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En contexto: artefacto explosivo en Caloto, Cauca

Por: Diana Benavides, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto

El jueves 1 de noviembre, en la vereda Las Juntas del municipio de Caloto en Cauca, se presentó un ataque a la infraestructura de la Compañía Energética de Occidente – CEO. El hecho sucedió a las 8:45 p.m. y ocasionó fallas e interrupciones en el servicio de energía, dejando al municipio sin el mismo y causando afectaciones en veredas aledañas a la zona alta de las vecinas poblaciones de Corinto, Caloto y Jambaló.


En esta región se expresan diversos conflictos entre la fuerza pública, la comunidad y la empresa Energética de Occidente. Recientemente, la CEO expresó que su infraestructura ha sido atacada en diversas ocasiones y, además, que la comunidad hurtó un reconectador indispensable para la prestación del servicio, produciendo daños y fallas en el fluido eléctrico.


La región del Norte del Cauca es un territorio estratégico para el desarrollo de economías ilegales, por lo cual sirve a intereses de distintos actores armados que operan en la región. Después del repliegue de las FARC hacia las ZVTN, múltiples grupos armados ilegales se disputan los réditos del narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Al respecto, la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado la presencia de grupos armados postFARC provenientes de los extintos Frentes 3, 6 y 30, también del Ejército de Liberación Nacional -ELN, Ejército Popular de Liberación -EPL y del Clan del Golfo. Además, fuentes locales denuncian la presencia del cartel de Sinaloa en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Balboa y Argelia.


Las comunidades y organizaciones sociales de esta región, tan duramente asediada por la violencia, expresan tanto la necesidad de cumplir con la implementación de los Acuerdos como la presencia integral del Estado en el territorio.


La empresa


La Empresa Energética de Occidente (CEO) se dedica, principalmente, a la distribución y comercialización de energía en 38 de los 42 municipios del Cauca. Se creó el año 2010 con el fin de realizar todas las labores administrativas, operativas, técnicas y comerciales para la prestación del servicio de energía a los hogares de la región. En 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que la CEO registró el menor índice de interrupción del servicio. En un contexto de conflicto armado, ilegalidad y ruralidad dispersa, la operación de la empresa debe garantizar que los ciudadanos cuenten con un servicio de energía de gran calidad, confiable y eficiente.


Hace apenas un mes, uno de sus operarios fue asesinado en la vereda Jagual del municipio de Corinto. También han recibido amenazas. Además, hace un año hubo un atentado a su infraestructura que afectó a 6.700 usuarios de Toribío, Corinto y Caloto. En julio de este año, la empresa denunció que el ‘vandalismo’ ocasionó que 1.600 personas que viven en la zona rural de Corinto sufrieran fallas en el servicio. En distintas ocasiones, comunidades de estos municipios han tenido encuentros y protestas contra la empresa.


Uno de los principales temas de disputa tiene que ver con las conexiones ilegales y el consumo de energía de los cultivos de marihuana, en particular en los invernaderos y secaderos. Para evitar estos consumos irregulares, la empresa instala equipos de protección que traen consigo la interrupción del servicio. En Argelia, por estos motivos, en noviembre de 2017 algunas comunidades retuvieron por 12 horas a personal de la empresa.


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