Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la Sala Especializada en Restitución de Tierras— le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a BANACOL, Bananeras de Urabá S.A y UNIBAN por, presuntamente, concierto para delinquir y financiación voluntaria de grupos paramilitares, delito que es considerado por la Fiscalía como de Lesa Humanidad, tal como señala el fallo.
Este fallo resuelve declarar imprósperas las oposiciones planteadas por Bananeras de Urabá S.A., Aristóbulo Vinicio Cabrales Barrera y Agricola Sara Palma S.A. y, en consecuencia, no reconocer compensación por no acreditarse el obrar de buena fe exenta de culpa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; ni tampoco se otorgará ninguna medida adicional a su favor al no reunir las condiciones descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 del 23 de junio de 2016 para ser considerados segundos ocupantes, según lo motivado en esta providencia. (Descargue aquí la sentencia)
Vale la pena recordar que, según un análisis hecho por la Fundación Forjando Futuros a 3.761 sentencias, arrojó que el paramilitarismo es responsable del 55% del despojo y abandono de tierra, por enfrentamientos el 22%, guerrilla el 16%, no definido el 6% y el Estado 1%.
En el caso del municipio de Turbo, el despojo de tierra ha sido, en el mayor de los casos, responsabilidad de los grupos paramilitares en un 87%. Durante el proceso paramilitar, testaferros vendieron o cedieron a políticos y empresarios tierra despojada. Muchos de ellos se hicieron pasar como Terceros de Buena Fe que adquirieron la tierra pero que, alegan, no sabían que era producto de desplazamiento.
Una historia de despojos
Históricamente las comunidades de la región del Urabá Antioqueño —ubicada entre los departamentos de Antioquia, Chocó, y Córdoba, en la zona conocida como Tapón del Darién en zona fronteriza con Panamá— han adelantado una lucha en busca de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Precisamente, una de sus luchas tiene que ver con la restitución de tierras en una zona bananera, con alta presencia y victimización paramilitar.
Tras estos años de lucha en la región, campesinos de la vereda conocida como California, ubicada en el Corregimiento de Nueva Colonia, en zona rural del municipio de Turbo (Antioquia); lograron un fallo para la restitución de unas tierras. Esto por cuenta de la decisión emitida por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en el que se ordena la restitución de 14 predios.
De acuerdo con el fallo en el antecedente No 4.3 el Corregimiento de Nueva Colonia fue dominado territorialmente por los paramilitares entre 1995 y 2004; el frente «A/ex Hurtado» del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue el encargado de desarrollar allí el proyecto criminal, grupo comandado por Raúl Emilio Hasbún, quien comandó con los alias de «Pedro Ponte» o «Pedro Bonito».
Asimismo, señala que en el corregimiento Nueva Colonia conjuntamente con las AUC, operó la CONVIVIR Papagayo, en la que fungía como director logístico y de inteligencia Antonio Arboleda, quien colaboró activamente con las AUC para lograr el control de la zona desde lo militar y facilitar el despojo de tierras a campesinos que explotaban predios en esta región; este grupo armado ilegal logró consolidarse en la región del Urabá, perpetrando extorsiones, homicidios, masacres, desplazamientos forzados y todo tipo de vejámenes contra la población civil.
Urabá S.A.
Adicionalmente, según el documento, la “Agencia Nacional de Tierras, se pronunció indicando que por parte del INCODER se inició el proceso de recuperación del predio baldío reservado de la Nación que se conoce como «La Niña», indebidamente ocupado por la empresa Bananeras de Urabá S. A.”.
El documento señala explícitamente que quien se benefició y lucró del despojo fue Bananeras de Urabá S.A. representada legalmente por Rosalba Zapata Echeverri, madre de Felipe Echeverri Zapata; empresa que ocupó de manera indebida y explotó las tierras a través del cultivo de banano para exportación, desde el momento que se da el hecho victimizante.
Por otra parte, la decisión indica que esta fue una práctica sistemática por parte de Bananeras de Urabá S.A. “Está demostrado que compró mejoras en varios predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado en sentido amplio, motivo por el cual demuestra actividades o comportamientos repetidos a pesar del escenario vivido, de lo cual puede deducirse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia; el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad.”
Retorno de las víctimas
Con relación al retorno de solicitantes el fallo ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta coordine y articule el diseño de acciones en conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las víctimas. Para ello se tendrán en cuenta aspectos en (i) materia de seguridad, (ii) educación y capacitación (iii) Seguridad en la Restitución (iv) Materia de vivienda y proyectos productivos.
De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros— que es apoderada de nueve (9) solicitantes en el fallo, es importante señalar que el lugar en dónde se hace la restitución es una zona de influencia de la construcción del puerto en Turbo. Le restituyen a 14 familias que fueron despojadas de sus tierras por grupos paramilitares en el año 2000.
Asimismo, señaló que se ordena investigación a los dueños de bananeras Rosalba Zapata y Felipe Echeverry Zapata por el presunto delito de concierto para delinquir en la financiación de grupos paramilitares. Estos procesos —que fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación— deben estar en manos de la Corte Penal Internacional. Debido a que estos procesos llevan más de 15 o 20 años sin que haya justicia, de mano en mano en la Fiscalía.
Vega también se refirió a que el Juzgado Primero Civil ordenó, por una parte, la restitución de un predio y, por la otra, que el Ejército Nacional pida perdón a las víctimas de la masacre de La Galleta en el municipio de Montebello, Antioquia. Esta masacre fue perpetrada conjuntamente por uniformados del Ejército y por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La masacre, ocurrida en la tarde del 23 de enero del 2000 acabó con la vida del líder y profesor Guillermo Adolfo Parra, del hijo del presidente de la JAC Wilfredo Cañaveral. Asimismo, fueron asesinados los militantes de la Corriente Revolucionaria Socialista (CRS); José Evelio Gallo y Uberney Giraldo; quienes fueron víctimas de desaparición forzada pues sus cuerpos fueron sacados de la morgue. Además de los cuatro asesinatos los habitantes del corregimiento fueron víctimas de desplazamiento forzado.
De acuerdo con la fundación Forjando Futuros, Antioquia es el departamento más afectado por el despojo de tierras y, asimismo, en ese territorio están 66 de los 143 municipios que priorizó la Unidad de Restitución, la Fuerza Pública y las alcaldías para resolver la problemática. Todo este proceso de reparación a las víctimas está enmarcado en Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
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