Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional
Línea de Democracia y Gobernabilidad
El día de hoy, 9 de marzo, hubo una renuncia masiva de 17 candidatos de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 12, integrada por los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, aludiendo a una falta de condiciones para la realización de campañas.
Este es un golpe simbólico frente a lo que ha sucedido en esta circunscripción, ya que no hay posibilidad de aplazar o suspender las elecciones, puesto que, de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2021, solo se podría dar por situaciones que alteren el orden público y requiere de la decisión del Gobierno nacional. Es decir, queda en manos del presidente.
La ausencia de condiciones ha sido denunciada desde el mes de enero, cuando fue interpuesta una denuncia por los candidatos Melba Mieles Ramírez, Luis Fernando Lara y Maryori de Jesús Pérez Álvarez ante la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo y otras entidades. (Puedes consultar la denuncia haciendo clic acá)
Los mismos motivos de la denuncia fueron las razones que llevaron a esta renuncia masiva, la cual no tuvo respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.
Los obstáculos financieros
En primer lugar, a varios candidatos, en ningún momento, les giraron los recursos para hacer campaña. Además, los candidatos se enfrentaron a las ‘pólizas de seriedad de la candidatura’ que deben otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban listas al Congreso. El valor de dichas pólizas, establecido para las elecciones del 2022 en la Resolución 0889 de 2021 del CNE, dicta un valor de acuerdo al censo electoral del departamento por el cual se lanza el candidato. Si bien es cierto que el Acto legislativo 02 de 2021 dictó que la financiación de las campañas sería estatal, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, para acceder al 50% de los anticipos, se debe pagar previamente al desembolso la ‘póliza de seriedad’.
No tener las posibilidades de pagar la póliza fue un obstáculo para poder acceder a recursos para la financiación de campañas. Al manifestar esto, candidatos de la circunscripción 12 le comentaron a Pares que, incluso, les llegó un correo para solucionar el problema del pago de la póliza, pero a la hora de acercarse a la previsora les dijeron que a ellos no les habían dado ninguna orden.
Eso, pese a que el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021 dictaba que los recursos debían ser destinados un mes luego de la finalización de la inscripción de las candidaturas, es decir, el 13 de enero del 2022.
Mientras tanto, fue denunciada una presunta financiación privada en las campañas de algunos candidatos, pese a que se dictara que estas campañas pueden recibir donaciones de privados, pero estas tienen que ser dirigidas al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales. Los dineros allí recaudados serán destinados por partes iguales y no podrán superar el 10% del monto establecido para la Cámara de Representantes. Por último, la Ley indica que estas circunscripciones competirán en condiciones iguales, es decir que las campañas únicamente podrán utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado y se les asignará espacios gratuitos en los medios de comunicación regionales.
Fuente: Acto legislativo 02 de 2021
Eso llevó a que candidatos con un músculo financiero detrás o apoyados por estructuras políticas sí pudieran adelantar sus campañas, implicando un riesgo de cooptación de la circunscripción 12. Se suma el riesgo de que estas queden en manos del Clan Gnecco, por la presencia de William Alfonso Ovalle, quien fue gerente de campaña en el Cesar de Varga Lleras en el 2018 y ha dejado ver públicamente su cercanía con Cielo Gnecco. También está la presencia de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, también candidato e hijo de “Jorge 40”, a quien varios candidatos han señalado como la persona que está detrás de las amenazas para no hacer campaña en ciertos municipios. De igual forma, está Pedro Norberto Casto Araujo, tío del alcalde de Valledupar, el "mello" Castro. (Para conocer los perfiles de estos candidatos cuestionados, dirígete al final de este artículo).
La falta de condiciones de seguridad
Sumado a ello, se denunció la falta de condiciones de seguridad. Algunos candidatos señalaron no poder entrar a ciertos municipios a hacer campaña, ya que los amenazaban. En varios de hechos, según fuentes en el territorio, solo se le permitía hacer campaña a Jorge Rodrigo Tovar.
Incluso, fue señalado el defensor del Pueblo regional, José Rafael Hernández Peñaranda, de no tomar cartas en el asunto, pese a las reiteradas peticiones y que la misma Defensoría del Pueblo estableciera una alerta temprana por el alto riesgo en cuatro municipios de la circunscripción 12, en el marco del proceso electoral. Estos municipios son Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz y Pueblo Bello.
Ante ese escenario, la semana pasada varios candidatos hicieron un acto de protesta, encadenándose frente a la sede de la Registraduría en Valledupar, entre los que estaban Luis Fernando Lara y Maryori de Jesús Pérez, manifestando la ausencia de condiciones para realizar campaña y pidiendo que se aplazar las elecciones en la CITREP. Como no obtuvieron respuesta de las entidades encargadas, es que se presentaron sus denuncias; consideran que no hubo, en ningún momento, equidad en el desarrollo de las campañas.
Los candidatos que cooptarían la circunscripción 12
1. Jorge Rodrigo Tovar Vélez:
Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal, y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. También ha trabajado en el Gobernación del Cesar y para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez y luego coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es candidato por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida), por la circunscripción 12.
Es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, Jorge 40 fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del Caribe colombiano, quien llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. “Jorge 40” ingresó en 2006 a Justicia y Paz y excluido en 2015 por incumplir con algunas condiciones. Además, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado en 2020 a Colombia.
Sumado a ello, Tovar Vélez tiene un conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar. Principalmente, se encuentra que en 2019 fue adjudicado el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohacha en el inmueble de Ana Carolina Vélez, ex esposa de Jorge Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, por 236 millones de pesos. Además, según El Espectador, la Unidad de Victimas territorial del Cesar le haría campaña y habría promovido su candidatura.
2. William Alfonso Romero Ovalle:
Es señalado de ser la mano derecha de Cielo Gnecco, matriarca del Clan Gnecco. Su cercanía es muy notable, siendo visible por redes sociales, donde se ha referido a ella como su hermana y mejor amiga. Diversas publicaciones dan evidencia de esa cercanía, lo cual también se ha traducido en un acercamiento en los equipos de trabajo de políticos abanderados por el clan. Entre ellos se encuentran Franco Ovalle Angarita, miembro que la familia política tradicional Ovalle, aliada del clan Gnecco y que tiene a su hermanos, Luis Ovalle Angarita, condenado por fraude procesal y a Manuel Guillermo condenado por irregularidades en contractuales en los Juegos Nacionales del 2015.
También la cercanía con Cielo Gnecco llevó a que le hiciera campaña a su hijo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien ha tenido múltiples cuestionamientos e investigaciones, siendo la más reciente la acusación formal de la Fiscalía en su contra por irregularidades contractuales en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015.
También le hizo campaña a Germán Vargas Lleras en el 2018, promoviendo su candidatura presidencial, cuando el clan Gnecco decidió apoyarlo en esas elecciones presidenciales. Ya esa cercanía entre Vargas Lleras y el Clan se había dado en 2015, cuando el Partido de la U y Cambio Radical se unieron para apoyar a Franco Ovalle a la gobernación.
Esa cercanía a miembros del clan también la ha dejado ver con José Alfredo Gnecco Zuleta, primo de Luis Alberto, y uno de los herederos que más se han beneficiados de la estructura y maquinaria le clan. De acuerdo con el Informe “Los herederos y herederas de todas las formas de corrupción”, si bien a título propio no se le conocen muchos procesos, José Alfredo le habría entregado, presuntamente, $150 millones a Luis Gustavo Moreno, para que favoreciera a su padre, Lucas Gnecco, en un proceso por corrupción, según una declaración de Moreno.
Cabe mencionar que, como Pares reseñó en el informe “Baronesas Electorales en Colombia”, el clan Gnecco está en cabeza de Cielo Gnecco, quien heredó el poder electoral de sus hermanos Lucas, Jorge y José Eduardo. Es un clan que ha logrado el control político del Cesar, ocupando la gobernación en diversas ocasiones y consolidando desde el departamento su estructura para lograr cargos de representación nacional. Con nexos con paramilitares y narcotraficantes, consiguieron consolidar su poder económico para soportar la estructura política que tienen. Entre aliados del clan se encuentra también los congresistas Didier Lobo Chinchilla y Alfredo Ape Cuello.
3. Pedro Norberto Castro Araujo:
Es el heredero de la casa política cuestionada de los Castro, en el Cesar. Es hijo de José Guillermo Castro Castro, conocido como el “Pepe” Castro, quien fue concejal y alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara por un periodo y senador por cuatro periodos. La influencia de “Pepe” Castro llevó a que uno de sus hijo, Guillermo Castro, hermano de Pedro Castro, fuera nombrado reemplazo del senador Luis Eduardo Vives en el 2000 y gobernador del Cesar en el 2003 en reemplazo del destituido Rafael Bolaños. Pese a los intentos ya mencionados de Pedro Castro para ingresar a la política, que contaban con el apoyo de su padre, esta casa política fue perdiendo terreno en el Cesar ante el crecimiento político del Clan Gnecco.
Por una de sus hermanas, María Teresa Castro, la familia Castro tuvo unión con la familia Araújo, otra familia política tradicional del Cesar, entre los que se encuentran Álvaro Araújo Castro, condenado por parapolítica, Sergio Araújo Castro, quien militó también en el Centro Democrático y quiso aspirar a la alcaldía de Valledupar, y María Consuelo Araújo Castro.
Sin embargo, volvería a aparecer con el espacio que se ha abierto su sobrino, José “Mello” Castro, quien fue concejal de Valledupar por el Partido de la U, en el período (2012-2015), diputado de la asamblea departamental de Cesar por el mismo partido (2016-2019) y actual alcalde de Valledupar. Al contar con el apoyo del Clan Gnecco, Mello Castro se vio involucrado en la “ñeñepolítica”, por tener presuntamente una cercanía con José Miguel Hernández, hijo del “Ñeñe” Hernández. Sumado a ello, se encuentra enfrentando un proceso administrativo sancionatorio fiscal y formulación de cargos por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, por varias irregularidades durante su administración.
Por su parte, a su esposa, Claudia Elena Lozano Doria, le fueron imputados los delitos de Fraude procesal y Falsedad en documento privado por parte de la Fiscalía, por presentar documentos falsos que la acreditaran como abogada para ser juez en Valledupar. Llegó a actuar como fiscal en diversos procesos, como el del exdirector del DAS en La Guajira, pese a no tener credenciales para hacerlo.