Empresarios, conflicto armado y verdad

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Desde hace 250 años, a los empresarios se les ha colocado en el pódium del capitalismo. Los economistas políticos clásicos fueron los encargados de realizar esta apología. Sus discursos teóricos se encargaron de exaltar a los inversionistas: sin su arrojo, nos dicen, el sistema de mercado no triunfaría. Estos seres especiales son capaces de tomar sus ahorros e invertirlos en negocios arriesgados, logrando poner en funcionamiento la maquinaria de la riqueza.

Con el pasar del tiempo, esta apología –realizada desde el inicio del capitalismo– se convirtió en la ideología que inspira al actuar ético del Estado. En el mundo real se observa cómo los gobiernos, en la mayoría de las situaciones, protegen y cuidan a los sectores empresarios de manera especial. Los Estados buscan atraer a inversionistas, quieren que estas personas se fijen en sus economías domésticas, que traigan sus capitales y que generen desarrollo en los territorios.

De allí que cuando a sectores empresarios se les involucra en asuntos judiciales, políticos o económicos de dudosa reputación, de inmediato los administradores públicos salen a protegerlos y excluirlos de cualquier responsabilidad. Esta situación fue evidente en el caso de la empresa multinacional bananera Chiquita Brands, que, desde que regresó a Colombia y, especialmente, a la región del Urabá –en la mitad de la década de 1980–, fue exaltada por el Gobierno nacional y protegida debido a las inversiones que realizaba en el país.

El Gobierno observó a Chiquita Brands con los lentes que construyeron los economistas para admirar al sector empresarial. Les dijo que sí traían sus dólares y los invertían en Colombia, a cambio serían protegidos y cuidados de forma especial. Y así fue. Durante las tres décadas que estuvo la multinacional en el país, a pesar de los señalamientos que permanentemente se le hicieron en materia de apoyo a grupos armados ilegales y de graves violaciones de derechos humanos, a esta empresa se le protegió y nunca se le condenó.

Desde su regreso al país, Chiquita Brands comenzó a apoyar a grupos subversivos y paramilitares que hacían presencia en el Urabá. Primero, bajo el formato de extorsiones a la guerrilla; y luego, con pagos de seguridad privada a empresas fachada de los paras. Así, esta multinacional logró construir e implementar un modelo económico de enclave, caracterizado por el control monopólico de producción, comercialización y transporte del banano, en el cual usaban la violencia armada para conseguir un doble fin: ampliar la posesión de tierras productivas y callar a grupos sindicalistas y trabajadores.</