Emergencia en Córdoba por corrupción en contratos públicos

Por: Línea Democracia y gobernabilidad

La Fundación Paz y Reconciliación en su informe “El cuestionado manejo de los recursos públicos en medio de la pandemia” denunció anomalías en la contratación del departamento de Córdoba, donde encontró 25 contratos cuestionados; entre los cuales se destacan las irregularidades en la contratación de la alcaldía de Puerto Escondido y la investigación sobre un convenio interadministrativo que firmó la gobernación de Córdoba con la alcaldía de Sahagún; en donde no sólo se denunciaron posibles sobrecostos e incrementos en el valor de los mercados, también contratistas que no se encuentran habilitados para cumplir con el objeto del contrato.

Mientras que unos chats de WhatsApp publicados por Mauricio Castilla señalarían que los concejales Santiago Miguel Pérez Posada y Andrés Felipe Negrete Bonilla, del Centro Democrático, y Luis Carlos López, del movimiento indígena AICO de Córdoba, habrían declarado que no existía remordimiento ante el robo de recursos de un contrato para la entrega de mercados ya que “… el pobre está acostumbrado a aguantar hambre… Uno tiene que recuperar la inversión de la campaña como sea”.

Revelamos las investigaciones que están realizando los entes de control en el departamento, y nuevos hallazgos de irregularidades de la Fundación Paz y Reconciliación en contratación Covid en los municipios de Montelíbano, San Antero, Buenavista, Chimá, San Andrés Sotavento, Purísima y Sahagún.

Respecto a los entes control la Procuraduría General de la Nación anunció el 17 de junio que adelanta 29 procesos en el departamento de Córdoba; destacando que a inicios del mes de mayo, la Procuraduría abrió investigación y ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados; así como abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio por la emergencia del covid-19 .

Por su parte, la Contraloría de Córdoba también adelanta procesos de seguimiento en 12 alcaldías del departamento en donde se investiga el detrimento patrimonial por más de 1.800 millones de pesos. El contralor de Córdoba indicó que de las anomalías las auditorías detectaron 98 observaciones con incidencias administrativas, 82 de tipo disciplinario, 10 de tipo penal y 10 de tipo fiscal .

Mientras que la Contraloría General de la Nación, ha anunciado investigaciones en Puerto Escondido y Montería, por contratos con presuntos sobrecostos y falta de especificidad en la población objeto del contrato y la existencia de estudios previos.

La investigación a profundidad de siete (7) contratos del departamento con presuntas irregularidades suma un total de $2.323.550.000 pesos. En estos contratos no sólo existen irregularidades como contratistas que registran actividades no relacionadas con el objeto del contrato, sino también la falta de estudios previos, contratos donde no se especifica el objeto del contrato, montos de imprevistos, costos adicionales de administración y contratos donde se desconoce el contenido de 7.000 mercados entregados. A continuación, les presentamos los hallazgos.

Montelíbano

En el municipio de Montelíbano se ejecutó un contrato por $317.500.000 pesos con el objeto de 12.700 paquetes de la canasta familiar, siendo nefasto que el contrato no especifica en ninguna de sus cláusulas los alimentos y cantidades de los paquetes de canasta familiar. Adicionalmente, en el Secop no se encuentra ningún tipo de estudio previo o cotización para el contrato de 317 millones con Alexander de Jesús Pineda Montes.

Buenavista

En el contrato celebrado por $162.000.000 de pesos entre la alcaldía de Buenavista Córdoba y la Fundación Social para el desarrollo cultural, tecnológico y ecológico de Colombia, tiene por objeto “Aunar esfuerzos necesarios para atender la emergencia en relación con el evento Covid-19 en las fases de contingencia y mitigación de la enfermedad en el municipio de Buenavista, Córdoba”.

No obstante, en las obligaciones del contratista no especifica las actividades y el mismo objeto del contrato generando incertidumbre de qué tipo de actividades va a realizar el contratista, desconociendo que tipo de bienes y servicios tiene como obligación el contratista, más allá de los que determine el Municipio de Buenavista. Siendo firmado el contrato el 24 de abril del 2020, sólo hasta el 5 mayo en el documento “Modificatorio N°2 y Adición N°1”, se extiende el objeto del contrato y se describe los elementos de higiene que debe suministrar el contratista; 11 días después de la firma del contrato.