Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Pares conoció una denuncia que han venido presentando las comunidades del corregimiento de Puerto Pinzón y de la vereda de la Arenosa (Boyacá) y de las veredas de San Tropel, La Locación y la Guinea (Santander) sobre operativos de erradicación forzada por parte de uniformados del Ejército Nacional.
De acuerdo con las comunidades, hay cerca de 60 uniformados del Batallón del Ejército Rafael Reyes de Cimitarra quienes están arrancando siembras que, según las poblaciones, no alcanzan a ser hectáreas. Los campesinos son categóricos: queremos alternativas productivas y nosotros mismos arrancamos las siembras.
«Queda uno desventurado, sin qué comer»
Las comunidades tienen incertidumbre por su presente inmediato ¿qué puede quedar para el campesinado con esta situación? Tener que desplazarse a otros pueblos porque no hay soluciones a esta crisis humanitaria. Los campesinos estamos aguantando hambre, esto mientras aumenta la zozobra por la acción militar.
Los campesinos manifiestan que no han contado con ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes. La respuesta que nos dan los uniformados que erradican, es que están cumpliendo unas órdenes de arriba. Queda uno desventurado con la familia sin qué comer, acá no hay una empresa para uno meterse a trabajar.
A nosotros no nos molesta la presencia de los militares, siempre y cuando no le hagan daño al campesino. Foto: Cortesía
Ahora bien, las comunidades han manifestado miedo por la estigmatización que supone la presencia de esos operativos de erradicación forzada en la región. Las familias que tiene hoja de coca no es para enriquecerse ni para financiar guerra, es para el sustento, para comer. Aquí no hay violencia, pero tampoco presencia del Estado con programas que beneficie al campesino. A nosotros no nos molesta la presencia de los militares, siempre y cuando no le hagan daño al campesino”, precisa un habitante de la región.
Sin carreteras
Por acá la gente siembra chocolate, plátano, yuca. Pero ¿Cómo se comercializan? Sin vías es imposible que al hombro los campesinos se carguen arrobas para ir a vender en un trayecto que le puede demorar ocho horas trayecto. El tema de las carreteras es insostenible.
Tal como lo cuentan las comunidades, la situación es grave debido a que las poblaciones no tienen qué sembrar, no hay planes alternativos. Han intentado sembrar chocolate, yuca, etc. Sin embargo insisten que nada es sostenible, sobretodo, por el mal estado en la que se encuentran las vías que permitirían la comercialización.
Es dramático el estado en el que se encuentran las carreteras de la región. Muchas de ellas, prácticamente intransitables. Foto: Cortesía.
De esta forma, poco más de 100 familias, tal como lo señalan, se han visto forzadas a cultivar para sobrevivir. Sin embargo, insisten en que están requiriendo proyectos productivos para encadenar el proceso de las alternativas de cultivos. «Acá las comunidades sufrimos un abandono y, mientras con incertidumbre vemos los operativos de erradicación forzada nos quedamos sin sustentos con qué vivir.”
El miedo de las comunidades es que se puedan repetir hechos de violencia del pasado. Lo que nosotros queremos es levantar una voz de alerta, de prevención. Se daban casos en que entraban a las casas solas: quemaban los cultivos y quemaban las propiedades de las personas. Esos capítulos de erradicación forzada, no le han traído oportunidades para salir adelante.
También han sufrido hechos de violencia por parte del Ejército en los operativos de erradicación forzada. De hecho, señalan —en el documento que le envían a las autoridades— episodios como el caso del incumplimiento de acuerdos por parte de Corpoboyacá en la implementación del plan de manejo ambiental del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas del cual hace parte Puerto Pinzón y la Arenosa.
Hemos tenido un abandono estatal por mucho tiempo, la única presencia que ha hecho el Gobierno es con la fuerza pública, sin brindarnos ninguna oportunidad para mejorar la calidad de vida de la región, es por esa razón que existen algunas familias que se ven obligadas a la producción de hoja de coca, son pequeños cultivos que no pasan de media hectárea por familia.
El ingreso de los uniformados es, normalmente, a altas horas de la madrugada. Aquí lo que hay es 10 o 20 arrobas que recoge un grupo de familias para sobrevivir. Adicionalmente, las comunidades señalan que el sector es tranquilo, no hay presencia de grupos armados. Somos solo campesinos trabajadores y echados para delante.
Incluso los campesinos le manifiestan a Pares que el Ejército viene y arranca “un tajo de 10 arrobas de hoja coca y reportan que arrancaron 20 o 30 hectáreas. Aquí no las hay. El que más tiene, tiene cerca de media hectárea.”
Un acuerdo colectivo
Por una parte, las comunidades campesinas de la zona exigen que cesen estos operativos, haya presencia integral del Estado y atienda lo que es una crisis humanitaria para las comunidades campesinas. Asimismo, solicitan que se tenga en cuenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
De esta forma, hacen un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y alcaldes de Puerto Boyacá, Cimitarra, Bolívar, Santander, y los gobernadores de Boyacá y Santander.
Asimismo, han manifestado preocupación sobre el tema de salud debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, en el marco de Covid-19. Estas veredas, como indican los campesinos, no cuentan con centros de salud y no conocen qué tipo de protocolos de bioseguridad están teniendo en cuenta los uniformados.
Específicamente, han señalado que en los operativos los uniformados del Ejército Nacional llegan hasta las comunidades sin uso de tapabocas; aún cuando los mismos miembros del ejército tienen contacto con distintas comunidades en los corregimientos y veredas. “Acá tenemos puntos de control de desinfección para mitigar el contagio, pero los uniformados se los pasan por alto”.
Esta preocupación, se suma a la ausencia de alternativas del Gobierno Nacional, departamental y municipal al campesinado. Como dicen: “si así la cosa está jodida, estamos pasando agua, no queremos pensar cómo será la situación con un contagio”.