Por: Laura Cano Periodista – Pares
Luego del indeciso futuro que parecía tener la posibilidad de que Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y principal testigo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el ‘cartel de la toga’ (el escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial), pudiera seguir colaborando con la justicia, finalmente el Juzgado 64 de Control de Garantías de Bogotá, en una audiencia decisiva, prorrogó por un año más el principio de oportunidad que, en 2018, le fue avalado a Moreno por el Juzgado 17 de Control de Garantías.
Este proceso estaba en veremos debido a que desde la Fiscalía se propuso hacer un cambio sustancial en la prórroga del principio de oportunidad del testigo: se le había añadido un nuevo elemento en el que se establecía que, además de su obligación de comparecer a todos los juicios y declarar todo lo que sabe sobre ese entramado de corrupción, ahora las confesiones de Moreno serían valoradas para determinar si resultaban determinantes para impartir condenas.
“La Fiscalía le está añadiendo cosas a la prórroga del principio de oportunidad como si fuera un carrito de mercado al que se le puedan ir añadiendo cosas cuando uno va de compras. Y estas nuevas exigencias afectan esa negociación porque, además, escapan a la órbita del cumplimiento del testigo, en este caso yo. Se está pidiendo que los juicios todos lleguen hasta su culminación y eso no depende de mí. Hay procesos que no se han movido y eso no depende de Gustavo Moreno. Otra exigencia que han agregado es que las sentencias sean condenatorias. A este paso seguramente muchas van a prescribir por el paso del tiempo y eso no me lo pueden adjudicar a mí”, dijo Luis Gustavo Moreno al diario El Espectador.
Esto también había llevado a la defensa del testigo Pedro Aguilar a pronunciarse, pues, como se informó en el mismo medio, el abogado habría enviado una carta al fiscal Francisco Barbosa, el pasado 1 de septiembre, en la que se afirmaba que “Determinar la eficacia de la colaboración del aspirante «en la valoración de las sentencias condenatorias proferidas contra las personas frente a quienes testificará», rompe con lo trazado cuando se aprobó el principio de oportunidad y le traslada a mi representado atribuciones que solo le corresponden a la Fiscalía General de la Nación. A esta institución, para el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, le corresponde «investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito». Y llevar al acusado hasta sentencia condenatoria es una carga procesal que realiza ante los jueces y tribunales”.
Siendo así, el 7 de septiembre, durante la audiencia en la que se definía si se aceptaban las modificaciones del principio de oportunidad y su prórroga, la jueza 64 de garantías, Ángela Granados, decidió no darle luz verde a la Fiscalía, señalando que el principio de oportunidad tiene por propósito, única y exclusivamente, el aporte de información y no que se esperen los resultados que esta haya generado. Además, la funcionaria resaltó la importancia que han tenido los aportes de Moreno en avances que se han dado en los estrados dentro del proceso del llamado ‘cartel de la toga’. Sumado a esto, la jueza fue enfática en solicitarle a la Fiscalía que sea más clara en sus peticiones «para garantizar el acceso a los principios que rigen el procedimiento penal».
Hay que recordar que Moreno se comprometió a declarar contra los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Gallardo Archbold y Martín Emilio Morales; los exgobernadores Alejandro Lyons, Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco Cerchar; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín Sierra, el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz (quien ya está condenado), los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, Camilo Tarquino, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, y los abogados Luis Ignacio Lyons España, Leonardo Luis Pinilla y Gerardo Torres Roldán.
Gustavo Moreno, de culpable a pieza clave para la justicia
El 17 de mayo llegó la noticia del aval que había dado el Juzgado 17 de Control de Garantías al principio de oportunidad que se le había otorgado a Gustavo Moreno. Hay que recordar que el exfiscal anticorrupción fue capturado el 27 de junio de 2017 por el delito de conspiración para lavar activos con el propósito de promover el soborno y actos de corrupción. Esto con el fin de frenar investigaciones de su unidad. A Moreno se le acusaba de exigir el pago de coimas para favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, enredado en varias investigaciones por irregularidades en millonarios contratos.
Esta situación llegó hasta la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, lo que llevó a que Moreno fuera extraditado a Estados Unidos el 17 de mayo de 2018. Allí cumplió una pena de 48 meses por los delitos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
En junio de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de cuatro años y diez meses por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada. Ese mismo año, en diciembre, Moreno regresó al país, en donde de nuevo fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía General.
Hay que señalar que, para ese momento, Moreno ya había firmado el preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometía a contar lo que sabía y a colaborar con la justicia. Dicho acuerdo había sido logrado luego de cuatro intentos, por parte de Moreno, en los que el principio de oportunidad había sido negado, pues los jueces habían alegado la falta de representación de la víctima. Este mecanismo del principio de oportunidad da facultades para que la Fiscalía pueda renunciar, suspender o interrumpir una acción penal con el fin de lograr la colaboración de implicados en actos condenables.
El preacuerdo de la Fiscalía con Moreno ha permitido dar varios pasos en este proceso, y hoy sigue siendo clave para continuar esclareciendo que pasó en la Corte Suprema con varias de sus cabezas y magistrados. Ya veremos qué más se resuelve durante este próximo año en el que el principio de oportunidad seguirá vigente.