Por: Redacción Pares
Según denuncia realizada por el portal de investigación periodística La Liga Contra el Silencio, el representante a la Cámara Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, se apropió de siete mil hectáreas de baldíos a través de un fallo judicial.
Un fallo judicial viciado
Señala la investigación periodística, para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural.
El 30 de agosto de 2017, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García.
En dicho fallo, se desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.
Un caso de despojo de tierras
Ariel Ávila, subdirector del Fundación Paz y reconciliación Pares, ha analizado este fenómeno. Según Ávila existen al menos dos grandes debates sobre este asunto: el primero tiene que ver sobre si el despojo de más de 5 millones de hectáreas a campesinos fue algo planeado, es decir, se hizo de forma sistemática con el fin de apoderarse de la tierra o si por el contrario, como opinan algunos académicos, fue una consecuencia no esperada del conflicto.
El segundo debate, es responder la pregunta quien despojó y quien se quedó con la tierra de los campesinos. Sobre este segundo tema los datos son bastante reveladores. Al hablar de hectáreas perdidas por los campesinos se puede hacer dos clasificaciones.
Por un lado, el abandono de la tierra y por otro, el despojo. El primero, es aquella situación en la que una familia o propietario se vio obligado a abandonar su tierra debido a situación de riesgo extremo producto del conflicto armado, como por ejemplo fincas enteras minadas, o bombardeos cerca a la casa o combates fuertes.
El despojo por el contrario, hace referencia a una situación más o menos planeada de quitar una tierra a una familia o propietario, es decir, hubo una intencionalidad clara para, por medio de trampas y trucos, quedarse con la proiedad de la tierra.
¿Quiénes se quedaron con la tierra?
La Liga contra el Silencio en su investigación periodística contactó al representante Gustavo Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, les dijo el político uribista.
En ese sentido, la Fundación Forjando Futuros publicó recientemente un informe bastante revelador con el nombre ¿QUIÉNES SE QUEDARON CON LA TIERRA? Este informe contiene las 25 empresas que han sido condenadas a devolver la tierra o a suspender títulos de explotación o exploración minera, en 3.500 sentencias proferidas por los Magistrados de restitución de tierras entre el año 2012 y marzo de 2018.
Además, el estudio revela el nombre de las personas que deben ser investigadas por la Fiscalía según sentencias de Restitución de Tierras. En 135 sentencias los Jueces y Magistrados ordenaron a la Fiscalía se investigue a las siguientes personas por hechos relacionados con el despojo de tierras.
La verdad es su enemiga
Los dueños de estas tierras, señala Ariel Ávila, en su mayoría no son guerrilleros, o paramilitares, por el contrario son personas del mundo político, empresarios rurales y hasta multinacionales.
“Muchas de estas personalidades se oponen al proceso de paz, pues saben que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz deberán decir la verdad y devolver lo que se robaron.”