Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad
Las comisiones económicas conjuntas del Congreso han aprobado, en primer debate, el Presupuesto General de la Nación de 2022 que pretende pasar por debajo de cuerda modificaciones a la Ley de Garantías. Estos cambios desequilibrarían la competencia y la transparencia electoral. Otra jugada del Gobierno Duque.
Los partidos de gobierno y el Ejecutivo pretenden desmantelar parcialmente la Ley 996 de 2005, más conocida como la Ley de Garantías: una ley estatutaria que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas. En pocas palabras, la Ley de Garantías está hecha para que los mandatarios en ejercicio no apoyen, por medio de contratación pública, a las campañas políticas. Esto debido a que les prohíbe adelantar procesos de contratación cuatro meses antes de las elecciones.
Sin embargo, según el nuevo presupuesto, para los próximos comicios se suspende el artículo 38 de la ley, el cual prohíbe a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los 4 meses previos a las jornadas electorales.
Esta modificación la justifican porque, dada la anormalidad que causó la pandemia, los mandatarios y funcionarios públicos no pudieron prever, programar y destinar los recursos asignados dentro del calendario electoral estipulado. Bastante incompetencia, podría decirse, porque aún con crisis sanitaria y económica se debe procurar el ejercicio transparente de los recursos públicos, y suspender las garantías electorales abre la puerta para que los intereses de quienes ya deciden hacia dónde va el erario coaccionen e incidan en campañas específicas de sus aliados y/o clanes políticos.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha defendido la modificación afirmando que es necesaria para impulsar la reactivación económica, pero parece que no se ha dado por enterado de los recientes escándalos de corrupción que involucran a sus compañeros de gabinete y de que hoy son pocos los sectores que confían en este Gobierno.
Ahora bien, es anticonstitucional modificar una ley estatutaria a través de una ley ordinaria, como es la del presupuesto general. La transformación o eliminación de una ley estatutaria implica un debate transparente y prudente, puesto que es una norma de orden constitucional. La jugada de estos partidos y del Ejecutivo, al modificar la Ley de Garantías a través de una ley ordinaria, consistiría evitar la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional correspondiente a la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias.
Este nuevo mico de los partidos de Gobierno y del presidente Iván Duque aumenta los riesgos de cooptación ya señalados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en las Circunscripciones Territoriales Especiales para la Paz, y se suma al Caballo de Troya de la Registraduría: el nuevo código electoral. Están raspando la olla de los recursos públicos.