Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
El pasado 6 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Esta fecha fue establecida, al iniciar el nuevo milenio, por la Asamblea General de Naciones Unidas ˗ONU˗ e involucra en su ejecución al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el propósito de reconocer el impacto negativo que tiene los actos violentos sobre la naturaleza, y la necesidad de trabajar en su reducción y prevención.
Durante décadas el interés de la ONU estuvo centrado, casi exclusivamente, en los seres humanos; a estos se les trataba de proteger la vida, evitar de agresiones físicas e impedir su desplazamiento forzado. Pero, afortunadamente, al iniciar el nuevo milenio se le agregó la urgente misión de defender a los animales, las plantas y, en general, todos los seres vivos que cohabitan en el medio ambiente de las actividades bélicas.
Dado que Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo, su territorio ha sido históricamente epicentro de confrontaciones armadas y luchas por los recursos. Los diversos actores armados han insistido de manera constante por el control territorial, como forma de extraer recursos. Imagen: Pares.
La celebración de esta fecha lleva consigo, además, el reconocimiento del giro que vienen dando las guerras en el mundo. Ahora, son los recursos naturales, como los metales y piedras preciosas (el oro, el platino o las esmeraldas), el petróleo o las especies exóticas (de plantas y animales), las que se han convertido en fuente de fortuna y rentas ilegales. Las nuevas guerras se caracterizan por poner a la naturaleza en el centro de la disputa, en un componente de riqueza y explotación.
Dado que Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo, su territorio ha sido históricamente epicentro de confrontaciones armadas y luchas por los recursos. Los diversos actores armados han insistido de manera constante por el control territorial, como forma de extraer recursos. Así ha sucedido con las actividades ilícitas como la minería ilegal y la producción y el tráfico de drogas. Incluso, los actores armados que usan violencia con fines políticos han generado daños inmensos al medio ambiente, por ejemplo, con el vertimiento de crudo con sus ataques a los oleoductos.
Paradójicamente, el conflicto armado en el país ha servido también para proteger los recursos naturales. Los grupos subversivos se han convertido en especie de barrera protectora para evitar la explotación de naturaleza, por ejemplo, con la minería. Las grandes empresas, tanto legales como ilegales, no han querido poner en riesgo sus capitales, en contextos de confrontaciones bélicas; convirtiendo a la organización subversiva en agente regulador y protector de los ecosistemas, y a su accionar territorial actividad de conservar extensas zonas selváticas.
De allí que, una vez desmovilizadas la guerrilla de las Farc-ep en 2016, se han generado dos consecuencias en los entornos biodiversos. La primera ha sido la intensificación de la guerra en los antiguos lugares de dominio subversivo. Los Parques Nacionales Naturales (PNN), por ejemplo, se han convertido en espacios de disputa debido al gran valor que tienen. Estos son lugares donde se viven las nuevas guerras por la explotación de recursos naturales; tales como la extracción ilícita de minerales y piedras preciosas, de madera o producción de hoja de coca y fabricación de la droga.
Guerras que se viven con mayor intensidad en unos territorios más que en otros, y que ponen en consecuencia en más alto riesgo a la naturaleza. Esto quedó evidenciado con los estudios que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha realizado en torno a la deforestación en los municipios colombianos. En donde mostró como, entre 1990 y 2013, los municipios con conflicto armado se deforestan de manera más rápida frente a los que no lo sufren. La proporción es de 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque frente a 2,6 en los municipios sin conflicto. Es decir, las nuevas guerras potenciarán la deforestación casi tres veces más.
La segunda consecuencia es que el posacuerdo con las Farc-ep ha sido convertir los antiguos teatros de guerra en paraísos naturales por descubrir y proteger. Así ocurre, con el las selvas cercanas al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha, en Anorí, Antioquia, donde la misión Colombia Bio Anorí 2018, acompañados por varios exguerrilleros de las Farc, logró identificar al menos 14 nuevas especies animales y botánicas, y mostró que en término de fauna aún hay mucho por descubrir en Colombia.
Esta fue una bella experiencia que sirvió para evidenciar la riqueza natural que existe en el país y el papel tan importante que cumple y podría cumplir los firmantes de la paz en la defensa de esta biodiversidad. El Acuerdo Final podría aprovecharse para elevar dos cometas con el mismo viento: por un lado, servir como herramienta para proteger el medio ambiente y, por el otro, para convertir los territorios biodiversos en escenario para la reconciliación. Es decir, el proceso de reincorporación colectiva con los exguerrilleros Farc-ep serviría para proteger buena parte de los territorios y a la vez ayudar a cumplir la promesa de reparación y reconciliación.
Se habló de la necesidad de desarrollar un plan de zonificación ambiental, que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, los ecosistemas frágiles y estratégicos, las cuencas, los páramos y los humedales. Fotografía: Pares.
En el punto uno, en particular, se acordó trabajar en el acceso y uso de la tierra, la protección de zonas de reserva y el fortalecimiento de la reserva forestal. En especial, se habló de la necesidad de desarrollar un plan de zonificación ambiental, que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, los ecosistemas frágiles y estratégicos, las cuencas, los páramos y los humedales.
Y en el cuarto punto, relativo a la solución del problema de las drogas ilícitas, se dijo que una de las problemáticas a atender es la presencia de los cultivos de uso ilícito en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Esto a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos que involucra a las comunidades que los habitan en el control, restauración y protección efectiva para garantizar el bienestar, el buen vivir y la preservación y conservación de estos lugares.
En este sentido, la implementación del Acuerdo Final en las zonas definidas como prioritarias, las acciones viables a tomar serían, vincular laboralmente a los exguerrilleros como guardabosques, encargados de coordinar labores de conservación y protección ambiental y con esto fortalecer la gobernabilidad ambiental. Y la asignación de tierras a víctimas del conflicto, campesinos, colonos e incluso excombatientes con el compromiso de construir redes de conservación y protección de las reservas forestales y Parques Nacionales Naturales.
Acciones como las propuestas, podrían contribuir con la meta de reconciliarnos con la naturaleza. Ayudarían, por un lado, a reducir la huella causada por los daños ecológicos de la guerra, y a atender a esta “víctima olvidada” del conflicto, pues a la naturaleza también se le mutila, envenena, destruye, sacrifica, quema y desplaza. Y por el otro, a preservar el medio ambiente y con ello al mantenimiento de la paz, a la reducción del riesgo de futuros conflictos armados y a cuidar responsablemente la herencia de las generaciones futuras.