Entrampamientos

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares.

Languidecía el escándalo por el “entrampamiento” en el “caso Santrich” -la acusación al guerrillero de estar traficando cocaína luego de firmados los acuerdos de paz con las Farc para extraditarlo y en la que excusó su retorno a las armas- urdido desde la Fiscalía, conducida por Néstor Humberto Martínez Neira en concurso con la DEA, aliada de no pocas tropelías en el continente, que puso el pacto de La Habana en ascuas.

En el letargo angustioso de la pandemia, cuando el tema, como tantos otros, como es recurrente en el país, parecía condenado al olvido, el periodista Edinson Bolaños, del diario El Espectador, denuncia el contenido de 24 mil audios relacionados con el asunto, cuya existencia se rumoraba sin advertir su contenido escabroso, y pone en cuestión la coherencia del gobierno y sus partidarios con su consigna de “Paz con legalidad”.

En su momento, de mala gana y sin ningún rigor técnico, como lo reconoció el actual presidente de la Justicia Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, Martínez, ante requerimiento de la JEP, ámbito judicial al que respondía Santrich en su condición de exguerrillero desmovilizado, para resolver la situación de éste tras la denuncia derivada del “entrampamiento” de que fue objeto, la Fiscalía hizo entrega de 12 audios, escogidos con precisión al propósito, en los que mediante montaje se intentaba probar una operación de tráfico de drogas a proveerse por el desmovilizado al cartel mexicano de Sinaloa, con la intermediación de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, otro de los rearmados, quien intentó sacar provecho ilícito de la plata de la paz y terminó siendo un “gancho ciego” al servicio de la Fiscalía y la DEA a cambio de impunidad y seguridad.

Al parecer, los 24 mil audios mezclan conversaciones reales interceptadas ilegalmente (de miembros de la comisión negociadora de paz del gobernó y de la oposición) , cuyos realizadores recibieron imputación por la comisión del delito pero en su momento dijeron que Martínez estaba al tanto, lo que este desde luego niega, con conversaciones ficticias grabadas con inciertos pero previsibles propósitos, pues involucraban entre otros al Vicepresidente de la República, para el momento, general retirado de la policía, Oscar Naranjo, el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y la dirigente liberal de izquierda, Piedad Córdoba.

Si lo de Santrich, puesto en duda desde el comienzo por los sectores que respaldan los acuerdos, anticipo de lo que podría haber sido un plan desestabilizador, constituyó un tropiezo, una investigación contra el Vicepresidente y altos funcionarios por estar traficando cocaína en sociedad con las Farc habría hecho trizas el proceso de paz, aparte de otras consecuencias para el gobierno Santos.

La publicación del informe sobre los audios por El Espectador, las pesquisas, entrevistas y denuncias hechas por María Jimena Duzán, antes de su salida de Semana, y una entrevista de RCN con el exfiscal donde se desdijo y contradijo, además de las propias investigaciones de los senadores citantes, dieron pie para un documentado y asertivo debate en el Senado sobre los propósitos de Martínez Neira al prohijar esas truculencias.

Gustavo Petro, en una contundente intervención probó que Santrich fue víctima de un montaje orquestado entre la Fiscalía y la DEA con el fin de lograr su extradición a los EE.UU. (no se hizo una “entrega controlada de droga” para corroborar un delito sino que se fabricó a partir de engaños), lo que habría ocasionado un sabotaje de trágicas consecuencias para el acuerdo de paz, cuyos orígenes y demás promotores, aparte de Martínez, son aún desconocidos.

En conjunto, la intervención de Martínez Neira fue una ‘perfomance’ desmejorada de sus conocidas exposiciones públicas para responder acusaciones: histrionismo, ironía, amenazas veladas -que provocaron un llamado de la Fundación para la Libertad de Prensa y editorial fuerte de El Espectador, por los casos de Duzán y Bolaños-, golpes bajos, verdades a medias, puyas desacreditadoras de la JEP –uno de cuyos funcionarios fue víctima de una táctica de “entrampamiento” durante su gestión. Imagen: Cortesía.

De manera meticulosa, Petro describió el papel de Marín como colaborador – situación a la que llegó detectado por la fiscalía haciendo negocios corruptos como intermediario de recursos del acuerdo-, las fallas técnicas irrefutables del montaje de la negociación de la droga en la residencia de Santrich (facilitada por el gobierno, cundida de cámaras y vigilada por seguridad oficial), con un video “prueba” que fue alterado de manera burda: saltos de cámara para cuadrar tiempos, aparición inexplicable de objetos en la misma secuencia de grabación, descuadre de labios y voz (lipsing), y la obscenidad de las “confesiones” del sobrino de Marín desde los EE.UU., dictadas por agentes de la DEA y recitadas por el colaborador. Remató con la pregunta del millón, ante tanto despliegue de tecnología, por qué no existe una sola imagen de la “entrega controlada” que incrimine a Santrich.

A su turno, Iván Cepeda -quien reclamó a Martínez por un intento de “entrampamiento” contra su esposa en el propósito de desprestigiar las gestiones de paz-, Antonio Sanguino y Roy Barreras, hicieron contundentes apreciaciones respecto de las implicaciones políticas, diplomáticas y judiciales del que convergieron en señalar como un atentado contra el acuerdo de paz, la seguridad nacional y la soberanía del país. Sanguino advirtió que acudirá a la Comisión de Acusaciones del Congreso.

En conjunto, la intervención de Martínez Neira fue una ‘perfomance’ desmejorada de sus conocidas exposiciones públicas para responder acusaciones: histrionismo, ironía, amenazas veladas -que provocaron un llamado de la Fundación para la Libertad de Prensa y editorial fuerte de El Espectador, por los casos de Duzán y Bolaños-, golpes bajos, verdades a medias, puyas desacreditadoras de la JEP –uno de cuyos funcionarios fue víctima de una táctica de “entrampamiento” durante su gestión. También mintió, dijo desconocer al inicio las acciones de la DEA en el caso pero en un comunicado las autoridades estadounidenses manifiestan que siempre actuaron en acuerdo.

No faltaron sus acostumbrados autoelogios pendencieros, como su supuesto patriotismo que lo hizo “guardián” de la “platica de la paz”, para evitar responder los cuestionamientos o manipular, como en el caso de los 24 mil audios y decir que solo entregó 12, porque eran los que mencionaban a Santrich dado que los demás concernían solo a Marín, como si en conjunto no constituyeran graves hechos relacionados con el proceso y por ende de interés de la JEP. Asunto que se igual manera, tramitó a su amaño frente al gobierno.

A la especie infundida por Martínez, para ahondar en sus señalamientos a la Farc, de un posible lavado de activos en Turquía, con los mismos papeles, Petro le dio la vuelta para ponerlo a pensar en una intervención de la administración Trump contra el gobierno de ese país, para nada descabellada dados tantos antecedentes, de la cual funcionarios de otros países podrían ser “idiotas útiles” o peones acuciosos. Todo es posible, basta recordar el episodio “Irán-contras” en Nicaragua.

Esta vez, a diferencia de hace dos años, cuando Petro y la oposición lo pusieron contra las cuerdas, y de paso a todo el establecimiento, por sus andanzas en los sobornos de Odebrecht, Paloma Valencia, distraída del debate, no tuvo a mano el video dudoso y explosivo, que fuera su salvavidas. Por eso, no sorprende que culminara con un mandoble, señalando a sus acusadores de defensores del narcotráfico. En sus hábiles y perversas argucias de cinismo, estar del lado de la paz es ser cómplice del delito.

Infundio que repitió subalterno el comisionado de la “paz con legalidad” y, desde luego, en coro, los congresistas, tuiteros y bodegas del uribismo. Claro, todos omitieron que la JEP expulsó a Santrich y a Márquez luego del anuncio de estos de abandonar los acuerdos y que los senadores que cuestionan a Martínez, también han sido contundentes en repudiar esa decisión, que coinciden en señalar, es una traición al esfuerzo por llevar al país a la reconciliación.

Sin medir su investidura, el Presidente de la República, en defensa de su nombrado Embajador en España, se sumó al ataque a representantes de la oposición miembros del Congreso de la República, para respaldar una actuación, como se demostró, contraria a la Constitución y la Ley. En una democracia son inadmisibles los “falsos positivos”, letales o legales. Nuestra Carta reza en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, el presidente debe ser su garante.

Esta vez, a diferencia de hace dos años, cuando Petro y la oposición lo pusieron contra las cuerdas, y de paso a todo el establecimiento, por sus andanzas en los sobornos de Odebrecht, Paloma Valencia, distraída del debate, no tuvo a mano el video dudoso y explosivo, que fuera su salvavidas. Imagen: Cortesía.

La gravedad de la intentona ya la había señalado a mediados de 2019 el exconsejero presidencial para la paz y arquitecto del proceso de negociación con las Farc, Sergio Jaramillo, quien afirmó que lo que se estaba entrampando era el acuerdo. La vocería de los adversarios a los acuerdos la llevó la Vicepresidenta Martha Ramírez, al afirmar que los que habían sido “entrampados” eran los colombianos, dándole absolución a cualquier cosa que conlleve cuestionar o responsabilizar al Gobierno Santos por el pacto de convivencia con las Farc. Santos, ha sido contundente respecto del hecho y su antiguo amigo y “superministro” Martínez Neira: “Si la paz resistió a los entrampamientos de Néstor Humberto y la DEA, resiste todo”.