Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Así lo dió a conocer el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/PPP este jueves en su informe anual de derechos humanos en Colombia 2018, en el cual alertó sobre el incremento de los casos de violencia política y social.
“Esperamos que este informe mueva al gobierno actual a que tenga un ejercicio más allá de la escucha. Pero uno lo que ve es una falta de estrategia para tratar el tema de manera más contundente entonces que se pase de la escucha a la acción”, explicó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP.
“La violencia política va en ascenso, y eso es lo preocupante. Van en aumento y no se da solución”, apuntó.
Violaciones al derecho a la vida
El CINEP define a la Violencia Política y Social como aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados.
De acuerdo con la organización, esa categoría de violencia también se caracteriza por la dificultad de establecer el presunto responsable de los hechos y, por lo tanto, las víctimas y los patrones de violencia cometidos permiten deducir si se trató o no de un caso con motivaciones políticas.
En ese sentido, también se añadieron a este grupo las “violaciones al derecho a la vida” en el marco de la violencia político-social. Por consiguiente, el CINEP estableció ocho tipos violencia contra las víctimas, con sus respectivas cifras, de la siguiente manera:
1. (648) ejecuciones extrajudiciales, homicidios y asesinatos
2. (48) Atentados
3. (1151) Amenazas
4. (304) Lesiones físicas
5. (0) tortura
6. (3) violencia sexual
7. (22) Desaparición forzada
8. (243) Otras violaciones al derecho a la libertad
La investigación se realizó por medio del Banco de Datos adscrito a la organización, y el cual documentó 1.418 casos y 2.252 víctimas individuales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
El asesinato a líderes sociales también hace parte de la categoría expuesta, y que según Pares también va en aumento. Según la Fundación Paz y Reconciliación, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con la exguerrilla Farc hasta la fecha, se han presentado 262 homicidios contra los defensores de derechos humanos.
La base social victimizada
Guillermo Cardona, Cofundador de la Federación Comunal de Bogotá y de la Confederación Comunal Nacional, expresó su preocupación frente a los hechos de violencia, que según expresó, han aumentado hacia los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal.
De acuerdo con el informe, la tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social.
“Las principales víctimas de los movimientos de base siguen siendo los dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Son ellos quienes por ejercer sus derechos se han convertido en el blanco de los victimarios.»
«Los líderes comunales y cívicos ejercen exigibilidad de derechos en temas relativos a veedurías ciudadanas, restitución de tierras, defensa del agua y el medio ambiente, minería y megaproyectos extractivistas”, reza el informe.
Violencia contra líderes cívicos y comunales
Según datos del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep 98 líderes sociales fueron victimizados, en su mayoría líderes cívicos y comunales durante el 2018.
Uno de los casos ocurrió el 3 de julio de 2018, en Palmar de Varela, Atlántico.
Según el texto, desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron a Luis Barrios. Él era el presidente de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela y Presidente de Asocomunal y fue dos veces aspirante al Concejo de Palmar de Varela.
Así las cosas, las violaciones a los derechos humanos van en aumento, y la política de defensa y seguridad propuesta por el presidente Iván Duque no ha disminuido los hechos victimizantes.
La mayoría de las organizaciones sociales y civiles apuntan a un panorama cada vez más incierto para los líderes y lideresas sociales en materia de seguridad.