Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
A falta de un mes para ser debatido el proyecto que busca regular las redes sociales en Colombia, esta propuesta, impulsada por el senador de Cambio Radical, Antonio Luis Zabaraín Guevara, ha despertado polémica y ha configurado un escenario de debate sobre los riegos de una posible restricción a la libertad de expresión.
Desde ya se han levantado voces en contra de este intento por diseñar una regulación que limita los contenidos que circulan en las redes sociales, y sobre todo hoy, cuando ha sido la sociedad civil está jugando un papel fundamental, desde estos espacios virtuales, como un contrapeso al poder y la versión oficial de la realidad nacional.
“Las redes no pueden ser un instrumento de resentidos”
Zabaraín, quien además es el presidente de la Comisión Sexta Constitucional del Senado, ha manifestado que su objetivo obedece a regular las condiciones básicas para “garantizar la honra y el buen nombre de los ciudadanos”.
Justamente, este senador es recordado por el debate de control político en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pues a raíz de su peculiar intervención, en redes sociales el senador fue tendencia por su presunto estado de alicoramiento. El mismo Zabaraín ha manifestado a la opinión pública que “Regularemos uso de redes sociales. Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”.
Lo que dice la -FLIP
Para Pedro Vaca, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y quien ha investigado sobre este tema de los límites a la libertad de prensa, regulaciones de medios y libertad de expresión en internet, declaró sobre este asunto que “La pregunta que habría que hacer en primer orden es, ¿estos derechos están desprotegidos? No. El derecho a la honra y el buen nombre ya están consagrados por la constitución de 1991”. Es decir, no se necesitarían más normas para proteger este derecho.
Ya existe un antecedente en el que se protege el derecho a la honra y arroja luces acerca de este espinoso asunto. En fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional (T-695 del 2017), se establece que “Implica al mensaje, al dato, noticia o comunicación difundido que sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales (…) pues de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones (…) se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros”.
Según Vaca, hay que escudriñar sobre el verdadero objeto de este proyecto de ley , teniendo en cuenta que “en Colombia, quien limita la libertad de expresión o sanciona un discurso por traspasar un límite, es un juez de la República, es un fuero que no se le ha entregado a nadie más, ni al Legislativo, ni al Gobierno, ni a la Procuraduría, ni a la Fiscalía. El único que puede decidir sobre estos asuntos es un juez de la República”.
¿Prohibición o autorregulación de los contenidos?
Sin embargo, el Ministerio de las Comunicaciones ha declarado que “corresponde a las redes sociales establecer una autorregulación”. Precisamente, estos proyectos pretenden que estas facultades de regulación sobre los limites de libertad de expresión pasen a las plataformas digitales, que no es un detalle menor.
Frente al hecho de que las denuncias sobre las opiniones expresadas en redes sociales y, que presuntamente atenten contra la honra y buen nombre, el proyecto busca que estas lleguen al Ministerio de las TIC, y que en un plazo de 72 horas se proceda a la interrupción del contenido.
Para Vaca, esta propuesta de regulación es pretensiosa y además ilusoria, ya que sería casi imposible que se pueda controlar y detener la emisión de contenidos falsos o que trasgredan los límites de la libertad de expresión. En este sentido, este proyecto de ley de Zabaraín está inspirado en una presunción de daño a la honra. Según Vaca, “este hecho lo hace completamente incompatible y por consiguiente, la ruta que sigue el proyecto de ley no es otra que la de censurar”.
Educar a una ciudadanía digital, un camino indispensable
Según el director ejecutivo de la FLIP, el hecho de que el Estado quiera entrar a moderar y regular las conversaciones de los ciudadanos en internet, “es propio de régimen autoritario”. Sería mejor, añade Vaca, plantear una discusión donde el Estado le permita a la sociedad herramientas para entender un nuevo entorno.
Para la FLIP, las discusiones a nivel internacional, lejos de ubicarse en el punto de la regulación, se están ubicando en el punto de la alfabetización digital, lo cual advierte una hoja de ruta para el Estado colombiano.
En este momento, no hay un programa serio que desde el Ministerio de las Comunicaciones y el sector educativo estén ejecutando para realizar pedagogía a los ciudadanos acerca de un óptimo uso de redes sociales. Al parecer, la estrategia de algunos sectores políticos, en cabeza del senador Zabaraín, no es educar las destrezas para un óptimo consumo de contenidos digitales, sino restringir su uso.
Por ahora, el debate acerca de las consecuencias de una regulación de las redes sociales está sobre la mesa. No solo para el periodismo, y la libertad de expresión en general, estas autopistas virtuales han sido un mecanismo incomparable para la difusión de contenidos, ideas e información, sino también se han convertido en una herramienta de articulación de una sociedad civil productora de conocimiento y de propuestas políticas diversas.