Ernesto Samper: «Todos somos culpables de lo que pasó en el conflicto»

Por: Carol Sánchez.


Uno de los debates más álgidos en el trámite de las leyes para la implementación del Acuerdo de Paz fue el de la delimitación de las facultades de la JEP. Durante semanas se debatió si los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que no pertenecen a la fuerza pública) debían o no someterse obligatoriamente al sistema de justicia transicional. La decisión final de la Corte Constitucional llegó en noviembre de 2017: solo debían comparecer a los tribunales de la JEP los civiles que lo quisieran hacer de forma voluntaria.

Esto eximió, por ejemplo, de la obligación a expresidentes y funcionarios públicos que tuvieron parte en el conflicto por acción u omisión. Mucho se advirtió sobre el daño que la decisión le haría a los procesos de verdad que se buscan en el postconflicto. Sin embargo, la sentencia quedó en firme y ahora, incluso, sectores políticos hablan de la posibilidad de excluir a miembros y exmiembros de la fuerza pública.

Ante esta decisión, el expresidente Ernesto Samper le envió una carta a la doctora Patricia Linares, presidenta del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. En ella, expresaba su voluntad para atender todos los requerimientos de ambas instituciones en pro de aportar al esclarecimiento de la verdad.

Pares habló con el expresidente Samper sobre el tema.

¿Por qué su voluntad de someterse a la JEP?

Esta respuesta necesita un contexto. El proceso de paz tiene tres fases bien conocidas y bien delimitadas. La primera es la fase de paz negativa, que es el silencio de los fusiles resultante de la concentración, desmovilización, dejación de armas, conversión en partido político y participación en las elecciones de la FARC. A partir de ese momento comienza la segunda parte: el transito del conflicto al postconflicto, para el cual se ideó la figura de la justicia transicional. La tercera es el postconflicto, es decir la reconstrucción del tejido social, económico e institucional.

¿Por qué se ideó la fase de transición? Porque estos procesos de paz no son cuestiones de noche y día, ni de blanco y negro; siempre hay un escenario intermedio. Ese escenario es el de la justicia transicional, que consiste en un mecanismo reparador de la sociedad civil y combina tres elementos: verdad, justicia y reparación. En este tiempo la sociedad, de alguna manera, elabora el duelo del conflicto, le retribuye a las victimas el daño que se les ha causado y estructura una política de reconciliación sobre la base de la verdad. Es la combinación de esos tres elementos la que crea la posibilidad de que la sociedad se reconcilie.

El conflicto no fue un escenario en el cual simplemente se enfrentaron las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares. Fue, esencialmente, una época en la que participaron, además, actores civiles y políticos que deben contribuir a esta tarea de construcción de la verdad para la reconciliación, la reparación de las víctimas y la justicia.

Uno de los cortes más duros que recibieron los Acuerdos de La Habana fue la decisión abultada del congreso al excluir de la Jurisdicción Especial para la Paz a toda la sociedad civil, ya que en esta guerra no solo estuvieron militares y guerrilleros, también personas que financiaron las actividades armadas y, dentro de estas personas que se podrían determinar dentro de la sociedad civil, yo le doy particular importancia al caso de los expresidentes.

De alguna manera los expresidentes tuvimos el manejo del orden público durante los años que duró el conflicto; tomamos decisiones que pudieron afectar a unos o a otros; tuvimos, sobre todo, acceso a información que tenemos la obligación moral de compartir por medio de los mecanismos de verdad para que esta reconciliación sea lo más plena posible. Los expresidentes no solamente fuimos altos mandos, sino comandantes en jefe de las fuerzas armadas. En esa condición debemos responder y aportar las informaciones que puedan ser útiles.

En ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo en eliminar los fueros especiales que existen en Colombia?

Depende. Yo creo que hay unos fueros que están justificados. Por ejemplo, los de los militares, pero solamente como se estableció a través del nuevo código penal militar, para aquellos que estuvieron involucrados en actos de servicio o acatamiento de órdenes superiores. La reservación de la identidad militar, de la jerarquía militar, tiene muchísimo que ver con respetar con esos fueros y que sean fueros de juzgamiento exclusivo de los militares. Pero sobre el resto de los delitos no creo que se puedan justificar al margen de esas dos excepciones de actos de servicio y cumplimiento de sobrevivencia.

Muchas personas dirían que si usted no es culpable, por qué habría de comparecer frente a la JEP, ¿qué responde?

Hay que partir de la base de que todos somos culpables de lo que paso en el conflicto armado, unos por acción y otros por omisión. Lo único que nos va a permitir conseguir una sociedad reconciliada es entender que lo que sucedió en este país es algo que nos concierne a todos, no fue solamente un problema militar, que fue a lo que redujo el Congreso en Colombia. Es un problema de la sociedad civil, los que financiaron, los que patrocinaron y los que ayudaron.

¿Por qué presentar estas verdades en la JEP y no en la justicia ordinaria?

Porque en la JEP hay dos procesos: el que va a contribuir a una la ponderación de lo que se aportó en verdad frente en lo que se demanda en justicia; y el que va a aportar a la verdad histórica. Yo creo que esa verdad histórica es muy importante porque, de alguna manera, no es una verdad judicial, lo cual permite que sea más transparente, generosa, rica en fechas y en personas.

¿A qué motivaciones políticas cree que apuntan los cambios que tuvo la JEP?

Es el intento de una sociedad cómplice de evadir sus responsabilidades. Eventualmente van a terminar arrepintiéndose los que hoy en día están celebrando con júbilo que no puedan ser llamados a la JEP. La lectura de esa actitud ante la Corte Penal Internacional es de la que no hubo justicia para las víctimas.

¿Sabe de algún otro expresidente que haya querido acogerse?

No.