Por: Katerin Erazo, periodista
El pasado 30 de agosto fue radicado el proyecto de ley para la “Paz Total” en la Cámara de Representantes, el cual busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de Paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia.
Este proyecto adiciona, modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, la cual dicta disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca un carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.
Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este proyecto de ley se trata de un diseño que recoge todo lo bueno de la Ley 418 y la experiencia de diálogos y negociaciones de los últimos veintidós años, creando todo un diseño para hacer viable la política de “Paz Total” que lidera este gobierno.
El nuevo proyecto de ley propone crear nueve comisionados de paz territoriales ubicados en las zonas donde la situación es más compleja. Asimismo plantea el servicio social para la paz, el cual eliminaría gradualmente el servicio militar obligatorio, dejando como alternativa el servicio social en las zonas de conflicto.
"Lo que básicamente hace el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso significa que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación", señaló el Ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada en medio de una conferencia de prensa.
Alejandro Restrepo, Coordinador de la línea Paz, Posconflicto y Derechos humanos de la Fundación Paz & Reconciliación, explicó que en esta se habla de diálogo y negociación, especialmente con el tema del ELN, aplicando el derecho internacional humanitario y también los principios de las facultades presidenciales que no tienen modificación alguna, mencionó que hay un elemento, el cual es el acogimiento de la justicia que tiene una serie de elementos que van orientados a los principios de oportunidad, siendo un diálogo más de carácter jurídico. El concepto de paz se amplía en función de la realidad del país, ya que no solo se debe entender como la negociación de un grupo armado insurgente, sino que se tiene que entender en un sentido amplio como todos los grupos de crimen organizado o como lo ha denominado el presidente “multicrimen”.
Restrepo, mencionó que se cree que va haber un nivel político de acercamiento con grupos armados organizados, pero realmente el acogimiento a la justicia se dará en términos jurídicos, la Comisión de paz del Senado, ha sido insistente en que va haber negociación y diálogo con el ELN y va a haber acogimiento a la justicia tanto con el Clan del Golfo como las disidencias de las FARC y otras expresiones de grupos armados organizados, entendidas sobre la base de la definición del derecho Internacional Humanitario que no necesariamente clasifica políticamente los grupos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) criticó algunos puntos del proyecto de ley, debido a que no comparten la posibilidad de que otros grupos al margen de la ley que tienen presencia en el país también sean tenidos en cuenta e Incluso manifestaron que a ellos no se les puede relacionar con grupos delictivos, ya que no están en las mismas condiciones, ni fueron creados bajo las mismas ideologías.
Para dar soporte a la política de paz total por medio de este proyecto de ley, este fue trabajado en buena medida por el senador Iván Cepeda y su equipo de trabajo, con docenas de personas con amplia experiencia en la construcción de paz.
El ministro de Interior, Alfonso Prada Gil, mencionó en una rueda de prensa el 30 de agosto que este proyecto de ley aspira a que la búsqueda de la paz no sea exclusivamente de un gobierno de turno, sino un mandato constitucional.
El senador Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Senado, por medio de su cuenta de Twitter enumeró una serie de puntos clave en los que explicó cómo se desarrollaría el proceso de paz en el país, a partir de esta ley.
En primer lugar aseguró que la política de paz es prioritaria en los asuntos del Estado, como el desarrollo de los procesos de negociación y los diálogos; en segundo lugar, dijo que se deben promover respuestas centradas en las personas y las comunidades como sinónimo de seguridad, haciendo que el Estado desarrolle una política de seguridad humana orientada a la prevención; como tercer punto, habló de crear un gabinete de paz, en el que cada ministerio definiría los componentes de la política pública de paz; en un cuarto punto, dijo que se busca que las autoridades locales puedan adelantar diálogos y gestiones humanitarias para limitar el impacto de los conflictos armados sobre la población, esto con autorización presidencial.
La principal aspiración de este proyecto de ley es disminuir los conflictos internos en el país y de esta manera alcanzar una paz duradera. Uno de los primeros pasos para poder lograr esto por parte del nuevo gobierno fue el viaje realizado por el alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, y el canciller Álvaro Leyva. a Cuba el pasado 11 de agosto, con el fin de reunirse con los delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual ha venido mostrando hasta hoy una postura de optimismo para los diálogos.
A pesar de la buena voluntad del gobierno, la “Paz Total” ha dejado varias opiniones con diferentes posturas. El 11 de septiembre, el senador Iván Cepeda, quien ha acompañado de cerca las negociaciones de paz impulsadas por el presidente Petro, y Sergio Jaramillo, excomisionado de paz en la administración de Juan Manuel Santos y miembro de la mesa de negociación con las extintas FARC, se vieron envueltos en una discusión que comenzó a causa de los cuestionamientos de Jaramillo hacia la “Paz Total”. Según él, no se le puede dar un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal, además, el excomisionado también criticó que el Gobierno no haya nombrado a funcionarios clave en la implementación del acuerdo de 2016 y que, a su juicio, la entrada del nuevo jefe de Estado implicó un debilitamiento de la estructura de las Fuerzas Armadas al sacar a más de 50 generales para conformar su cúpula militar.
Cepeda, por su parte, se pronunció ante dichas críticas, defendiendo la política de la “Paz Total” y calificó de falaz la afirmación que hizo Jaramillo, asegurando que el mandatario sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico y su tratamiento en la construcción de la paz territorial, la cual se aplicará bajo la figura del acogimiento a la justicia, y no de negociaciones.
Hilo de las respuestas por parte de Iván Cepeda al excomisionado de paz, Sergio Jaramillo: