Por: Esteban Salazar, investigador Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares
Apenas siete días luego de haberse instalado el nuevo Congreso, el 27 de julio de 2018, el senador del partido Conservador, Juan Samy Merheg, radicó el proyecto de ley 058-18, por medio del cual “se prohíbe en Colombia la utilización del fracturamiento hidráulico -fracking- para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.
Según el objeto de dicho proyecto, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se abstendrán de suscribir contratos, expedir títulos mineros y permisos o licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales cuya extracción implique la utilización del fracking.
Una de las motivaciones para proponer este proyecto de ley está sustentada en que a la fecha no existen documentos científicos que puedan controvertir el hecho de que países como Francia, Escocia, Bulgaria, Alemania, República Sudafricana, Republica Checa, Irlanda del Norte, entre otros, se hayan inclinado por prohibir o suspender actividades relacionadas con el fracking.
Un mes después de la radicación de la propuesta del senador Merheg, la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, presentó otro proyecto de ley (115-18) en el que “se declara una moratoria al desarrollo de la actividad del fracturamiento hidráulico para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales y se dictan otras disposiciones”. Lo que busca este proyecto no es prohibir el fracking, sino limitarlo para que el Gobierno y las entidades encargadas se abstengan de dar vía libre a proyectos de exploración y explotación hasta que no se levante dicha moratoria.
Para efectos de levantar las moratorias, se deberán hacer estudios técnicos que demuestren que no va a haber un impacto nocivo para el medio ambiente, reza el proyecto. Una vez cumplido ese requisito, el Gobierno solicitará al Congreso el levantamiento de la moratoria, para lo cual se requerirá la aprobación de ambas Cámaras. El mayor riesgo de la propuesta está en que el levantamiento de la moratoria no exige un tiempo sino unos requisitos técnicos, los cuales pueden estar viciados en los estudios previos y, al final, no necesariamente representan una reducción del impacto del fracking.
Un tercer proyecto de ley (071-18), impulsado por la Alianza Colombia Libre de Fracking y apoyado por 30 congresistas de la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Polo Democrático el Partido de la U, la Lista de los Decentes, Cambio Radical, la FARC, el Partido Conservador y el MAIS, no solo busca la prohibición del fracking o exploración y explotación en Yacimientos No Convencionales (YNC), sino que también el país inicie una transición para que no se usen combustibles fósiles en un plazo de 15 años.
Estos tres proyectos llegaron a la Comisión Quinta Constitucional del Senado, encargada de régimen agropecuario, medio ambiente y tierras, entre otros. Las propuestas (dos provenientes de miembros de la Coalición de Gobierno) estarán en debates en la Comisión y, de ser aprobados, en plenarias de Senado.
La Comisión Quinta está compuesta por 14 senadores:
Los ponentes del acumulado de proyectos son: Nora García, coordinadora de los ponentes (Didier Lobo, Alejandro Corrales, Sandra Ortíz, Jorge Robledo, Eduardo Pacheco y Pablo Catatumbo); Guillermo García Realpe, quien apoya la prohibición del fracking; y José David Name, presidente de la Comisión. Todos de diferentes partidos y coaliciones, con lo cual el proyecto no depende de un apoyo de una coalición en específico.
Sin embargo, los apoyos al acumulado del proyecto estarían divididos en si se debe prohibir el fracking o se debe aplicar la moratoria, como lo propone la senadora Martínez en su proyecto de ley. Sobre este último tema, el día de hoy la Comisión Quinta discutirá el acumulado de los 3 proyectos, con dos factores adicionales. El primero, es que se radicarán 100 mil firmas que respaldan la petición de prohibir el fracking como acto simbólico de los integrantes de la Alianza Libre de Fracking. Y, el segundo, es que el Gobierno acudirá a explicar cómo está evaluando económica y medioambientalmente esta posibilidad de exploración.
Así las cosas, la coalición de gobierno busca apoyar la moratoria, mientras que los independientes y la oposición apoyarían la prohibición total. En términos de votación, la Comisión quedaría dividida en partes iguales: 7 a favor de la moratoria (Gobierno) y 7 por la prohibición (independientes y oposición).
Depende de un solo voto para que se incline la balanza y, al parecer, el cálculo político que se hace es el costo que tendría ante la opinión pública que alguno de los independientes apoye moratoria. No obstante, dentro de las movidas del Congreso, la senadora Martínez estaría buscando hacer cambiar de opinión a Merheg para que se incline por la moratoria, así como a alguno de los independientes.
De este último grupo, el liberal García Realpe ha manifestado que apoya la prohibición; de Cambio Radical, Daira Galvis no se ha pronunciado; mientras que Didier Lobo, exalcalde de la Jagua de Ibirico, Cesar, aseguró en su campaña al Senado que la fortaleza del departamento está en el eje minero. En alguno de estos dos últimos estaría la última palabra.