Erradicación forzada, pandemia y abandono en El Catatumbo

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares.

Pilar* hace parte de las directivas de una de las organizaciones que propenden por la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno existentes en la región del Catatumbo. Su voz representa las luchas y quejas de muchas mujeres que se enfrentan hoy en día al panorama violento desatado por las erradicaciones forzadas emprendidas por el gobierno de Iván Duque, pero quienes además deben desplegar formas de cuidado debido a las violencias que les acarrean las labores de liderazgo que ejercen en sus comunidades.


Pilar es una de muchas lideresas que habitan el departamento de Norte de Santander. Las siguientes líneas pretenden esbozar sus preocupaciones, y sus luchas y exigencias. Su nombre, lugar de residencia y demás datos biográficos fueron alterados para mantener el anonimato bajo el cual habló con nosotras.


Un panorama cada vez más difícil


“Usted ve [noticias] y encuentra eso tan verraco de los falsos positivos que se ha reactivado. […] Yo les digo a mis hijos, que cuidadito con las minas, con esa gente armada que dice ser de las FARC, con que se los lleven y los hagan pasar por falsos positivos. Siendo madre, ¿una cómo no se preocupa?”

Estos son algunos de los temores que expresa Pilar, y ellos son justificados ante el asesinato por miembros del Ejército de tres campesinos en medio de las movilizaciones emprendidas en esta región en contra de las erradicaciones forzadas desde marzo del presente año.


Alejandro Carvajal, Emérito Digno Buendía y Salvador Jaimes Durán no solo han sido víctimas de violencia letal, sino que también se enfrentan al desmérito de sus nombres en los medios de comunicación y al juicio social y la estigmatización que esto conlleva, como demuestra la más reciente denuncia por parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Teorama contra BluRadio por afirmar que Salvador era integrante del ELN (Colombia Informa, 2020).


Su rol como caja de resonancia de estas afirmaciones, planteadas por las Fuerzas Militares como teorías sin comprobar, posiciona a los medios como uno de los actores que juega un papel activo en los conflictos que viven los y las habitantes de los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito donde muchos líderes y lideresas trabajan día a día.


A estos hechos de violencia, que parecen pasar desapercibidos en un país que demuestra haberse acostumbrado, a ellos se suma la posibilidad de un paro promovido por los y las cultivadores de hoja de coca, sobre el cual Wilder Mora, presidente de COCCAM en Norte de Santander, advirtió el pasado 21 de abril (Caracol Radio, 2020). En las conversaciones sostenidas, Pilar afirma que “esto va a estar tremendo […] por acá lo que se dice es que el paro comenzará el próximo viernes, 03 de julio. No se sabe por cuántos días se vaya a prolongar”.


Emergencia económica y social


El contexto de anormalidad que propiciaría esa situación vendría a sumarse a la coyuntura de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el COVID-19, desembocando en el cierre de los pasos y vías que comunican a los diferentes municipios del Catatumbo y menguando el escaso comercio que aún existe entorno a los productos agrícolas de la región: “usted sabe que la gente en los paros y movilizaciones siempre sale para Bogotá, pero en las regiones también se paran duro y se hacen sentir para poder negociar”.


Pero la economía de los municipios que conforman el Catatumbo no se enfrenta únicamente a la posibilidad de que se cierren las vías, la fumigación que sigue proyectándose para estos territorios afectará sin duda a la economía campesina pues “el químico con que fumigan no diferencia entre la bicha esa y el plátano y la yuca”.


Entre el 16 y el 19 de junio, diferentes medios nacionales difundieron la publicación del informe de seguimiento de la UNODC en Colombia para el año 2019, el cual señala que, pese a haber disminuido la cantidad de cultivos de uso ilícito, la producción de estupefacientes se mantuvo en el país. El departamento de Norte de Santander es uno de los lugares en donde se registró un aumento de cultivos de hoja de coca, exactamente de un 24%.


Dicho documento asegura que las familias inscritas al PNIS en Norte de Santander son 3.000; de ese total, el 62,8% había recibido solamente un pago del programa a septiembre de 2019, mientras que 531 familias reportaron haber recibido la totalidad de los pagos para esa fecha en el mismo departamento.


Al respecto, Pilar indica que “para poder erradicar se debe tener antes un proyecto que permita tener con qué mantener a la familia. Muchas personas no erradicaron porque el gobierno les da la plata, pero la gente no tiene un proyecto en qué invertirla”.


Lo anterior evidenciaría que no basta con brindar los recursos económicos para garantizar un proceso efectivo de erradicación por parte de quienes se comprometieron con el PNIS, sino que se requiere de un programa integral por parte del Gobierno Nacional, cuya voluntad política evidencia una clara tendencia a la militarización y el uso de la fuerza como un medio para logra ese fin, como han denunciado ASCAMCAT y COCCAM.


A este panorama se añade la presencia de militares estadounidenses al país. “Ellos ya están acá. Eso implica que todo esto se va a llenar de esa gente de Estados Unidos, y va a empeorar toda la situación”, porque, al hecho de ser personal extranjero que llega a intervenir territorios nacionales, se agrega la inquietud de que no cumplan las medidas de seguridad pertinentes y se conviertan en un factor de posible contagio para los y las pobladores rurales, como ha ocurrido con el Ejército Nacional y se ha denunciado en múltiples ocasiones.


El fallo de la magistrada Bertha Lucy Ceballos emitido el 02 de julio de 2020 que ordena la suspensión de las operaciones militares de las brigadas estadounidenses, ofrece a las comunidades un margen de esperanza sobre la posibilidad de defender la autonomía y libre determinación de sus territorios.

Estrategias de autoprotección y cuidado


Frente a la presencia de tropas estadounidenses y el aumento del pie de fuerza del Ejército Nacional, Pilar indica que “acá, usted misma tiene que ver cómo se puede defender, y mucho más del Estado. Yo… para mí, lo que es Ejército, Policía, todo eso, no confío nada. Es mejor tener de lejos a esa gente de ver todas las cosas que pasan”


En conexión con esta idea, Pilar señala que es fundamental no tener contacto con personas que dicen ser de Organismos No Gubernamentales –ONG- porque en el territorio han identificado que de esta manera se los ‘ficha’ o reconoce como líderes y lideresas y ello acarrea distintas formas de violencia.


La desconfianza hacia las ONG’s se ha aumentado por un sentimiento de abandono expresado por Pilar, quien manifiesta que estas organizaciones se han olvidado de las comunidades. Si bien no se compara al recelo producido por el Estado, también se identifica cierta animadversión hacia estas organizaciones por la dificultad de comprobar que quienes dicen hacer parte de ellas en realidad lo hagan y por la sensación de que su acompañamiento no es permanente.


Ante este panorama, las estrategias de cuidado y autoprotección desplegadas por las lideresas consisten en mantener las redes de afecto y cuidado existentes antes de la pandemia y del fortalecimiento de las erradicaciones forzadas que está ocurriendo en este momento en el Catatumbo. Dicho mantenimiento se da principalmente de medios digitales, pero este se ve sujeto a las capacidades materiales con que cuentan las personas en medio de la crisis actual, pues la conexión a internet no es un servicio que todas tengan garantizado.


“Uno se mueve por el WhatsApp, pero el internet toca comprarlo, acá no es como que exista una red pública… ¡si a veces ni siquiera hay señal! [Refiriéndose a cobertura telefónica]”

Como respuesta a las estrategias gubernamentales para hacer frente a la persistencia de los cultivos de uso ilícito, diferentes líderes y lideresas han creado canales de interlocución virtual o digital por medio de redes sociales entre las que sobresale WhatsApp, para discutir qué se puede hacer, porque, en palabras de Pilar “nos van a dejar el Catatumbo como un desierto”.


Sin embargo, es difícil ampliar las redes de apoyo, no solo por la incapacidad de tener proximidad física, sino porque “[…] aquí pasa de todo un poquito. Una ya no confía en nadie”. La multiplicidad de actores armados legales e ilegales que ocupa el territorio, impide la existencia de un clima que propicie la creación de relaciones entre la población civil y, especialmente, quienes ejercen liderazgos sociales, ya que es difícil identificar las cercanías que cada quien tenga con estos actores.


Debido a estas condiciones, las medidas que se han tomado de cara a la pandemia se reducen a las capacidades individuales de cada quien. Gestar propuestas e iniciativas comunitarias no ha sido fácil en este contexto, porque las necesidades son muchas y apremiantes, mientras que los recursos son escasos: “Cuando una está trabajando eso es más fácil, porque hay manera de ayudar a otros; pero cuando una no tiene esa posibilidad ¿Ahí qué se hace? En la organización hay mujeres que pasan situaciones muy difíciles, verdaderamente precarias, pero no se las puede ayudar. […] Yo he tocado muchas puertas, pero no me han ayudado”


Discutiendo estas dificultades, Pilar menciona que, dado que todos los trámites se realizan actualmente por vía telefónica, en este momento no se puede escoger entre cargar los teléfonos para poder hacer esas diligencias, o usar ese dinero para ayudar a otras personas. La coyuntura de emergencia social generada por el coronavirus ha profundizado el empobrecimiento del campesinado colombiano, y ese empobrecimiento es empeorado por el clima de conflictividad social que suscitan las erradicaciones forzadas.


Un Gobierno que brilla por su ausencia


Pilar, quien es víctima del conflicto armado y madre cabeza de hogar, denuncia que no se le ha brindado ningún tipo de apoyo a poblaciones vulnerables del Catatumbo “acá han llegado muchas ayudas, pero no sé a quiénes les estén entregando. Yo me pongo a gestionar por el celular, he hablado incluso con la Secretaría de la Mujer del municipio para saber qué se puede gestionar para las personas que conforman la asociación que dirijo, pero hasta ahora no ha ocurrido nada”.


Viendo la falta de ayudas y auxilios brindados por la administración local, Pilar escaló sus exigencias y se dirigió al gobierno departamental y nacional, pero la respuesta que recibió por parte de estos estamentos fue que esas solicitudes debían ser atendidas por la alcaldía municipal y “no me han dicho nada hasta el momento”. Pilar sostiene que de los mercados y ayudas alimentarias repartidas, no les han sido asignados ninguno a quienes integran la asociación de la que hace parte.


Pese a lo anterior, su testimonio evidencia que sí hay poblaciones a quienes se están priorizando y quienes sí están recibiendo estos beneficios: “Hace unos días, pude reclamar un mercado por parte del Bienestar Familiar para mi nieta, pero solamente porque la mamá de ella, mi nuera, es venezolana. […] Además de Familias en Acción, no se reciben más subsidios, eso es lo único que hay”. Adicionalmente, los procesos de restitución de derechos y aquellos adelantados gracias a las exigencias de las víctimas se han descontinuado debido a la pandemia.


Otro factor a destacar es que se han presentado situaciones de citaciones sospechosas a mujeres lideresas en esta región, las cuales fueron denunciadas ante la Personería pero no recibieron ningún proceso de seguimiento. Pilar sostiene que, la persona encargada, le pidió interponer la denuncia formal, a lo que ella se negó alegando que eso podría delatarlas ante las personas que la buscan y, adicionalmente, la expone a un mayor riesgo de contagio debido a que le implica movilizarse a los lugares de mayor aglomeración.


Los elementos aquí descritos exponen que el momento que atravesamos como país y como sociedad, no sólo no ha disminuido las violencias contras los líderes y lideresas sociales, sino que las ha profundizado al limitar su capacidad de acción e intervención en los territorios, y los expone a circunstancias de mayor vulnerabilidad.


En ese escenario, las mujeres lideresas llevan una carga enorme, porque no sólo se preocupan por el sostenimiento de sus familiares y sus círculos cercanos, sino que también hacen y promueven exigencias en favor de las comunidades. Las mujeres son las cuidadoras del territorio y de las poblaciones más vulnerables, pero están desprotegidas y sin cuidado alguno.