmaba que esto se había dado por “la mano blanda del gobierno Santos y del Acuerdo de Paz”.
De esta manera se han generado tres escenarios precisos: el alza del dólar que permite que a los campesinos se les pague mejor, el auge del mercado del oro y la coca que potencian las economías ilegales y el aumento de la demanda de droga a nivel mundial.
Cinco acciones urgentes: Comisión Global
El informe ofrece una visión general de cómo la “guerra contra las drogas” en todo el mundo ha alimentado y potenciado, en contra de sus objetivos declarados, la delincuencia organizada transnacional.
Es posible dar respuestas más eficaces a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas – tanto mediante enfoques centrados en la aplicación de la ley focalizados y mesurados como mediante estrategias de desarrollo que aborden las causas de raíz de la delincuencia organizada – y estas se pueden poner en marcha incluso aunque los mercados sigan siendo ilegales.
Para la Comisión Global de Política de Drogas, una respuesta eficaz a la delincuencia organizada transnacional que no impida el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el bienestar depende de la necesidad urgente de poner en marcha las acciones siguientes:
Los Estados deben reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas. Compartir estas conclusiones con la opinión pública debe servir entonces para enriquecer los debates nacionales a favor de una reforma audaz de la política de drogas.
Los Estados deben analizar el carácter transnacional y transectorial de las organizaciones delictivas, con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley.
Los Estados deben elaborar estrategias de disuasión realistas y focalizadas para luchar contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos más peligrosos y/o más rentables del mercado delictivo. Los Estados también deben reforzar la cooperación interinstitucional para hacer frente a los mercados delictivos en un sentido amplio, no solo en el ámbito de las drogas, y desarrollar una coordinación transnacional eficaz contra los grupos delictivos transfronterizos y el blanqueo internacional de capitales.
Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía responsable para socavar la delincuencia organizada.
Los Estados Miembros de la ONU deben revisar la gobernanza mundial del régimen de fiscalización internacional de drogas con el fin de lograr mejores resultados en materia de salud pública, seguridad pública y justicia, así como un mayor impacto en la delincuencia organizada transnacional.